2023-06-06
Nuevo Mundo – 96.1
Nubes oscuras se ciernen sobre Guatemala: el ambiente político, de cara a las elecciones presidenciales del 25 de junio, está enrarecido por la corrupción y la impunidad, y las voces críticas son intimidadas, censuradas y perseguidas.Eso dijeron a DW Marvin Del Cid y Sonny Figueroa, dos periodistas guatemaltecos, fundadores de la plataforma voxpopuliguate.com, que se encuentran de gira en Alemania, Suecia y Holanda presentando sus libros con reportajes de investigación, en los que denuncian la presunta trama de corrupción del Gobierno de Alejandro Giammattei.Falta poco para las elecciones generales, y cerca de 9 millones de guatemaltecos y guatemaltecas están habilitados para votar, pero el Tribunal Supremo Electoral excluyó del proceso electoral a los candidatos Thelma Cabrera, del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Roberto Arzú, de PODEMOS, y Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana. Sin embargo, a Zury Ríos, la hija del exdictador José Efraín Ríos Montt, el tribunal le permite participar, a pesar de que la Constitución lo prohibiría.El panorama de incertidumbre política se agrava. «Hemos llegado a un punto en el que los guatemaltecos y las guatemaltecas ya hablan en las redes sociales, en la calle y en otros espacios, de un fraude electoral, que no necesariamente va a comenzar el 25 de junio, sino que ya empezó a realizarse, a planificarse, desde la convocatoria de elecciones, en enero de este año”, explica Sonny Figueroa.Pero esas decisiones de la Justicia no se dan solo a nivel de candidaturas a presidente, añade, sino también «a la alcaldía de Guatemala, la más importante, y a diputaciones, en donde también los magistrados han dejado fuera a candidatos de la oposición al oficialismo y a los grupos aliados de este», agrega. «El abstencionismo puede ser alto, como producto del desencanto de la población con el desastroso desempeño de los magistrados electorales. Y en lugar de fomentar un proceso transparente, libre de fraudes, hacen todo lo contrario”, alerta.Periodistas críticos, difamados y perseguidosAl presentar en Alemania sus libros, Del Cid y Figueroa subrayan que la situación para los periodistas críticos en Guatemala es «un panorama totalmente oscuro, en el que muchos periodistas están siendo criminalizados por su trabajo». Según explican a DW, ya varios colegas están en el exilio: por caso, Michelle Mendoza y Juan Luis Font, y otros que se han ido del país por razones de seguridad, debido a la persecución por parte de funcionarios públicos.Tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), e incluso Reporteros sin Fronteras, denuncian que, en Guatemala, la prensa que critica al Estado es considerada una amenaza a los grupos estatales y privados que controlan las instituciones, y es silenciada, ya sea que investigue sobre casos de corrupción, violaciones de derechos humanos o acciones ilícitas por parte de empresas. La mordaza puede ser tanto financiera como penal. O de ambos tipos a la vez.El diario elPeriódico, uno de los medios impresos más importantes del país, tuvo que cerrar el 15.05.2023 como consecuencia de la «persecución penal” de su fundador, José Rubén Zamora, y la «presión económica”.Zamora se declaró «preso político”. «El trabajo periodístico en Guatemala es cada vez más difícil, y eso es producto de la criminalización de la tarea periodística que lleva a cabo el presidente Giammattei, junto con la fiscal general Consuelo Porras”, dice Sonny Figueroa.»En las redes sociales se nos difama diciendo que tenemos intereses de izquierda, pero no tenemos intereses ni de izquierda ni de derecha. En Guatemala nunca tuvimos un Gobierno de izquierda. Siempre gobernó la derecha”, sostiene Marvin Del Cid. Sus libros «Yo no quiero ser reconocido como un hijueputa más», título que alude a una frase de Giammattei durante su campaña electoral, y «Así me convertí en un ´hijueputa más´», son investigaciones sobre la «conducta persistente de medrar con los fondos públicos por parte del gobierno del presidente Alejandro Giammattei».De acuerdo con la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), entre 2019 y 2022 se cometieron 350 agresiones contra reporteros en el país centroamericano.La frágil democracia guatemalteca no va a buen puertoLa llegada al país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue una esperanza. Pero, tras su salida, dice Marvin Del Cid, «se inicia una reestructuración de los grupos criminales en Guatemala que históricamente han tenido cooptado el Estado». Allí empieza a acelerarse el retroceso democrático y a escalar el espiral de la impunidad.En vista de la magnitud de la amenaza que eso representa para la libertad de expresión y los fundamentos de la democracia, ¿hay iniciativas, por ejemplo, desde la sociedad civil, para frenar los abusos de poder de las altas esferas políticas y judiciales? «En Guatemala existe una dictadura, pero no está concentrada en una persona, en la figura presidencial, sino en diferentes grupos de poder. Esos grupos de poder tienen cooptado el sistema de Justicia. Por eso, cada vez que surgen iniciativas para revelar y exponer la corrupción, se las amedrenta y se las persigue penalmente», añade Figueroa.A la pregunta de si el resultado de las elecciones del 25 de junio podría ser un respiro en la tormenta, los periodistas no responden con optimismo. «Si el voto de los guatemaltecos no cambia las cosas el 25 de junio, el acaparamiento del poder del sistema judicial va a empeorar, y la situación en general en el país va a empeorar. Ya no solo los líderes sociales, los opositores y los periodistas van a ser perseguidos y penalizados, sino que también la ciudadanía va a ser criminalizada», advierten.
