El Congreso de la República dio a conocer oficialmente la solicitud de antejuicio Guatemala presentada por el Ministerio Público (MP) contra el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, bajo los señalamientos de presunta desobediencia y abuso de autoridad. La sesión plenaria se celebró entre tensión política y manifestaciones ciudadanas a favor y en contra de la medida.
La solicitud fue enviada por la Fiscalía de Delitos Administrativos tras una investigación iniciada el mes pasado, que sostiene que ambos funcionarios habrían desobedecido resoluciones judiciales relacionadas con nombramientos en instituciones del Ejecutivo. No obstante, analistas coinciden en que el caso se enmarca en un contexto político polarizado que podría afectar la gobernabilidad nacional.
Un proceso de alto impacto político
El caso de antejuicio Guatemala es uno de los más sensibles de los últimos años, pues involucra directamente a las dos máximas autoridades del país. Según la Ley en Materia de Antejuicio, el Congreso debe designar una comisión pesquisidora encargada de analizar la solicitud del MP y emitir un informe recomendando si procede o no el retiro de inmunidad.
Durante la sesión, el presidente del Legislativo, Samuel Pérez, indicó que el proceso se desarrollará con “transparencia, independencia y estricto apego a la ley”. Sin embargo, diputados de oposición denunciaron que la medida busca desestabilizar al gobierno y revertir los avances institucionales logrados tras la crisis electoral de 2023.
Reacciones políticas y ciudadanas
El anuncio del antejuicio Guatemala generó una ola de reacciones inmediatas. Afuera del Congreso, grupos ciudadanos se concentraron con pancartas exigiendo respeto a la democracia y al voto popular. “No se trata de defender personas, sino de defender el orden constitucional”, expresó María Chinchilla, activista del colectivo Rescate Democrático.
Por otro lado, sectores críticos del gobierno respaldaron la acción del MP. “Nadie está por encima de la ley; si existen indicios, deben investigarse”, afirmó Jorge Lemus, diputado del bloque opositor Valor.
Las manifestaciones se desarrollaron bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó la presencia de más de 300 agentes de la PNC y unidades antimotines.
Postura del Ejecutivo
El presidente Bernardo Arévalo calificó la solicitud de antejuicio como “una maniobra política destinada a frenar las reformas institucionales en marcha”. A través de un mensaje televisado, el mandatario aseguró que seguirá gobernando “con serenidad, pero con firmeza, en defensa de la democracia y la justicia”.
Por su parte, la vicepresidenta Karin Herrera expresó que confía en que el proceso demostrará su inocencia. “Guatemala está cansada de persecuciones políticas. Lo que el país necesita es diálogo, no confrontación”, declaró durante una actividad en el Palacio Nacional.
El papel del Ministerio Público
La fiscal general Consuelo Porras defendió la presentación de la solicitud ante el Congreso, asegurando que el Ministerio Público “actúa conforme a la ley y con base en evidencias documentadas”. Sin embargo, distintas organizaciones sociales cuestionaron la motivación detrás de la medida, señalando que se da en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el sistema de justicia.
“El antejuicio Guatemala no debe convertirse en un instrumento político. El MP tiene la responsabilidad de garantizar que su accionar se base en pruebas y no en intereses partidarios”, expresó el abogado constitucionalista David Gaitán.
Comisión pesquisidora y tiempos del proceso
El Congreso conformará en los próximos días la comisión pesquisidora, integrada por cinco diputados de distintas bancadas. Esta instancia deberá citar al presidente, a la vicepresidenta y al MP para conocer los argumentos de ambas partes antes de emitir su recomendación final al pleno.
De acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Antejuicio, el procedimiento no puede exceder los 60 días. En ese plazo, la comisión elaborará un informe con su recomendación, pero la decisión final de retirar o no la inmunidad recae exclusivamente en el pleno legislativo.
Postura de la comunidad internacional
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) expresaron su preocupación por el posible uso político del sistema de justicia en Guatemala. En un comunicado conjunto, instaron a que el proceso de antejuicio Guatemala se desarrolle con transparencia y sin interferencias.
“Guatemala ha demostrado su compromiso con la democracia en momentos difíciles. Es esencial preservar el Estado de Derecho y evitar retrocesos institucionales”, declaró la OEA en su mensaje oficial.
Reacciones del sector privado y académico
El sector empresarial agrupado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado llamando a la prudencia. “El respeto a las instituciones y al debido proceso es fundamental para la estabilidad económica y política del país”, subrayó la entidad.
Académicos de la Universidad de San Carlos (USAC) y de universidades privadas coincidieron en que el proceso debe verse como una prueba de madurez democrática. “La transparencia fortalecerá la confianza ciudadana, pero cualquier manipulación política profundizaría la crisis institucional”, señaló la politóloga María Aguilar.
Impacto en la gobernabilidad y confianza ciudadana
El proceso de antejuicio Guatemala ocurre en un momento en que el gobierno enfrenta retos importantes en materia de seguridad, economía y políticas sociales. La incertidumbre política podría afectar la ejecución presupuestaria y el clima de inversión, según advirtieron analistas del Banco de Guatemala.
En redes sociales, ciudadanos expresaron su preocupación por el impacto del proceso en la estabilidad nacional. “Guatemala necesita que sus instituciones trabajen por la gente, no contra sí mismas”, escribió un usuario en X.
El caso antejuicio Guatemala marcará un nuevo capítulo en la historia política reciente del país. Más allá de las diferencias, la ciudadanía observa con atención un proceso que pondrá a prueba la independencia de poderes, la madurez democrática y la capacidad de las instituciones para actuar en favor del bien común.
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