El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), destapó un nuevo caso de corrupción en el Hospital Roosevelt de Guatemala, relacionado con la adquisición de suministros médicos mediante contratos fraccionados y sobrevalorados. La investigación, presentada este martes por el fiscal Rafael Curruchiche, señala que funcionarios y proveedores públicos habrían desviado fondos durante las emergencias sanitarias de los últimos años.
Según el informe del MP, la red operaba mediante empresas de fachada que participaron en licitaciones amañadas, generando pérdidas millonarias al Estado. “Las irregularidades detectadas en el Hospital Roosevelt afectan directamente los servicios de salud y la atención de miles de guatemaltecos”, expresó Curruchiche. El caso, bautizado como “Medicamentos fantasma”, involucra a exadministradores, jefes de compras y representantes de compañías contratistas.
Una red de corrupción enquistada en el sistema hospitalario
De acuerdo con la FECI, la estructura de corrupción en el Hospital Roosevelt de Guatemala funcionó entre 2020 y 2024. En ese periodo, se registraron más de 300 contratos menores de adquisición, todos adjudicados a las mismas empresas, sin competencia ni justificación técnica.
Los fiscales documentaron que las órdenes de compra eran fraccionadas intencionalmente para evadir los procesos de licitación pública establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado. Los insumos adquiridos incluían medicamentos genéricos, material quirúrgico, oxímetros y equipo de protección personal con sobreprecios de hasta el 400 %.
Cómo operaba la estructura
La investigación sobre la corrupción en el Hospital Roosevelt de Guatemala identificó tres niveles de participación:
- Funcionarios internos: responsables de aprobar los pagos y justificar compras sin respaldo médico o técnico.
- Empresas intermediarias: creadas por exproveedores sancionados para continuar recibiendo adjudicaciones.
- Autoridades administrativas: que omitieron controles de calidad y supervisión, pese a las alertas internas de auditoría.
Los contratos investigados superan los Q 45 millones y fueron distribuidos entre siete sociedades anónimas vinculadas entre sí. Los pagos fueron autorizados a través de transferencias bancarias a cuentas personales, lo que constituye evidencia de peculado y lavado de dinero.
Reacción del Ministerio Público
El fiscal Rafael Curruchiche explicó que este caso se suma a una serie de investigaciones que buscan depurar el sistema de salud pública. “La corrupción hospitalaria no solo roba dinero, sino vidas. Cada contrato irregular significa menos medicinas, menos atención y más sufrimiento para los ciudadanos”, declaró.
El MP solicitó órdenes de captura contra diez personas, entre ellas exjefes administrativos del Hospital Roosevelt, contadores externos y empresarios. Además, se emitieron solicitudes de inmovilización de cuentas por más de Q 12 millones.
Posición del Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) emitió un comunicado confirmando que colaborará con las investigaciones y que ha iniciado auditorías internas. “No toleraremos ningún acto de corrupción. Nuestra prioridad es recuperar la confianza ciudadana y garantizar que cada quetzal destinado a la salud sea bien utilizado”, expresó el viceministro Óscar Aguilar.
Asimismo, la cartera anunció que se implementará un nuevo sistema de control de adquisiciones con asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para prevenir futuras irregularidades.
El impacto ciudadano de la corrupción hospitalaria
Los pacientes del Hospital Roosevelt, uno de los centros de salud más importantes del país, han denunciado constantemente la falta de medicamentos y equipos esenciales. “Cuando no hay medicinas, la corrupción se siente en la piel. Nos afecta a todos los que venimos a buscar atención”, relató María López, madre de un paciente con cáncer.
La corrupción en el Hospital Roosevelt de Guatemala tiene un efecto devastador en la atención médica, especialmente para las poblaciones de bajos recursos. Organizaciones civiles como Acción Ciudadana y la Alianza por la Transparencia exigieron sanciones ejemplares y vigilancia internacional en el proceso judicial.
Antecedentes de corrupción en el sistema de salud
El sistema sanitario guatemalteco ha enfrentado múltiples escándalos en la última década. En 2015, se reveló el caso “IGSS-Pisa”, en el que murieron más de 40 pacientes renales debido a contratos fraudulentos. Más recientemente, la FECI ha detectado irregularidades en hospitales departamentales y en compras relacionadas con la pandemia de COVID-19.
Según analistas, el caso actual confirma que la falta de control y la debilidad institucional siguen siendo las principales causas del desvío de recursos públicos en salud.
Respuesta del Congreso y acciones legislativas
La Comisión de Salud del Congreso anunció que citará al ministro de Salud y al director del Hospital Roosevelt para explicar las medidas adoptadas. “El pueblo necesita respuestas concretas. No puede haber más impunidad”, dijo la diputada Ana Villagrán.
Además, el Congreso evalúa reformas a la Ley de Contrataciones del Estado para aumentar la transparencia en las compras hospitalarias. Algunos diputados plantean que las adquisiciones médicas se centralicen bajo un sistema electrónico de trazabilidad y auditoría ciudadana.
Apoyo internacional y cooperación técnica
El Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ofrecieron asistencia técnica para fortalecer los mecanismos de control del gasto público en salud. La corrupción en el Hospital Roosevelt Guatemala generó preocupación en organismos que financian programas sanitarios y proyectos de infraestructura hospitalaria.
Representantes de la OPS afirmaron que “la transparencia en los sistemas hospitalarios es clave para garantizar la sostenibilidad de los fondos internacionales y la confianza en la gestión pública”.
El caso de corrupción en el Hospital Roosevelt Guatemala evidencia la urgencia de transformar la administración de la salud pública en el país. La sociedad guatemalteca exige justicia, eficiencia y honestidad. Las instituciones tienen ahora la responsabilidad de convertir la indignación ciudadana en reformas reales que fortalezcan la confianza en el Estado.
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