Nubes oscuras se ciernen sobre Guatemala: el ambiente político, de cara a las elecciones presidenciales del 25 de junio, está enrarecido por la corrupción y la impunidad, y las voces críticas son intimidadas, censuradas y perseguidas.
Eso dijeron a DW Marvin Del Cid y Sonny Figueroa, dos periodistas guatemaltecos, fundadores de la plataforma voxpopuliguate.com, que se encuentran de gira en Alemania, Suecia y Holanda presentando sus libros con reportajes de investigación, en los que denuncian la presunta trama de corrupción del Gobierno de Alejandro Giammattei.
Falta poco para las elecciones generales, y cerca de 9 millones de guatemaltecos y guatemaltecas están habilitados para votar, pero el Tribunal Supremo Electoral excluyó del proceso electoral a los candidatos Thelma Cabrera, del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Roberto Arzú, de PODEMOS, y Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana. Sin embargo, a Zury Ríos, la hija del exdictador José Efraín Ríos Montt, el tribunal le permite participar, a pesar de que la Constitución lo prohibiría.
El panorama de incertidumbre política se agrava. «Hemos llegado a un punto en el que los guatemaltecos y las guatemaltecas ya hablan en las redes sociales, en la calle y en otros espacios, de un fraude electoral, que no necesariamente va a comenzar el 25 de junio, sino que ya empezó a realizarse, a planificarse, desde la convocatoria de elecciones, en enero de este año”, explica Sonny Figueroa.
Pero esas decisiones de la Justicia no se dan solo a nivel de candidaturas a presidente, añade, sino también «a la alcaldía de Guatemala, la más importante, y a diputaciones, en donde también los magistrados han dejado fuera a candidatos de la oposición al oficialismo y a los grupos aliados de este», agrega. «El abstencionismo puede ser alto, como producto del desencanto de la población con el desastroso desempeño de los magistrados electorales. Y en lugar de fomentar un proceso transparente, libre de fraudes, hacen todo lo contrario”, alerta.
Al presentar en Alemania sus libros, Del Cid y Figueroa subrayan que la situación para los periodistas críticos en Guatemala es «un panorama totalmente oscuro, en el que muchos periodistas están siendo criminalizados por su trabajo». Según explican a DW, ya varios colegas están en el exilio: por caso, Michelle Mendoza y Juan Luis Font, y otros que se han ido del país por razones de seguridad, debido a la persecución por parte de funcionarios públicos.
Tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), e incluso Reporteros sin Fronteras, denuncian que, en Guatemala, la prensa que critica al Estado es considerada una amenaza a los grupos estatales y privados que controlan las instituciones, y es silenciada, ya sea que investigue sobre casos de corrupción, violaciones de derechos humanos o acciones ilícitas por parte de empresas. La mordaza puede ser tanto financiera como penal. O de ambos tipos a la vez.
El diario elPeriódico, uno de los medios impresos más importantes del país, tuvo que cerrar el 15.05.2023 como consecuencia de la «persecución penal” de su fundador, José Rubén Zamora, y la «presión económica”.
Zamora se declaró «preso político”. «El trabajo periodístico en Guatemala es cada vez más difícil, y eso es producto de la criminalización de la tarea periodística que lleva a cabo el presidente Giammattei, junto con la fiscal general Consuelo Porras”, dice Sonny Figueroa.
«En las redes sociales se nos difama diciendo que tenemos intereses de izquierda, pero no tenemos intereses ni de izquierda ni de derecha. En Guatemala nunca tuvimos un Gobierno de izquierda. Siempre gobernó la derecha”, sostiene Marvin Del Cid. Sus libros «Yo no quiero ser reconocido como un hijueputa más», título que alude a una frase de Giammattei durante su campaña electoral, y «Así me convertí en un ´hijueputa más´», son investigaciones sobre la «conducta persistente de medrar con los fondos públicos por parte del gobierno del presidente Alejandro Giammattei».
De acuerdo con la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), entre 2019 y 2022 se cometieron 350 agresiones contra reporteros en el país centroamericano.
La llegada al país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue una esperanza. Pero, tras su salida, dice Marvin Del Cid, «se inicia una reestructuración de los grupos criminales en Guatemala que históricamente han tenido cooptado el Estado». Allí empieza a acelerarse el retroceso democrático y a escalar el espiral de la impunidad.
En vista de la magnitud de la amenaza que eso representa para la libertad de expresión y los fundamentos de la democracia, ¿hay iniciativas, por ejemplo, desde la sociedad civil, para frenar los abusos de poder de las altas esferas políticas y judiciales? «En Guatemala existe una dictadura, pero no está concentrada en una persona, en la figura presidencial, sino en diferentes grupos de poder. Esos grupos de poder tienen cooptado el sistema de Justicia. Por eso, cada vez que surgen iniciativas para revelar y exponer la corrupción, se las amedrenta y se las persigue penalmente», añade Figueroa.
A la pregunta de si el resultado de las elecciones del 25 de junio podría ser un respiro en la tormenta, los periodistas no responden con optimismo. «Si el voto de los guatemaltecos no cambia las cosas el 25 de junio, el acaparamiento del poder del sistema judicial va a empeorar, y la situación en general en el país va a empeorar. Ya no solo los líderes sociales, los opositores y los periodistas van a ser perseguidos y penalizados, sino que también la ciudadanía va a ser criminalizada», advierten.
