Refacción escolar garantizada, En una jornada de sesión extraordinaria, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional el Decreto 10-2025, que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Decreto 27-92) y la Ley de Alimentación Escolar (Decreto 16-2017), con el objetivo de liberar los recursos destinados a la refacción escolar en todo el país. La medida beneficiará a millones de estudiantes de preprimaria y primaria del sistema público nacional, garantizando la continuidad de un programa clave para la nutrición y la permanencia escolar.
Una aprobación urgente para asegurar la refacción escolar
El pleno legislativo decidió aprobar de urgencia nacional la reforma luego de varias semanas de análisis entre las comisiones de Finanzas, Educación y Salud. La decisión fue motivada por el riesgo de que los fondos para la refacción escolar quedaran retenidos por ajustes administrativos en el Ministerio de Educación (Mineduc). Con esta modificación, el Congreso habilitó los mecanismos necesarios para que las escuelas reciban el dinero sin retrasos.
“Estamos respondiendo con responsabilidad a una necesidad real: ningún niño debe quedarse sin su alimentación diaria en la escuela”, expresó el presidente del Congreso, Samuel Pérez, tras la votación. La medida fue aprobada con 132 votos a favor, una cifra que muestra amplio consenso entre las distintas bancadas.
Contexto: un programa esencial para millones de estudiantes
La refacción escolar es uno de los pilares de la política educativa y social de Guatemala. Desde su creación en 2017, el programa ha garantizado una ración alimentaria diaria para más de 2.5 millones de niños en las escuelas públicas del país. Gracias a esta iniciativa, los índices de deserción escolar se han reducido significativamente en zonas rurales y comunidades con altos niveles de pobreza.
Sin embargo, en los últimos meses, varias escuelas reportaron retrasos en la entrega de los fondos debido a ajustes presupuestarios derivados de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La reforma aprobada ahora por el Congreso libera esos recursos y los clasifica como gasto prioritario dentro del presupuesto nacional.
Qué establece el Decreto 10-2025
El nuevo decreto modifica artículos clave de la Ley del IVA para permitir que las retenciones fiscales no afecten la asignación del programa alimentario. También reforma la Ley de Alimentación Escolar para actualizar los procedimientos de transferencia y supervisión de los fondos. De esta manera, las escuelas podrán recibir el presupuesto de refacción escolar sin depender de largos trámites administrativos.
“Se trata de una medida de justicia social y eficiencia. Los recursos estaban disponibles, pero bloqueados por procesos burocráticos. Ahora, con esta reforma, los fondos llegarán directamente a las juntas escolares”, explicó el diputado Mariano Soza, ponente del proyecto. La norma también refuerza la fiscalización de las compras para asegurar la calidad de los alimentos distribuidos.
Apoyo interinstitucional y coordinación con el Mineduc
El Ministerio de Educación celebró la aprobación del decreto y confirmó que coordinará con el Ministerio de Finanzas y la Contraloría General de Cuentas para garantizar el uso transparente de los fondos. “La refacción escolar no solo es un plato de comida, es una herramienta pedagógica que mejora la atención, el rendimiento y la salud de nuestros estudiantes”, declaró la ministra Leticia Aguilar.
Según datos del Mineduc, el programa de refacción escolar requiere una inversión anual superior a los 2 000 millones de quetzales. Con el Decreto 10-2025, se asegura la liberación inmediata de los recursos y se fortalece el control del gasto mediante auditorías digitales y reportes en tiempo real.
El papel de la comunidad educativa
Las asociaciones de padres de familia y directores de escuelas han sido parte activa del programa desde su creación. Ellos administran los fondos de la refacción escolar en cada establecimiento, supervisan la compra de alimentos y garantizan su distribución diaria. Con la nueva reforma, las juntas escolares tendrán acceso más rápido al presupuesto y mayor autonomía en la gestión.
“La comunidad educativa es quien mejor sabe cómo usar los recursos. Este cambio nos devuelve confianza y facilita el trabajo”, expresó María López, directora de una escuela pública en Jalapa. En su institución, los retrasos anteriores habían obligado a suspender la refacción durante más de un mes.
Reacciones en el Congreso y sectores sociales
La aprobación del Decreto 10-2025 fue celebrada por distintas bancadas y organizaciones sociales. Diputados del oficialismo y de la oposición coincidieron en que el tema debía resolverse con urgencia. “La refacción escolar es un derecho, no una dádiva política. Nos alegra que hoy haya primado el sentido común”, afirmó la legisladora Andrea Villagrán.
Organizaciones de la sociedad civil, como Educa Guatemala y Acción por la Niñez, destacaron el impacto positivo del decreto. “Cada día de retraso en la alimentación escolar es un golpe al desarrollo infantil. Aplaudimos que el Congreso haya escuchado”, manifestaron en un comunicado conjunto.
Fiscalización y transparencia
La Contraloría General de Cuentas anunció que reforzará los mecanismos de auditoría para el uso de los fondos de la refacción escolar. Se implementará un sistema en línea que permitirá verificar los gastos por escuela, los proveedores y las facturas asociadas. Esta información será pública y accesible a través del portal de transparencia del Mineduc.
Además, se establecerán líneas de denuncia para reportar irregularidades en la compra o distribución de alimentos. “La rendición de cuentas es esencial. Los niños merecen una refacción escolar de calidad y libre de corrupción”, enfatizó la contralora Silvia Díaz.
Impacto social y nutricional
El programa de refacción escolar ha demostrado ser una de las políticas sociales más efectivas en Guatemala. Un estudio del Ministerio de Salud reveló que los estudiantes que reciben alimentos en la escuela presentan mejores niveles de atención y menor ausentismo. En comunidades rurales, la refacción representa muchas veces la única comida balanceada del día para los niños.
“La alimentación escolar es una inversión en futuro. Cada plato servido en una escuela es una semilla de desarrollo”, afirmó un representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que colabora con el gobierno en la evaluación de la calidad nutricional de los menús escolares.
Modernización del sistema de pagos
Con las reformas aprobadas, el Mineduc implementará un sistema electrónico de transferencias directas a las cuentas de las juntas escolares, eliminando intermediarios y reduciendo riesgos de mal manejo. Este nuevo modelo busca acelerar los desembolsos y aumentar la trazabilidad del dinero destinado a la refacción escolar.
También se prevé la creación de una plataforma digital para que los padres puedan verificar en línea los montos recibidos y el uso de los fondos. “Queremos un programa transparente, eficiente y cercano a la gente”, puntualizó la ministra Aguilar.
Un paso hacia la seguridad alimentaria
La reforma no solo fortalece el programa de refacción escolar, sino que también contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el número 2: Hambre Cero. Guatemala avanza así en su compromiso de garantizar una alimentación adecuada para la niñez, un derecho consagrado en la Constitución y los tratados internacionales.
El Congreso anunció que continuará impulsando medidas complementarias para fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar a los productores locales que abastecen los comedores escolares. De esta forma, el programa también genera empleo e impulsa la economía rural.
Con la aprobación del Decreto 10-2025, el Congreso de la República garantiza la continuidad de la refacción escolar en todo el país, reafirmando su compromiso con la educación, la salud y el bienestar de la niñez guatemalteca. La medida representa un paso firme hacia un Estado más eficiente, transparente y comprometido con la gente.
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