La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República solicitó de manera formal la destitución del Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, junto con los relatores contra la Tortura. La petición surge tras los cuestionamientos hacia las resoluciones emitidas por dichas autoridades, las cuales habrían influido en una decisión judicial que ordenó el traslado del pandillero conocido como alias “El Lobo”, líder del Barrio 18.
El tema ha generado un amplio debate dentro del Organismo Legislativo, ya que los diputados de la Comisión de distintas bancadas señalan que las actuaciones de Córdova y de los relatores han puesto en entredicho la independencia judicial, la seguridad pública y la confianza ciudadana en el sistema de protección de los derechos humanos.
Antecedentes del caso Comisión
El detonante de esta controversia fue la resolución de un juzgado que ordenó el traslado de prisión de Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, considerado uno de los principales cabecillas de la pandilla del Barrio 18. La medida permitió que pasara de la cárcel de máxima seguridad a otro centro penitenciario, generando preocupación en diversos sectores por los riesgos que dicha acción implicaba para la seguridad del país.
De acuerdo con los señalamientos, tanto el Procurador como los relatores contra la Tortura habrían emitido informes y recomendaciones que fueron utilizados por la defensa del reo y considerados por el juez para justificar el traslado. Esto, según los diputados, pone en evidencia una injerencia que podría favorecer indirectamente a estructuras criminales.
Postura de la Comisión
Durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, varios parlamentarios coincidieron en que el actuar del Procurador y los relatores no responde a los intereses del pueblo guatemalteco. Según la argumentación, en lugar de velar por la protección de las víctimas, se habría dado prioridad a los derechos de personas vinculadas con estructuras del crimen organizado.
El presidente de la Comisión manifestó que la solicitud de destitución será trasladada al pleno del Congreso, donde deberá discutirse y someterse a votación. Si la moción prospera, se abriría un procedimiento formal para evaluar la permanencia de Córdova y de los relatores en sus cargos.
Reacciones de los diputados de la Comisión
El tema dividió opiniones dentro del Congreso. Diputados de oposición han advertido que el proceso podría convertirse en una herramienta política para debilitar instituciones que deben ser autónomas. Sin embargo, legisladores oficialistas y de bloques afines recalcaron que se trata de una medida necesaria para garantizar la seguridad del país y frenar posibles influencias indebidas en el sistema judicial.
“La población no puede estar en manos de decisiones que beneficien a quienes han causado tanto daño al país. El Procurador ha perdido legitimidad y es nuestro deber tomar cartas en el asunto”, expresó uno de los congresistas durante la reunión.
Respuesta del Procurador
Ante la solicitud de destitución, Alejandro Córdova defendió su labor al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En declaraciones a la prensa, señaló que su trabajo siempre se ha enmarcado en la Constitución y en los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que Guatemala ha suscrito.
“El rol del Procurador no es popular, sino de defensa de los derechos fundamentales. No se trata de justificar delitos ni criminales, sino de velar porque se cumpla con la dignidad humana en todos los ámbitos. Es lamentable que se utilice una resolución judicial para atacarnos”, comentó Córdova.
Por su parte, los relatores contra la Tortura también rechazaron los señalamientos, argumentando que su labor consiste en supervisar condiciones carcelarias y emitir informes técnicos, sin tener injerencia directa en las decisiones judiciales.
Opiniones de la sociedad civil
Diversas organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la solicitud de destitución. Según manifestaron, la medida podría representar un retroceso en la protección de los derechos fundamentales en el país, al debilitar una institución que históricamente ha servido de contrapeso al poder estatal.
No obstante, sectores empresariales y asociaciones ciudadanas respaldaron la postura del Congreso, señalando que en un contexto de violencia y criminalidad como el que vive Guatemala, las instituciones deben priorizar la seguridad y la justicia de la Comisión.
Impacto político
La solicitud de destitución del Procurador se da en un momento de alta tensión política, cuando el gobierno y el Congreso enfrentan cuestionamientos por el rumbo de la seguridad, la justicia y el manejo de recursos públicos. Analistas coinciden en que esta medida puede abrir un nuevo capítulo de confrontación entre el Legislativo y las entidades de control.
Además, el caso refleja la delicada relación entre la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el crimen organizado, un dilema constante en Guatemala y en otros países de la región, donde los límites entre la protección de garantías individuales y la seguridad colectiva suelen generar controversia.
El futuro del proceso
Ahora, el pleno del Congreso tendrá en sus manos la decisión de iniciar o no el procedimiento de destitución. Para ello, se requiere mayoría calificada, lo que implica que se necesitarán negociaciones políticas entre las distintas bancadas. En caso de aprobarse, se abriría un debate más amplio sobre el rumbo de la Procuraduría y su papel en el fortalecimiento institucional del país.
Mientras tanto, la Procuraduría de los Derechos Humanos continúa con su labor, enfrentando críticas y respaldos de distintos sectores. El desenlace de este proceso será clave para determinar la independencia y credibilidad de las instituciones democráticas en Guatemala.
Conclusión
La solicitud de destitución del Procurador Alejandro Córdova y de los relatores contra la Tortura refleja las tensiones políticas y sociales que atraviesa Guatemala. El caso pone en evidencia la frágil relación entre derechos humanos, seguridad y justicia, en un país que lucha por encontrar un equilibrio entre proteger la dignidad humana y garantizar la tranquilidad de su población.
En las próximas semanas, el Congreso deberá decidir si avanza o no con la destitución, una decisión que marcará un precedente en la historia reciente del país y que seguramente seguirá generando debate en la opinión pública.
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