2024-11-12
Nuevo Mundo – 96.1
La exdiputada del Movimiento Semilla, Ligia Hernández, fue liberada este lunes luego de pasar 90 días en prisión preventiva tras aceptar un cargo por financiamiento electoral no registrado, a pesar de que varios sectores, incluyendo Estados Unidos, calificaron su caso como un ejemplo de persecución judicial.Hernández, quien fue legisladora entre 2020 y 2024 y es cercana al presidente Bernardo Arévalo, compartió un comunicado en el que expresó que, aunque continúa afirmando su inocencia, optó por aceptar los cargos debido a la necesidad de proteger su salud y a su familia. «Esperé con entereza que las condiciones políticas fueran distintas, pero nada ha cambiado», señaló la exdiputada.La acusación que enfrenta Hernández no se ha dado a conocer públicamente, pues el caso se mantiene bajo reserva por orden del juez Fredy Orellana, quien enfrenta sanciones de Estados Unidos por señalamientos de corrupción, al igual que otros miembros de la cúpula del Ministerio Público que impulsaron la acusación.A sus 42 años, Hernández continúa en su rol como directora del Instituto de la Víctima, cargo que asumió en febrero por designación del presidente Arévalo y que ha mantenido durante el proceso judicial.
La exdiputada del Movimiento Semilla, Ligia Hernández, fue liberada este lunes luego de pasar 90 días en prisión preventiva tras aceptar un cargo por financiamiento electoral no registrado, a pesar de que varios sectores, incluyendo Estados Unidos, calificaron su caso como un ejemplo de persecución judicial.
Hernández, quien fue legisladora entre 2020 y 2024 y es cercana al presidente Bernardo Arévalo, compartió un comunicado en el que expresó que, aunque continúa afirmando su inocencia, optó por aceptar los cargos debido a la necesidad de proteger su salud y a su familia. «Esperé con entereza que las condiciones políticas fueran distintas, pero nada ha cambiado», señaló la exdiputada.
La acusación que enfrenta Hernández no se ha dado a conocer públicamente, pues el caso se mantiene bajo reserva por orden del juez Fredy Orellana, quien enfrenta sanciones de Estados Unidos por señalamientos de corrupción, al igual que otros miembros de la cúpula del Ministerio Público que impulsaron la acusación.
A sus 42 años, Hernández continúa en su rol como directora del Instituto de la Víctima, cargo que asumió en febrero por designación del presidente Arévalo y que ha mantenido durante el proceso judicial.
