El presidente Bernardo Arévalo confirmó que el Gobierno de Guatemala no tiene información oficial sobre el paradero del exministro de Gobernación Francisco Jiménez, quien dejó el cargo en medio de la crisis penitenciaria generada por la fuga masiva de reos de Fraijanes II. Sin embargo, el mandatario reconoció que se tiene conocimiento de que el exfuncionario habría asumido un compromiso con el Gobierno de los Estados Unidos para colaborar en determinadas investigaciones de carácter internacional.
La declaración fue emitida desde Casa Presidencial, durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. Arévalo aseguró que no existe orden de captura ni restricción judicial contra Francisco Jiménez, pero sí confirmó que las autoridades nacionales desconocen su ubicación exacta desde hace varios días.
Francisco Jiménez: del gabinete presidencial a la incertidumbre
Hasta hace pocas semanas, Francisco Jiménez era una de las figuras centrales del gabinete de seguridad. Su salida del Ministerio de Gobernación se produjo tras fuertes cuestionamientos derivados de la fuga en Fraijanes II y de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en los procesos de contratación de personal penitenciario. El exministro presentó su renuncia aduciendo motivos personales, pero su repentina desaparición del espacio público desató conjeturas sobre un posible traslado fuera del país.
Fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que Francisco Jiménez podría encontrarse en Estados Unidos como parte de un proceso de cooperación judicial. Aunque el Gobierno guatemalteco no ha recibido notificación formal, diplomáticos en Washington confirmaron que el exfuncionario habría solicitado acompañamiento consular para “proteger su integridad y la de su familia”.
Arévalo: “No tenemos registro de su salida del país”
El presidente Arévalo fue claro al explicar que los controles migratorios no reportan ninguna salida registrada a nombre de Francisco Jiménez. “Hasta donde tenemos conocimiento, no hay registro oficial de que haya abandonado el territorio nacional por los puestos fronterizos o aeropuertos autorizados. Sin embargo, no descartamos que haya utilizado otros mecanismos de desplazamiento”, manifestó.
El gobernante también recordó que el Ejecutivo mantiene una relación activa de intercambio de información con agencias estadounidenses, lo que permitiría conocer en los próximos días si existe efectivamente un vínculo de cooperación formal. “No es un secreto que varios exfuncionarios han sido requeridos por organismos internacionales para compartir información sobre estructuras del crimen transnacional. Si ese fuera el caso, el Gobierno respetará los procesos y las leyes de ambos países”, añadió Arévalo.
Posible colaboración con Estados Unidos
De acuerdo con versiones obtenidas por fuentes diplomáticas, Francisco Jiménez habría manifestado su disposición a colaborar con el Departamento de Justicia y con el FBI en investigaciones relacionadas con lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción institucional. Aunque no existen confirmaciones oficiales, la noticia coincide con recientes declaraciones del embajador estadounidense en Guatemala, quien subrayó la importancia de la cooperación judicial bilateral.
La Embajada de Estados Unidos declinó pronunciarse sobre el caso, pero funcionarios del Departamento de Estado indicaron que “la cooperación con Guatemala en materia de justicia continúa siendo prioritaria y se desarrolla dentro del marco del respeto mutuo y la confidencialidad procesal”.
Una crisis política que sacude a Gobernación
La ausencia de Francisco Jiménez ocurre en un momento de profunda reestructuración del Ministerio de Gobernación. Tras su salida, el juez Marco Antonio Villeda fue juramentado como nuevo ministro, con el encargo de reconstruir la institucionalidad del sistema penitenciario y restaurar la confianza ciudadana. Sin embargo, el vacío que deja la desaparición del exministro plantea interrogantes sobre la gestión anterior y las decisiones operativas que permitieron la fuga en Fraijanes II.
Analistas políticos consideran que el caso Francisco Jiménez podría tener implicaciones judiciales de gran alcance, especialmente si se confirma su cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos. “Podría tratarse de un intento por negociar información sensible a cambio de protección legal o migratoria”, sostuvo el politólogo Juan Carlos Castro.
Reacciones dentro del Congreso y del Ministerio Público
En el Congreso de la República, diputados de distintas bancadas expresaron preocupación por la falta de transparencia en torno al paradero de Francisco Jiménez. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Liliana Gómez, solicitó un informe urgente al Ejecutivo para conocer si existe algún requerimiento internacional o acuerdo de cooperación en curso.
