El Gobierno de la República, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), rechazó este miércoles la resolución judicial que ordena el embargo del salario del ministro Joaquín Barnoya, en el marco de un proceso contencioso relacionado con los convenios de adquisición de medicamentos gestionados por la UNOPS Guatemala. La cartera calificó la medida como “injustificada e improcedente”, asegurando que el titular del ministerio ha actuado con apego a la ley y bajo supervisión institucional.
La noticia del embargo ministro de Salud Guatemala generó reacciones en el ámbito político y sanitario, ya que ocurre justo cuando el Ejecutivo ejecuta una revisión técnica de los contratos de compra de medicinas. En conferencia de prensa, el viceministro administrativo David Fuentes afirmó que “no hay fundamento legal que justifique esta resolución, pues el ministro no administra fondos directamente y no ha sido notificado formalmente de ninguna investigación penal”.
Antecedentes del caso y origen del Embargo ministro de Salud
De acuerdo con la documentación judicial, el embargo ministro de Salud Guatemala se origina en una demanda presentada por una empresa proveedora de medicamentos, que reclama retrasos en los pagos derivados de un contrato vigente con la UNOPS Guatemala. Sin embargo, las autoridades explicaron que el retraso se debe a la auditoría general ordenada por el Ejecutivo para verificar los procesos de adquisición y entrega de medicamentos.
El MSPAS enfatizó que los contratos están siendo revisados para garantizar que todos los pagos se realicen conforme a la ley, y que la acción judicial “no corresponde a la responsabilidad personal del ministro, sino a un proceso administrativo en curso”.
Embargo ministro de Salud, Respuesta del Ministerio de Salud
El ministro Joaquín Barnoya declaró que continuará en el cargo y que no permitirá que este tipo de decisiones obstaculicen el fortalecimiento de la salud pública. “Esta resolución no tiene fundamento legal ni ético. Hemos actuado con transparencia y bajo acompañamiento de la Contraloría General de Cuentas. Mi compromiso sigue siendo con el pueblo de Guatemala”, expresó.
El MSPAS reiteró que el embargo será impugnado ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Consejo de la Carrera Judicial, con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación (PGN). “La prioridad es garantizar que este precedente no afecte la institucionalidad ni la moral del equipo médico y administrativo”, aseguró Fuentes.
Apoyo del Ejecutivo y del presidente Arévalo
El presidente Bernardo Arévalo respaldó públicamente al ministro Barnoya y rechazó la decisión judicial. “No se puede utilizar el sistema de justicia para intimidar a funcionarios que están cumpliendo con su deber. El ministro Barnoya ha liderado con transparencia y honestidad”, declaró el mandatario durante un acto en el Palacio Nacional de la Cultura.
El Ejecutivo denunció que algunas resoluciones judiciales recientes buscan “debilitar los esfuerzos de reforma institucional” y reiteró que el Gobierno actuará siempre conforme al Estado de derecho y la independencia de poderes.
Contexto: auditoría a los convenios con UNOPS Guatemala
El embargo ministro de Salud Guatemala ocurre en paralelo a la revisión de los convenios con la UNOPS Guatemala, entidad que durante los últimos años ha gestionado la adquisición de medicamentos e insumos médicos para los hospitales públicos. La auditoría, ordenada por el Ejecutivo, busca garantizar la transparencia en las compras y evitar sobreprecios o retrasos en la entrega de productos esenciales.
El ministro Barnoya señaló que “las decisiones administrativas adoptadas no son arbitrarias, sino parte de un proceso de limpieza y modernización en el sistema de adquisiciones públicas”.
Embargo ministro de Salud, Reacciones del sector médico y sociedad civil
El gremio médico expresó su respaldo al titular de Salud, destacando su trayectoria profesional y su compromiso con la transparencia. “El doctor Barnoya ha sido un defensor del acceso universal a la salud. El embargo es una injusticia que debe corregirse”, manifestó el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala.
Organizaciones civiles y observatorios ciudadanos también se pronunciaron en contra de la resolución, calificándola como un acto que “erosiona la credibilidad institucional y desincentiva a los servidores públicos honestos”.
Posición de la UNOPS y organismos internacionales
La UNOPS Guatemala emitió un comunicado en el que lamentó la situación y reiteró su confianza en el proceso de revisión impulsado por el Gobierno. “Reconocemos los esfuerzos del Ministerio de Salud por garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Nuestra cooperación con Guatemala continuará de manera normal y abierta al diálogo”, afirmó la oficina regional.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifestó que “el fortalecimiento de las instituciones sanitarias no puede depender de presiones judiciales, sino de la coordinación entre organismos nacionales e internacionales”.
Impacto político y percepción pública
El caso del embargo ministro de Salud Guatemala ha tenido un fuerte impacto mediático, con posturas divididas entre sectores políticos. Algunos diputados de oposición solicitaron información adicional sobre los contratos revisados, mientras que el oficialismo defendió el accionar del ministerio.
Analistas consideran que este tipo de resoluciones judiciales refuerzan el debate sobre la independencia de poderes y la necesidad de reformar el sistema judicial. “No se puede gobernar con miedo a las represalias judiciales. La estabilidad del Estado depende de la confianza entre instituciones”, comentó el politólogo Daniel López.
Camino legal y próximos pasos
El MSPAS confirmó que presentará un recurso de amparo y una apelación ante los tribunales competentes. Mientras tanto, el ministro continuará desempeñando sus funciones con normalidad. “La justicia debe servir al ciudadano, no convertirse en instrumento de presión”, afirmó Barnoya.
El Gobierno reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional y la defensa de los derechos de los servidores públicos. “El Estado está unido para defender la legalidad, la transparencia y la moral pública”, dijo el portavoz presidencial Daniel Méndez.
El caso del embargo ministro de Salud Guatemala pone a prueba la madurez democrática e institucional del país. Con el respaldo ciudadano y la cooperación internacional, el Gobierno busca reafirmar la confianza en la gestión pública y mantener la estabilidad del sistema de salud, priorizando la transparencia y el respeto al Estado de derecho.
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