La limpieza social en Guatemala preocupa a las autoridades de seguridad. En las últimas semanas se han registrado múltiples asesinatos de presuntos delincuentes recién liberados, y el Ministerio Público (MP) investiga la existencia de grupos armados que estarían actuando fuera de la ley para imponer su propia “justicia”.
Un fenómeno que vuelve a resurgir
Las autoridades confirmaron al menos 14 casos en los que personas con antecedentes delictivos fueron asesinadas tras salir de prisión o tras ser capturadas y liberadas por falta de mérito. El patrón de los ataques apunta a la presencia de grupos clandestinos que practican la llamada limpieza social, una práctica ilegal que ya se había documentado en décadas anteriores.
“Estamos ante un fenómeno sumamente grave. La limpieza social en Guatemala es una violación directa a los derechos humanos y al Estado de derecho”, afirmó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Según explicó, las unidades de inteligencia policial están rastreando las zonas donde operan estas estructuras, especialmente en la capital y municipios del área metropolitana.
Modus operandi para limpieza social en Guatemala
Los ataques siguen un patrón similar: hombres armados interceptan a las víctimas en motocicletas o vehículos sin placas, les disparan y abandonan el lugar sin robar pertenencias. Las investigaciones del Ministerio Público señalan que en algunos casos, las víctimas habían sido señaladas en redes sociales por delitos como robo, extorsión o violación.
“No se trata de enfrentamientos fortuitos, sino de ejecuciones planificadas”, indicó una fuente de la Fiscalía de Delitos contra la Vida. El MP investiga si estos crímenes son perpetrados por exagentes de seguridad o por civiles que decidieron “tomar la justicia por su cuenta”.
La respuesta del Gobierno
El presidente Bernardo Arévalo condenó las acciones de estos grupos y pidió al Ministerio de Gobernación reforzar la presencia policial en las áreas más afectadas. “La limpieza social en Guatemala no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia. Nadie puede decidir quién vive o muere fuera del sistema judicial”, expresó el mandatario.
Por su parte, el ministro Jiménez confirmó que la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP han conformado una mesa de investigación conjunta para identificar y capturar a los responsables. “Estamos trabajando en operativos encubiertos y en el cruce de información de inteligencia. Este tipo de acciones buscan sembrar miedo, y no lo vamos a permitir”, dijo.
Historial de la limpieza social en Guatemala
El término “limpieza social” se utilizó por primera vez en Guatemala durante la década de 1990, cuando se reportaron ejecuciones extrajudiciales contra supuestos delincuentes, indigentes y jóvenes de barrios marginales. Diversos informes de derechos humanos documentaron la participación de agentes del Estado y grupos parapoliciales en esos hechos.
En los últimos años, el fenómeno parecía haber desaparecido, pero según los registros recientes, está resurgiendo con nuevas formas y estructuras. “La diferencia es que ahora se usan las redes sociales para justificar los crímenes. Se difunden videos o publicaciones que señalan a las víctimas antes de ser asesinadas”, explicó la analista Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA).
Casos recientes
Entre los casos más notorios investigados se encuentra el asesinato de dos hombres en la zona 6 de la capital, quienes habían sido liberados tras cumplir penas cortas por robo agravado. Testigos relataron que las víctimas fueron atacadas por individuos encapuchados que huyeron en motocicletas.
En otro caso, en el municipio de Mixco, una mujer de 25 años con antecedentes por extorsión fue asesinada a pocas horas de salir del centro carcelario. Las cámaras de seguridad captaron a los atacantes siguiendo el vehículo en el que se trasladaba.
El papel de las redes sociales
La limpieza social en Guatemala también se alimenta de la viralización de discursos de odio en redes sociales. Usuarios promueven la idea de que “si la justicia no funciona, hay que actuar”, lo que según expertos contribuye a normalizar la violencia.
El sociólogo Julio Rivera advirtió que “el peligro está en la legitimación social de la violencia. Muchos ciudadanos sienten frustración ante la delincuencia y terminan apoyando medidas ilegales”.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) hizo un llamado a los medios de comunicación y a los usuarios a no difundir información que fomente la venganza o incite al odio.
Acción del Ministerio Público
El Ministerio Público anunció la creación de una unidad especial para investigar los crímenes relacionados con la limpieza social en Guatemala. La fiscal general, María Consuelo Porras, declaró que “ninguna ejecución puede ser justificada bajo el argumento de la inseguridad. Estos casos se investigarán como homicidios dolosos agravados”.
Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos tres grupos sospechosos que operan en el área metropolitana y municipios aledaños. La PNC realiza patrullajes mixtos con unidades de inteligencia para prevenir nuevos ataques.
Opiniones de expertos
El criminólogo Eduardo Salazar explicó que la reaparición de estas prácticas refleja una crisis de confianza en el sistema judicial. “Cuando la población percibe que los delincuentes no pagan sus crímenes, surgen estos grupos que creen tener legitimidad para hacer justicia. Pero es un camino que solo perpetúa la violencia”, afirmó.
Agregó que la respuesta del Estado debe ser fortalecer la investigación criminal y garantizar sentencias efectivas, no permitir la impunidad ni la venganza social.
Derechos humanos en riesgo
Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestaron su preocupación por el incremento de casos de limpieza social en Guatemala. En un comunicado, la entidad pidió al Estado garantizar la protección de los derechos fundamentales y la independencia del sistema judicial.
“La justicia por mano propia debilita el Estado de derecho y puede abrir la puerta a ejecuciones sistemáticas”, señaló la OACNUDH. La institución ofreció cooperación técnica al Gobierno guatemalteco para fortalecer los mecanismos de prevención y control.
El llamado de la Iglesia y la sociedad civil
La Conferencia Episcopal de Guatemala también se pronunció sobre la situación, pidiendo que cesen los asesinatos y que la población confíe en las instituciones. “La vida humana es sagrada, y ningún ciudadano puede convertirse en juez y verdugo”, expresó el arzobispo metropolitano, Gonzalo de Villa.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos convocaron a manifestaciones pacíficas para exigir justicia por las víctimas y el desmantelamiento de los grupos armados ilegales.
Conclusión
La limpieza social en Guatemala pone en evidencia una profunda crisis de justicia, seguridad y confianza institucional. Aunque muchos ciudadanos expresan frustración ante la delincuencia, la violencia no puede combatirse con más violencia. El desafío del Estado guatemalteco es garantizar seguridad sin violar los derechos humanos, fortalecer la justicia y devolverle a la población la certeza de que la ley puede y debe aplicarse con equidad y firmeza.
Para más información en Nuevo Mundo
