El caso Fredy Orellana Guatemala volvió al centro del debate nacional luego de que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) presentara una denuncia formal ante la Junta de Disciplina Judicial contra el juez de Mayor Riesgo “B”, acusado de presuntas faltas éticas y decisiones que, según el gremio, vulneran la confianza ciudadana en la justicia. El anuncio del CANG generó una fuerte respuesta institucional y abrió un nuevo capítulo en el pulso entre el sistema judicial y los órganos de control profesional.
Según la denuncia, el juez Fredy Orellana habría actuado “con parcialidad y evidente motivación política” en varios procesos de alto impacto. La acción del CANG marca un precedente sin antecedentes recientes y reafirma la exigencia de transparencia dentro del sistema de justicia guatemalteco.
El origen de la denuncia
El Colegio de Abogados de Guatemala argumenta que el comportamiento procesal del juez Fredy Orellana Guatemala ha puesto en entredicho la imparcialidad judicial. En la exposición presentada ante la Junta, se señala que varias resoluciones fueron emitidas sin motivación jurídica suficiente, lo que podría constituir una violación a la Ley de la Carrera Judicial y al Código de Ética.
“El ejercicio judicial debe ser sinónimo de equilibrio, no de arbitrariedad. Por eso solicitamos que se investiguen los actos que podrían configurar faltas graves contra la imagen de la justicia”, declaró el presidente del CANG, Héctor Sagastume. El documento de denuncia fue acompañado por actas notariales y copias certificadas de resoluciones emitidas entre 2022 y 2025.
Fredy Orellana Guatemala y la independencia judicial
El nombre Fredy Orellana Guatemala ha estado vinculado a algunos de los procesos más polémicos de los últimos años. Sus decisiones sobre casos de corrupción, antejuicios y suspensiones administrativas han sido cuestionadas por distintos sectores, incluidos observadores internacionales. La defensa del juez, no obstante, insiste en que sus resoluciones responden a la ley y no a intereses externos.
“He actuado con independencia y conforme al derecho. Rechazo cualquier intento de manipular mi labor jurisdiccional”, expresó Orellana en un comunicado difundido tras conocerse la denuncia. Añadió que no renunciará ni permitirá que “presiones corporativas limiten el ejercicio de la justicia”.
Postura de la Junta de Disciplina Judicial
Fuentes del Organismo Judicial confirmaron que la Junta de Disciplina Judicial recibió la denuncia contra Fredy Orellana Guatemala y que esta será conocida en sesión ordinaria la próxima semana. De encontrarse mérito, se podría abrir un proceso disciplinario que incluso derive en suspensión temporal del juez mientras se realiza la investigación.
La Junta adelantó que garantizará el debido proceso y la transparencia del caso, recalcando que su función no es política sino administrativa. “La ética judicial es la base de la confianza pública. Cualquier señalamiento debe resolverse con apego al derecho y sin interferencias”, sostuvo un portavoz oficial.
Reacciones en el sistema judicial
El caso Fredy Orellana Guatemala dividió opiniones dentro del sistema judicial. Algunos magistrados del Organismo Judicial consideran que la denuncia del CANG es necesaria para “depurar la función jurisdiccional”, mientras que otros temen que abra un precedente de presión institucional. El Ministerio Público y la FECI evitaron pronunciarse directamente, aunque ratificaron su respaldo a la independencia judicial.
En tanto, asociaciones de jueces independientes pidieron que el proceso se desarrolle con imparcialidad. “El control ético no debe convertirse en castigo político. Debe servir para restaurar la confianza”, declaró la magistrada Claudia Escobar.
Apoyo ciudadano y reacciones políticas
En redes sociales, el tema Fredy Orellana Guatemala se volvió tendencia nacional. Abogados jóvenes y activistas compartieron la noticia como “una señal de esperanza en la recuperación institucional”. Otros, sin embargo, alertaron sobre una “politización del gremio” y pidieron prudencia en el manejo del caso.
El presidente del Congreso, Samuel Maldonado, declaró que respeta la autonomía del CANG y de la Junta de Disciplina Judicial, pero instó a que “todas las partes actúen con altura y sentido de país”. Mientras tanto, el Ejecutivo evitó emitir comentarios, aunque fuentes del Ministerio de Gobernación calificaron la medida como “una oportunidad para limpiar el sistema de justicia”.
Organismos internacionales observan el caso
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU anunciaron que seguirán de cerca el desarrollo del proceso. Ambas instancias recordaron que Guatemala atraviesa una etapa de fortalecimiento institucional y que casos como el de Fredy Orellana Guatemala pueden marcar precedentes importantes sobre ética y responsabilidad judicial.
“No se trata de castigar a un individuo, sino de reforzar la confianza en la justicia guatemalteca”, apuntó un comunicado conjunto. La OEA, por su parte, reconoció la valentía del gremio de abogados por utilizar mecanismos institucionales en lugar de recurrir a la confrontación mediática.
Qué podría pasar en las próximas semanas
El procedimiento disciplinario contra Fredy Orellana Guatemala contempla varias etapas: recepción de pruebas, audiencias de descargo, revisión por parte del pleno de la Junta y resolución final. Si se comprueban faltas éticas graves, las sanciones podrían ir desde una amonestación pública hasta la destitución del cargo. Mientras tanto, el juez mantiene su puesto en funciones y continúa conociendo casos de alto impacto.
El Colegio de Abogados de Guatemala indicó que seguirá presentando informes sobre conducta judicial y espera que este proceso impulse reformas para fortalecer la carrera judicial. El caso Fredy Orellana Guatemala se perfila como una de las pruebas más relevantes del sistema disciplinario en los últimos años.
El proceso iniciado por el Colegio de Abogados de Guatemala contra Fredy Orellana Guatemala redefine el papel del gremio profesional en la vigilancia ética de la justicia. La sociedad observa de cerca un caso que, más allá de un nombre, representa la posibilidad de reconstruir la credibilidad de las instituciones.
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