2021-02-15
Nuevo Mundo – 96.1
Importante recordar los acontecimientos que han rodeado la pena de muerte en el país, especialmente desde que la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional y sin vigencia la sanción de pena de muerte por la comisión de los delitos de asesinato, parricidio, magnicidio, secuestro y violación cuando muere la víctima, que eran los delitos sancionados con la pena de muerte.Según expertos lo que procede es que se regule de nuevo el indulto o conmutación de la pena de muerte, conocida comúnmente como recurso de gracia, previsto en el Artículo 4, numeral 6, de la Convención Americana sobre DD. HH., que dispone que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía.Hasta el 2000, la facultad de conceder indulto o de conmutar la pena de muerte correspondía al Presidente, sin embargo, dicho decreto fue derogado por el Decreto 32-2000 del Congreso, luego que el expresidente Alfonso Portillo (2000-4) se negó a asumir la responsabilidad de conceder o no el indulto que solicitaran los condenados a muerte.Mientras al Congreso de la República continúan llegando propuestas de iniciativas y los diputados continúan reuniéndose para dilucidar el tema, existen constitucionalistas que aseguran sobre la necesidad de modificar en primer lugar la carta magna en su artículo 3 donde literalmente dice “El estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona”.
Importante recordar los acontecimientos que han rodeado la pena de muerte en el país, especialmente desde que la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional y sin vigencia la sanción de pena de muerte por la comisión de los delitos de asesinato, parricidio, magnicidio, secuestro y violación cuando muere la víctima, que eran los delitos sancionados con la pena de muerte.
Según expertos lo que procede es que se regule de nuevo el indulto o conmutación de la pena de muerte, conocida comúnmente como recurso de gracia, previsto en el Artículo 4, numeral 6, de la Convención Americana sobre DD. HH., que dispone que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía.
Hasta el 2000, la facultad de conceder indulto o de conmutar la pena de muerte correspondía al Presidente, sin embargo, dicho decreto fue derogado por el Decreto 32-2000 del Congreso, luego que el expresidente Alfonso Portillo (2000-4) se negó a asumir la responsabilidad de conceder o no el indulto que solicitaran los condenados a muerte.
Mientras al Congreso de la República continúan llegando propuestas de iniciativas y los diputados continúan reuniéndose para dilucidar el tema, existen constitucionalistas que aseguran sobre la necesidad de modificar en primer lugar la carta magna en su artículo 3 donde literalmente dice “El estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona”.
