El derrumbe en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador provocó el cierre total del tránsito y levantó sospechas sobre posibles negligencias ambientales. El Ministerio de Ambiente (MARN) investiga si la obra afectada contaba con los permisos de impacto ambiental correspondientes y si se realizaron evaluaciones técnicas antes de construir en la zona.
El colapso que paralizó la carretera por derrumbe
El derrumbe en el kilómetro 24 registrado a finales de septiembre ha generado uno de los mayores desastres viales del año. Toneladas de tierra, lodo y rocas cayeron sobre la carretera que conecta la capital con el oriente del país, obligando al cierre indefinido del paso y afectando a miles de conductores y comerciantes.
Las primeras evaluaciones del Ministerio de Comunicaciones (MICIVI) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) determinaron que la inestabilidad del terreno se debía a la saturación de los suelos por las lluvias. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) abrió una investigación paralela para determinar si la construcción cercana al talud tenía los permisos ambientales requeridos.
Investigación del MARN
El ministro de Ambiente, Rafael López, confirmó que una empresa privada realizaba movimientos de tierra en un área próxima al punto del colapso. “El MARN está verificando si los trabajos contaban con licencia ambiental vigente. Si no la tenían, podrían haber contribuido al deslizamiento”, explicó el funcionario.
Inspectores del Departamento de Control Ambiental tomaron muestras del suelo y revisaron los registros de construcción. Se sospecha que las obras afectaron la cobertura vegetal que servía como barrera natural de contención, debilitando la pendiente del terreno.
“Toda intervención en zonas de ladera requiere estudios geotécnicos y drenaje adecuado. Si se omitieron esos procedimientos, hay responsabilidad administrativa y penal”, agregó López.
Posibles irregularidades
Fuentes cercanas al MICIVI indicaron que los trabajos en el área pertenecían a un proyecto de desarrollo urbano que había sido suspendido en 2024 por incumplimiento ambiental. A pesar de la suspensión, las obras continuaron de manera irregular, lo que pudo agravar el riesgo de derrumbe.
“Las máquinas siguieron trabajando de noche, sin supervisión. Todos sabíamos que eso iba a pasar”, relató un vecino del sector que pidió anonimato. El MARN no descartó sanciones económicas ni la clausura definitiva del proyecto, en caso de confirmarse las irregularidades.
Daños y consecuencias
El derrumbe en el kilómetro 24 afectó un tramo de aproximadamente 300 metros, provocando el colapso de la calzada y el bloqueo total del paso. Las autoridades estiman que más de 60 mil vehículos han tenido que utilizar rutas alternas, generando caos vial en sectores como Villa Canales, Muxbal y Bárcenas.
El ministro de Comunicaciones, José Fernando Morales, indicó que la reconstrucción del tramo podría tardar más de tres meses, dependiendo de las condiciones climáticas. “Primero debemos estabilizar el terreno y luego definir si la carretera puede rehabilitarse o si se necesita una nueva ruta”, explicó.
Impacto ambiental
El MARN advirtió que el derrumbe destruyó parte de un bosque secundario y afectó el cauce de un río cercano. “Hubo arrastre de sedimentos hacia corrientes naturales, lo que puede afectar la calidad del agua y la biodiversidad del área”, dijo el viceministro de Ambiente, Manuel García.
El ministerio anunció la implementación de un plan de mitigación que incluirá reforestación, control de erosión y monitoreo hidrológico. Asimismo, se solicitó a la empresa responsable presentar un estudio actualizado de impacto ambiental y un plan de restauración ecológica.
Postura de la empresa constructora
Representantes de la empresa involucrada, cuyo nombre no ha sido revelado oficialmente, afirmaron que contaban con los permisos necesarios y que el colapso fue consecuencia de “causas naturales excepcionales”. En un comunicado, la compañía expresó su disposición a colaborar con las investigaciones y aportar los documentos solicitados por el MARN.
Sin embargo, ambientalistas y vecinos han cuestionado la versión de la empresa. “Los deslizamientos no ocurren de la nada. Si hubo deforestación y movimientos de tierra, alguien debe responder”, declaró Claudia Morales, integrante del colectivo Ecoguate.
Opinión de expertos por derrumbe
El geólogo Juan Carlos Monzón explicó que el área del kilómetro 24 tiene una composición de suelos arcillosos y altamente inestables. “Es una zona de riesgo permanente. La construcción sin planificación y el mal drenaje agravan la probabilidad de deslizamientos”, advirtió.
Monzón recomendó que el MARN y el MICIVI establezcan una coordinación más estricta para evitar que los permisos ambientales se emitan sin estudios geotécnicos adecuados. “Las licencias no pueden ser un trámite burocrático, deben basarse en ciencia”, enfatizó.
Reacciones ciudadanas y políticas
El derrumbe en el kilómetro 24 generó indignación en redes sociales. Los usuarios exigieron responsabilidades a las autoridades por permitir construcciones en zonas de riesgo. Los hashtags #DerrumbeKm24 y #RutaElSalvador se posicionaron entre las principales tendencias nacionales.
“No aprendimos nada del desastre del año pasado”, escribió un usuario en X. Otro comentó: “Mientras sigan construyendo sin control, esto se repetirá cada invierno”.
En el Congreso, algunos diputados solicitaron la comparecencia del ministro de Ambiente y del titular del MICIVI para rendir cuentas sobre la supervisión de los proyectos en el área.
Medidas preventivas
El MARN anunció que implementará un plan nacional para reforzar la vigilancia ambiental en zonas de ladera y carreteras con riesgo geológico. También propuso actualizar el reglamento de construcción en pendientes pronunciadas y exigir estudios de impacto más rigurosos.
“No podemos seguir aprobando proyectos que ponen vidas humanas en peligro. El desarrollo debe ser sostenible y responsable”, señaló el ministro López.
Conclusión
El derrumbe en el kilómetro 24 no solo representa un colapso vial, sino también una alerta sobre la falta de control ambiental y la débil fiscalización de las obras en Guatemala. Mientras el MARN avanza en sus investigaciones, la ciudadanía exige transparencia, sanciones ejemplares y una revisión integral de las licencias otorgadas en zonas de riesgo. La reconstrucción del país requiere una nueva cultura ambiental donde el progreso no se construya a costa de la naturaleza.
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