Ley Antipandillas, El presidente Bernardo Arévalo pidió al Congreso de la República aprobar de urgencia la nueva Ley Antipandillas, iniciativa que busca fortalecer la persecución penal, mejorar la coordinación entre instituciones y endurecer las sanciones contra estructuras criminales que operan desde los centros penitenciarios. El mandatario afirmó que el país enfrenta una amenaza creciente que exige decisiones firmes y rápidas, y advirtió que “la seguridad ciudadana no puede esperar más trámites burocráticos”.
Un llamado directo al Congreso
Durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo solicitó a los diputados que prioricen la discusión y aprobación de la Ley Antipandillas, enviada por el Ejecutivo hace más de dos meses. Según el presidente, la norma fue elaborada con el apoyo del Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y expertos internacionales, y busca cerrar los vacíos legales que actualmente dificultan la persecución de grupos delictivos que mutan constantemente de estructura y nombre.
“Guatemala necesita una herramienta moderna que permita identificar, investigar y desarticular organizaciones criminales con rapidez. Las pandillas ya no son pequeños grupos de barrio; son redes de crimen transnacional con capacidad económica y tecnológica”, dijo Arévalo ante la prensa nacional e internacional.
Qué propone la Ley Antipandillas
La iniciativa incluye un nuevo tipo penal: asociación criminal de estructura pandillera, que castigará con penas de 20 a 40 años a quienes dirijan, financien o coordinen grupos con jerarquía y control territorial. También se establecen sanciones específicas para el reclutamiento de menores y la extorsión a transportistas, comerciantes o ciudadanos comunes.
Otro eje fundamental de la Ley Antipandillas es la creación de una Unidad de Inteligencia Antipandillas (UIA), bajo supervisión civil, que integrará bases de datos de la PNC, el MP y Migración para rastrear movimientos, redes de contacto y flujos financieros. Esta unidad trabajará en conjunto con la Superintendencia de Bancos para detectar lavado de dinero vinculado a organizaciones criminales.
Reforma integral al sistema de justicia
El presidente explicó que la Ley Antipandillas forma parte de una reforma más amplia que incluye la modernización de los tribunales especializados en delincuencia organizada y la actualización de los protocolos de investigación. “Las pandillas ya no solo operan en las calles. Usan internet, criptomonedas y redes sociales para extorsionar. La ley debe evolucionar al mismo ritmo”, subrayó Arévalo.
El Ejecutivo prevé que la norma impulse la creación de juzgados de turno para delitos de alto impacto, donde las audiencias no se suspendan por amenazas o retrasos procesales. Asimismo, busca garantizar la protección de jueces, fiscales y testigos mediante un fondo especial de seguridad institucional.
El contexto: una violencia que no cede
Guatemala enfrenta un incremento sostenido en los índices de extorsión y homicidios, especialmente en áreas urbanas como Villa Nueva, Mixco y la zona 18 de la capital. Según datos del Ministerio de Gobernación, entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de 5 800 denuncias por extorsión, un 22 % más que el año anterior. Las investigaciones apuntan a estructuras del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha como principales responsables.
En ese contexto, la Ley Antipandillas busca devolver capacidad de acción al Estado. Su aprobación coincidiría con la implementación del nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que refuerza la vigilancia policial, promueve la denuncia anónima y reestructura las fuerzas especiales en coordinación con los municipios.
Una política de Estado, no de gobierno
Arévalo insistió en que la lucha contra las pandillas no debe depender de ciclos políticos. “Este no es un tema ideológico, sino un asunto de Estado. Las pandillas han penetrado nuestras comunidades, comercios y hasta las instituciones. La respuesta debe ser nacional y sostenida”, afirmó. El mandatario hizo un llamado a todos los partidos representados en el Congreso para respaldar la iniciativa sin cálculos electorales.
El discurso presidencial fue acompañado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y la fiscal general, María Consuelo Porras, quienes coincidieron en que la aprobación de la Ley Antipandillas permitiría reestructurar la persecución penal de manera integral.
Postura del Ministerio de Gobernación
El ministro Villeda explicó que la nueva ley creará un marco jurídico más claro para diferenciar entre delincuencia común y crimen organizado. “Hoy las investigaciones tardan meses por falta de tipificación específica. Con la Ley Antipandillas, los fiscales tendrán herramientas más precisas para actuar sin ambigüedades”, dijo.
El Ministerio también anunció que ampliará la Fuerza de Tarea Antipandillas, actualmente compuesta por 300 agentes, hasta alcanzar 600 miembros entrenados en operaciones urbanas y rastreo de extorsionistas. Además, se impulsará un sistema de inteligencia de barrio para monitorear zonas de riesgo con participación comunitaria.
Apoyo ciudadano y reacción en redes
El anuncio generó una ola de reacciones en redes sociales. Miles de usuarios respaldaron la medida y exigieron que los diputados no retrasen la aprobación. En los comentarios, frases como “Ya era hora” y “Por fin alguien lo dice” se repitieron entre los internautas. El hashtag #LeyAntipandillasYA se mantuvo en tendencia durante toda la tarde del martes.
Vecinos de zonas afectadas por la violencia expresaron esperanza en que la norma reduzca los cobros de extorsión y las amenazas. “Llevamos años pagando por miedo. Si esta ley nos da tranquilidad, la apoyamos totalmente”, comentó una comerciante de Villa Nueva entrevistada por medios locales.
