Las protestas de exsoldados y expatrulleros volvieron a tomar las calles del centro de la capital. Decenas de veteranos exigieron al Congreso el cumplimiento de promesas de compensación económica y la aprobación de un fondo especial que reconozca los años de servicio prestados durante el conflicto armado interno.
Protestas de exsoldados reclaman justicia y cumplimiento
Las protestas de exsoldados y expatrulleros se concentraron desde las primeras horas frente al Palacio Legislativo. Con pancartas, consignas y banderas, exigieron al Congreso de la República y al Ejecutivo cumplir con los compromisos adquiridos desde hace más de una década. El reclamo principal: el pago de Q30 mil por persona, como compensación por los servicios prestados durante el conflicto armado, así como la inclusión en programas sociales y médicos permanentes.
“Fuimos llamados a defender la patria, y ahora nos olvidaron. Solo pedimos lo que por ley nos corresponde”, expresó Pedro García, representante del movimiento de veteranos, mientras encabezaba la manifestación frente a las vallas del Congreso.
Congreso rodeado por manifestantes
Durante la jornada, las autoridades de tránsito informaron que el acceso por la 9a avenida y 10a calle de la zona 1 estuvo cerrado debido a la magnitud de las protestas de exsoldados y expatrulleros. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron desplegados para mantener el orden, mientras que diputados suspendieron temporalmente la sesión plenaria programada para ese día.
De acuerdo con reportes de medios locales, los manifestantes arribaron desde distintos departamentos del país, incluyendo Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Jalapa. Algunos viajaron durante la noche para unirse a la movilización nacional convocada por el Comité Pro Resarcimiento del Veterano Militar.
La demanda histórica de los excombatientes
Las protestas de exsoldados y expatrulleros no son nuevas. Desde 2021, los grupos de veteranos han exigido al Estado un reconocimiento económico por su participación en patrullajes durante la guerra interna (1960-1996). Aunque se aprobaron varios acuerdos legislativos, los fondos nunca se ejecutaron por falta de asignación presupuestaria y conflictos políticos.
En 2022, el Congreso aprobó el Decreto 84-2022, que autorizaba la creación de un fondo de Q1,500 millones para compensaciones, pero fue vetado por la Corte de Constitucionalidad al considerar que violaba principios presupuestarios. Desde entonces, los veteranos han mantenido una serie de manifestaciones periódicas frente al Congreso, la Casa Presidencial y el Ministerio de Finanzas.
Expatrulleros exigen inclusión en programas sociales
Los expatrulleros civiles, agrupados en la Asociación Nacional de PAC Retirados, se sumaron a las protestas de exsoldados y expatrulleros exigiendo acceso a programas de vivienda, salud y pensiones. “Muchos de nosotros ya somos adultos mayores, enfermos, y sin ingresos. Lo que pedimos no es un favor, es justicia”, declaró Rafael López, dirigente del grupo.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó que actualmente más del 70% de los ex patrulleros no cuenta con cobertura médica ni acceso a jubilación. Las organizaciones civiles piden que el Estado los incluya en los programas de apoyo a personas de la tercera edad.
Postura del Gobierno
El presidente Bernardo Arévalo expresó respeto al derecho de manifestación, pero recordó que el Gobierno no puede comprometer fondos que no estén incluidos en el presupuesto vigente. “Sabemos que los veteranos tienen reclamos legítimos, pero debemos actuar con responsabilidad fiscal. No podemos repetir errores del pasado”, señaló el mandatario durante una entrevista.
Arévalo explicó que el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de la Defensa trabajan en una propuesta viable que reconozca a los exmilitares sin poner en riesgo la estabilidad económica del país. “Queremos una solución sostenible, no una medida populista”, añadió.
Respuesta del Congreso
Mientras las protestas de exsoldados y expatrulleros se desarrollaban afuera, dentro del Congreso los jefes de bloque discutían la posibilidad de crear una comisión legislativa temporal que revise las peticiones del sector. El diputado Mario Taracena propuso la reactivación del Fondo de Resarcimiento Social para los Veteranos, aunque aclaró que su financiamiento debe ser transparente y fiscalizado.
“La historia nos ha demostrado que cualquier programa de compensación puede ser utilizado con fines políticos. Debemos evitar eso”, señaló Taracena. La propuesta recibió respaldo de varias bancadas, pero aún no se ha definido una fecha para su votación.
Seguridad durante las manifestaciones
La PNC reportó que las protestas de exsoldados y expatrulleros se desarrollaron sin incidentes graves. Sin embargo, algunas personas denunciaron el uso de gas lacrimógeno para dispersar grupos que intentaron acercarse a las puertas principales del Congreso. Los Bomberos Municipales atendieron a tres manifestantes con problemas respiratorios leves.
La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) envió observadores para verificar que se respetaran los derechos de los manifestantes. “La protesta social es un derecho constitucional, y el Estado debe garantizar su ejercicio en condiciones seguras”, señaló la institución en un comunicado.
Impacto en la movilidad
Las protestas de exsoldados y expatrulleros generaron caos vehicular en el centro histórico. Los desvíos de tránsito se extendieron hasta la 12 avenida y la 6a calle de la zona 1. La Municipalidad de Guatemala recomendó evitar el área y utilizar vías alternas como el Anillo Periférico y la Avenida Elena. Transportistas reportaron retrasos de más de dos horas, mientras comerciantes del área manifestaron preocupación por la baja afluencia de clientes.
Voces encontradas en la sociedad
El tema de las protestas de exsoldados y expatrulleros divide a la opinión pública. Algunos ciudadanos expresaron apoyo a los veteranos por su labor en defensa del país, mientras que otros consideran injusto que se destinen fondos públicos para indemnizaciones sin criterios de transparencia. “Todos tenemos derecho a reconocimiento, pero el dinero del Estado debe invertirse en educación y salud, no en prebendas políticas”, opinó la analista económica María del Carmen Reyes.
Perspectivas futuras
El Gobierno planea establecer una mesa de diálogo permanente con representantes de los exsoldados y expatrulleros. La viceministra de Gobernación, Claudia Palencia, explicó que el objetivo es buscar una salida consensuada y evitar más bloqueos o manifestaciones en las próximas semanas.
“Queremos construir soluciones con respeto, no bajo presión. Los exmilitares tienen derecho a ser escuchados, pero también tenemos que garantizar el funcionamiento del país”, aseguró Palencia.
Conclusión
Las protestas de exsoldados y expatrulleros reflejan una deuda histórica que el Estado aún no ha resuelto. Entre la necesidad de justicia social y la responsabilidad fiscal, el reto del Gobierno y el Congreso será encontrar un equilibrio que permita cerrar este capítulo con dignidad y transparencia. El diálogo y la voluntad política serán esenciales para transformar los reclamos en soluciones reales y sostenibles.
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