El Ministerio Público, por su parte, informó que mantiene abiertas tres investigaciones relacionadas con compras de tecnología y equipo táctico realizadas durante la administración de Jiménez. “No existe ninguna orden de captura ni citación judicial, pero sí se le ha requerido información administrativa vinculada a contratos firmados en 2024 y 2025”, precisó el portavoz del MP.
El silencio de Francisco Jiménez
Hasta el momento, el exministro no ha emitido declaraciones públicas. Su última aparición fue en una reunión de seguridad celebrada en Casa Presidencial, dos días antes de su renuncia. Desde entonces, ni sus allegados ni sus antiguos asesores han respondido a los medios. En redes sociales, la cuenta oficial de Francisco Jiménez permanece inactiva, y sus números de contacto fueron deshabilitados.
Un exfuncionario de Gobernación que pidió anonimato aseguró que Jiménez “temía por su seguridad personal” tras recibir amenazas anónimas relacionadas con operativos antinarcóticos ejecutados durante su gestión. “Él sabía que había tocado intereses poderosos. Por eso buscó ayuda de las autoridades estadounidenses”, declaró la fuente.
Investigaciones en curso y transparencia institucional
El nuevo ministro Marco Antonio Villeda afirmó que su equipo colabora plenamente con la Fiscalía y con la Contraloría General de Cuentas para revisar todos los procesos firmados durante la administración de Francisco Jiménez. “Vamos a entregar la información que sea necesaria. No estamos para encubrir a nadie”, indicó.
De acuerdo con Villeda, el Ministerio se encuentra auditando contratos de adquisición de tecnología, uniformes policiales, servicios de alimentación para el Sistema Penitenciario y convenios internacionales de cooperación. Los resultados preliminares se darán a conocer antes de fin de año.
El papel de Estados Unidos y la diplomacia judicial
El caso Francisco Jiménez se enmarca en una nueva etapa de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos. En los últimos meses, el Gobierno estadounidense ha mostrado interés en fortalecer los mecanismos de intercambio de información sobre crimen organizado y corrupción. En ese contexto, no se descarta que el exministro esté participando como testigo o colaborador en procesos que involucran redes de tráfico transnacional.
Fuentes de seguridad indicaron que agentes de enlace del FBI y del Departamento de Homeland Security sostuvieron reuniones recientes con funcionarios guatemaltecos para abordar temas de cooperación judicial y extradiciones pendientes.
Reacciones ciudadanas y percepción pública
En las calles y redes sociales, el tema de Francisco Jiménez ha generado un amplio debate. Mientras algunos guatemaltecos interpretan su desaparición como una maniobra de evasión, otros consideran que podría estar colaborando con las autoridades para exponer estructuras criminales dentro del Estado. La opinión pública demanda claridad y exige que el Gobierno comunique oficialmente cualquier actualización sobre el caso.
El sociólogo Álvaro Hernández explicó que la ciudadanía asocia la figura de Jiménez con una era de incertidumbre en la seguridad nacional. “La gente percibe que cada crisis deja más preguntas que respuestas. Si no se informa con transparencia, el rumor reemplaza a la verdad”, sostuvo.
Un precedente para la rendición de cuentas
La salida y desaparición de Francisco Jiménez reabre el debate sobre los mecanismos de rendición de cuentas de los ministros y altos funcionarios. Actualmente, Guatemala carece de una normativa que obligue a los exministros a presentar informes detallados tras dejar el cargo. Esta ausencia de control ha permitido que muchos casos terminen en el olvido, incluso cuando hay indicios de irregularidades administrativas.
Organizaciones civiles como Acción Ciudadana han solicitado al Congreso la creación de una ley de transición y responsabilidad ministerial, que obligue a los titulares de cartera a rendir cuentas públicas dentro de los 60 días posteriores a su renuncia.
La incertidumbre sobre el paradero de Francisco Jiménez tras su salida del Ministerio de Gobernación marca un nuevo episodio en la historia reciente de la política guatemalteca. En un país que busca transparencia y confianza institucional, el silencio y la falta de información alimentan la desconfianza ciudadana. Mientras el Gobierno asegura desconocer su paradero, Estados Unidos guarda prudente silencio. Lo cierto es que la figura de Jiménez seguirá siendo clave para entender la relación entre seguridad, justicia y cooperación internacional en Guatemala.
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