Críticas y preocupaciones de organizaciones civiles
Algunos sectores de derechos humanos manifestaron inquietud sobre posibles abusos en la aplicación de la ley. Temen que la definición amplia de “estructura criminal” pueda usarse para criminalizar a jóvenes o comunidades enteras. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) recomendó incluir mecanismos de supervisión independiente y revisión judicial periódica de los casos.
El Gobierno respondió que la Ley Antipandillas respeta el marco constitucional y garantiza el debido proceso. “Nuestro compromiso es con la seguridad y con la legalidad. Nadie será perseguido por su apariencia o por vivir en una zona vulnerable. Se investigará con base en evidencia”, aclaró el ministro Villeda.
Impacto esperado y metas a corto plazo
El Ejecutivo prevé que, una vez aprobada, la Ley Antipandillas reduzca las tasas de homicidios en un 15 % durante el primer año y las denuncias de extorsión en un 25 %. Además, la norma busca generar confianza en la población y promover la denuncia ciudadana mediante canales digitales y seguros.
El Ministerio de Gobernación también adelantó que presentará informes trimestrales de resultados y coordinará con el MP el uso de tecnología de rastreo financiero para ubicar fondos provenientes de actividades ilícitas. Se espera que los primeros reportes estén listos en el primer semestre de 2026.
El papel del Congreso: apoyo y resistencia
En el Legislativo, la discusión promete ser intensa. Bancadas oficialistas y de oposición moderada coincidieron en la necesidad de aprobar la Ley Antipandillas, pero algunos diputados propusieron enmiendas para limitar el uso de fondos extraordinarios. Otros insistieron en asegurar controles parlamentarios sobre la Unidad de Inteligencia Antipandillas.
El presidente del Congreso, Jorge Villatoro, declaró que la iniciativa podría conocerse en tercera lectura durante la próxima sesión ordinaria. “El país necesita resultados. Esta ley será debatida con responsabilidad, pero sin dilaciones”, afirmó.
Comparaciones internacionales
Guatemala no parte de cero. El modelo de la Ley Antipandillas toma elementos de experiencias en Colombia y Costa Rica, donde se implementaron políticas integrales de prevención, persecución y reinserción. Sin embargo, el contexto guatemalteco exige adaptaciones: aquí las pandillas mantienen influencia social y económica en comunidades enteras.
Por ello, el proyecto contempla la creación de programas de reinserción laboral y educativa financiados por el Fondo Antiextorsión. Este fondo será alimentado por bienes incautados a estructuras criminales y permitirá generar oportunidades para jóvenes en riesgo.
Prevención y reinserción: el otro rostro de la seguridad
La Ley Antipandillas no solo endurece sanciones; también impulsa programas de prevención social y rehabilitación. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) implementará el plan “Juventud Segura”, con becas, capacitación y empleo para jóvenes que viven en zonas de influencia pandillera. “Reprimir sin prevenir no es solución; hay que ofrecer caminos alternativos”, enfatizó Arévalo.
Estas acciones complementarán los esfuerzos del Ministerio de Educación para incorporar formación técnica y orientación vocacional en escuelas públicas, en alianza con el sector privado. La meta es reducir el reclutamiento juvenil en al menos un 10 % anual.
Cooperación internacional y respaldo externo
La ONU, la OEA y la Unión Europea manifestaron su disposición a apoyar la implementación de la Ley Antipandillas mediante asistencia técnica, capacitación policial y financiamiento de programas de prevención. Estados Unidos también ofreció intercambio de información sobre estructuras criminales regionales y rastreo financiero de líderes de pandillas.
El embajador estadounidense declaró que “Guatemala está dando un paso valiente para recuperar sus comunidades. Combatir las pandillas requiere coordinación internacional, y este país está en la ruta correcta”.
Desafíos pendientes y sostenibilidad
Aunque la iniciativa genera esperanza, los expertos advierten que su éxito dependerá de la voluntad política y del seguimiento presupuestario. Las reformas legales sin recursos suficientes corren el riesgo de quedar en el papel. Arévalo reconoció que la implementación plena exigirá un plan financiero multianual y apoyo del Congreso para garantizar su sostenibilidad.
El mandatario subrayó que la lucha contra las pandillas será larga, pero que Guatemala no puede resignarse al miedo. “Cada barrio liberado, cada joven rescatado, cada captura lograda será una victoria colectiva”, afirmó ante medios de comunicación.
Percepción ciudadana: esperanza y exigencia
Las encuestas recientes reflejan un creciente respaldo a las políticas de seguridad del Ejecutivo. Sin embargo, también revelan desconfianza hacia el sistema judicial. Los ciudadanos exigen resultados tangibles: menos extorsiones, mayor presencia policial y castigo efectivo para quienes operan desde las cárceles. La aprobación de la Ley Antipandillas podría convertirse en el principal termómetro político del Gobierno Arévalo.
En palabras del presidente, “no se trata de miedo ni de represión, sino de recuperar el derecho de los guatemaltecos a vivir sin amenazas”.
La Ley Antipandillas simboliza una apuesta por la seguridad y la justicia. Su aprobación marcaría un punto de inflexión en la política criminal del país, con el reto de equilibrar firmeza y respeto a los derechos humanos. Mientras el Congreso define su futuro, la ciudadanía observa con atención y esperanza el rumbo del debate.
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