El veto presidencial al decreto 7-2025 encendió un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. Mientras el presidente Arévalo insiste en que la ley es inconstitucional, legisladores de oposición buscan su publicación inmediata, argumentando que fortalecerá los Consejos de Desarrollo (CODEDES) y la inversión local.
El origen del veto
El presidente Bernardo Arévalo oficializó el veto presidencial al decreto 7-2025 al considerar que las reformas aprobadas por el Congreso violan la Constitución y vulneran la autonomía del Ejecutivo en materia de planificación del gasto público. El decreto, aprobado el 30 de septiembre, modifica la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, otorgando mayor poder a los gobernadores y diputados para decidir sobre la ejecución de fondos de inversión local.
En su carta de veto, Arévalo señaló que “el decreto 7-2025 carece de fundamento técnico y legal, y representa un riesgo para la transparencia y el buen uso de los recursos públicos”. El documento fue remitido oficialmente al Congreso para su análisis, según confirmó el secretario general de la Presidencia, José Carlos Sanabria.
Debate encendido en el Congreso
La sesión plenaria de este martes se convirtió en una batalla política entre oficialistas y opositores. Las bancadas aliadas al Ejecutivo, encabezadas por el Movimiento Semilla, defendieron el veto presidencial al decreto 7-2025, insistiendo en que la norma debilita los mecanismos de fiscalización y abre espacio a la corrupción.
“No podemos permitir que los fondos públicos se manejen sin control. El veto presidencial es un acto de responsabilidad institucional”, afirmó la diputada Andrea Morales.
Sin embargo, legisladores de oposición, entre ellos representantes de los bloques Valor, Todos y UNE, criticaron duramente la decisión presidencial. “El veto de Arévalo demuestra su falta de voluntad política para apoyar el desarrollo local. Está centralizando los recursos en la capital”, sostuvo el diputado Samuel Pérez de Valor.
¿Qué establece el decreto 7-2025?
El decreto 7-2025 reforma varios artículos de la Ley de los Consejos de Desarrollo, transfiriendo a los gobernadores departamentales —nombrados por el Congreso— la facultad de decidir sobre la ejecución de proyectos financiados con fondos públicos. Además, elimina la obligación de que los proyectos sean revisados por la Secretaría de Planificación (SEGEPLAN), lo que, según expertos, deja un vacío en la supervisión técnica.
“Esta ley permitiría a los políticos controlar directamente los proyectos. Es una puerta abierta al clientelismo”, afirmó el analista Carlos Chacón.
Posición del Ejecutivo
El presidente Arévalo aseguró que el veto se basa en argumentos legales sólidos. “No es una decisión política, sino constitucional. Mi deber es proteger el orden institucional y evitar la corrupción”, declaró el mandatario en conferencia de prensa.
El Gobierno también presentó una acción de inconstitucionalidad parcial ante la Corte de Constitucionalidad (CC), buscando frenar la entrada en vigor de la ley mientras se analiza su validez. El Ejecutivo sostiene que el Congreso invadió competencias del Poder Ejecutivo al modificar la estructura de ejecución presupuestaria sin consulta previa.
Apoyo de la sociedad civil y expertos
El veto presidencial al decreto 7-2025 fue respaldado por organizaciones de transparencia y centros de análisis político. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) advirtió que las reformas podrían debilitar los controles de gasto y aumentar el riesgo de corrupción. “El veto fue una decisión acertada. La ley no garantiza rendición de cuentas ni planificación técnica”, expresó el economista Francisco Quezada.
La Fundación Myrna Mack y Acción Ciudadana también se pronunciaron a favor del veto, señalando que los cambios propuestos beneficiarían redes políticas locales y no a las comunidades.
Intentos de revertir el veto
Tras recibir el documento de veto, el Congreso inició las gestiones para discutir su posible rechazo y lograr la promulgación del decreto por insistencia, lo que requeriría el voto favorable de al menos dos tercios del pleno (107 diputados). Los bloques opositores ya anunciaron su intención de reunir los votos necesarios.
“Vamos a insistir en la publicación del decreto. El país necesita desarrollo, no más centralismo”, afirmó el diputado Jorge Ralda de la bancada TODOS.
No obstante, el oficialismo confía en que no alcanzarán los votos requeridos. “La población está vigilando. Este veto no es contra el Congreso, es a favor de la transparencia”, respondió la diputada Morales.
La Corte de Constitucionalidad entra en escena
Mientras continúa el debate legislativo, la Corte de Constitucionalidad admitió para trámite la acción presentada por el Ejecutivo. La CC deberá analizar si el Congreso incurrió en violaciones constitucionales al aprobar el decreto sin respetar las competencias del Ejecutivo y sin estudios técnicos. Si la Corte otorga amparo provisional, el decreto quedaría suspendido temporalmente.
El abogado constitucionalista Edgar Ortiz explicó que “la CC tiene la última palabra, pero su fallo podría tardar semanas. Mientras tanto, el conflicto político seguirá escalando”.
Repercusiones políticas
El veto presidencial al decreto 7-2025 se ha convertido en un símbolo de la tensión entre los poderes del Estado. El presidente Arévalo ha reiterado que su gobierno busca fortalecer la transparencia, mientras los opositores lo acusan de obstaculizar la descentralización.
Analistas políticos consideran que el tema también tiene un trasfondo electoral. “El Congreso está usando esta ley como bandera de gestión territorial, mientras el Ejecutivo defiende su narrativa anticorrupción”, opinó el politólogo Marco Tulio Alvarado.
Reacción ciudadana
En redes sociales, el tema del veto presidencial al decreto 7-2025 generó un intenso debate. Los hashtags #Decreto72025 y #VetoPresidencial se posicionaron entre las tendencias nacionales en X (antes Twitter). Usuarios divididos expresaron apoyo o rechazo a la medida, destacando la importancia de mantener controles en el gasto público.
“Por fin un presidente que defiende la ley”, escribió un usuario, mientras otro respondió: “El veto solo retrasa obras que las comunidades necesitan”.
Conclusión
El veto presidencial al decreto 7-2025 marca un nuevo punto crítico en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. El resultado de este enfrentamiento definirá el rumbo de la gestión pública y la distribución de los recursos en los próximos meses. Mientras el Gobierno apuesta por la legalidad y la transparencia, la oposición insiste en que la descentralización es la clave para el desarrollo. La decisión final dependerá de la Corte de Constitucionalidad, que deberá determinar los límites del poder político y la responsabilidad administrativa en Guatemala.
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