La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró este martes una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para conocer los acontecimientos recientes en Guatemala, donde persisten las tensiones entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Organismo Judicial. El encuentro fue solicitado por varios países miembros tras la denuncia del presidente Bernardo Arévalo sobre un intento de revertir los resultados electorales del 2023.
La OEA Guatemala se convirtió así en el tema central de la agenda diplomática hemisférica. Durante la sesión, los Estados miembros coincidieron en la necesidad de proteger la democracia guatemalteca y garantizar que todas las instituciones actúen dentro del marco constitucional. El secretario general, Luis Almagro, advirtió que “la comunidad internacional no puede ser indiferente ante la erosión de la democracia en la región”.
Un debate hemisférico sobre la estabilidad democrática
La reunión del Consejo Permanente de la OEA Guatemala reunió a los embajadores de los 34 países miembros, quienes expresaron sus posturas frente a la crisis institucional. En la primera intervención, el representante de Estados Unidos, Francisco Mora, destacó que “el respeto a la voluntad popular es un principio inquebrantable” y urgió a las instituciones guatemaltecas a garantizar el Estado de derecho.
Por su parte, la embajadora de México, Luz María de la Mora, pidió “una salida pacífica y constitucional que preserve la confianza ciudadana en las elecciones de 2023”. Otros países, como Chile, Canadá y Costa Rica, manifestaron preocupación por los intentos de criminalizar a funcionarios del Ejecutivo y de debilitar la independencia judicial.
Postura oficial del Gobierno de Guatemala ante la OEA
El embajador guatemalteco ante la OEA, Harold Caballeros, presentó un informe detallado sobre la posición del Gobierno. En su intervención, aseguró que el presidente Arévalo “actúa en defensa del orden constitucional y de los derechos democráticos del pueblo guatemalteco”.
Caballeros añadió que el Gobierno respeta la soberanía nacional, pero reconoce la importancia del acompañamiento internacional en momentos de crisis. “La OEA Guatemala ha sido históricamente un espacio de diálogo y apoyo; confiamos en su papel mediador”, señaló.
Reacciones dentro del Consejo Permanente
Durante la sesión de la OEA Guatemala, varios embajadores coincidieron en que el organismo debe actuar preventivamente antes de que la crisis política escale. El representante de Brasil propuso enviar una misión técnica de observación para verificar el cumplimiento del Estado de derecho y dialogar con los tres poderes del Estado.
Otros delegados, como los de El Salvador y Honduras, llamaron a evitar sanciones diplomáticas y priorizar la mediación directa. “Guatemala necesita acompañamiento, no aislamiento”, expresó el embajador hondureño Luis Cálix.
El papel de la OEA en la defensa de la democracia
La Carta Democrática Interamericana, adoptada en 2001, establece que cualquier alteración del orden democrático en un país miembro puede motivar la intervención diplomática del organismo. En el caso de la OEA Guatemala, el secretario Almagro recordó que “la democracia no se defiende solo con palabras, sino con acciones concretas de solidaridad y responsabilidad colectiva”.
La delegación de Uruguay propuso una resolución para condenar los intentos de socavar la voluntad popular, mientras que Argentina instó a una reforma regional que refuerce los mecanismos de protección a los procesos electorales.
Reacciones del Gobierno guatemalteco
Desde Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo agradeció el respaldo de la comunidad internacional. En un mensaje publicado en la red X, afirmó: “El pueblo guatemalteco no está solo. La OEA Guatemala ratifica que la democracia se defiende en unidad y con valentía”.
El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, confirmó que el Gobierno continuará dialogando con la OEA para fortalecer los mecanismos de cooperación institucional y asegurar la estabilidad del país.
Respuesta del Ministerio Público y la oposición
En contraste, el Ministerio Público emitió un comunicado señalando que “la OEA Guatemala está recibiendo información incompleta” sobre las investigaciones judiciales en curso. La fiscal general María Consuelo Porras reiteró que su institución actúa “bajo la Constitución y sin interferencias externas”.
Partidos de oposición como Valor y UNE acusaron al Ejecutivo de “politizar la crisis para obtener simpatía internacional”. En respuesta, el bloque oficialista Semilla manifestó que el presidente “ha actuado con transparencia y dentro del marco legal”.
Organizaciones internacionales y sociedad civil
La decisión de convocar la reunión extraordinaria de la OEA Guatemala recibió el apoyo de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que coincidieron en que “el deterioro de la independencia judicial en Guatemala amenaza los derechos fundamentales de la población”.
Mientras tanto, el Movimiento ProJusticia y la Asociación de Jueces por la Integridad pidieron que la OEA mantenga una misión permanente de observación para garantizar el cumplimiento de los compromisos democráticos.
Expectativas sobre las conclusiones de la sesión
La OEA Guatemala podría emitir una resolución de consenso en los próximos días. Fuentes diplomáticas anticipan que la declaración final incluirá un llamado al diálogo nacional y una advertencia contra cualquier ruptura del orden democrático. También se prevé la posibilidad de una misión técnica para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por los Estados miembros.
Analistas políticos consideran que el respaldo de la OEA constituye un freno diplomático a los sectores que buscan debilitar al Ejecutivo y un impulso a las reformas institucionales pendientes.
La OEA Guatemala emerge como un actor clave en la búsqueda de soluciones democráticas para el país. Su reunión extraordinaria no solo refleja la preocupación regional por la crisis institucional, sino también la voluntad colectiva de defender el voto, la transparencia y el respeto a la voluntad popular. Guatemala vive una hora crítica, pero también una oportunidad para reafirmar su compromiso con la democracia y el Estado de derecho.
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