El Decreto 7-2025 ha generado un intenso debate entre alcaldes, autoridades y expertos en finanzas públicas. Aún es incierto su destino, y mientras los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (COCODES) esperan poder utilizar los fondos asignados al próximo año, la ejecución del presupuesto 2025 alcanza apenas el 29%, según datos oficiales.
El tema del Decreto 7-2025 cobró relevancia cuando un grupo de alcaldes, encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Sebastián Siero, entregó formalmente una carta al presidente Bernardo Arévalo solicitando su pronta sanción. Los líderes comunales argumentan que estos recursos son fundamentales para el desarrollo local y para atender necesidades básicas de las comunidades.
Contexto y origen del Decreto 7-2025
El Decreto 7-2025 fue aprobado por el Congreso de la República con el objetivo de garantizar la continuidad de los proyectos de los COCODES durante el próximo año fiscal. La iniciativa busca evitar que los proyectos de infraestructura, educación, salud y servicios básicos queden paralizados debido a retrasos en la asignación de recursos. Sin embargo, la ejecución del presupuesto vigente ha sido lenta, y apenas se ha completado el 29% de los recursos planificados para este año.
Expertos en finanzas y administración pública señalan que la baja ejecución refleja problemas estructurales en los procesos de planificación y supervisión de los fondos. “Cuando solo se ejecuta menos de un tercio del presupuesto, la capacidad de inversión y el impacto en las comunidades se reduce drásticamente. Esto genera incertidumbre sobre la viabilidad de las actividades futuras bajo el Decreto 7-2025”, explicó un analista financiero que prefirió mantenerse en anonimato.
Reunión de alcaldes y planteamientos
La entrega de la carta en Casa Presidencial por parte de los alcaldes generó gran expectativa. Los representantes municipales solicitaron al presidente Arévalo sancionar el Decreto 7-2025 a la brevedad, argumentando que los fondos permitirían continuar con proyectos de infraestructura vial, electrificación, agua potable, educación y salud, sin depender de retrasos burocráticos.
Durante la reunión, los alcaldes expusieron casos concretos donde la falta de recursos había detenido la ejecución de obras prioritarias para las comunidades. Según declaraciones de uno de los asistentes, “muchas aldeas dependen de proyectos que los COCODES administran, y sin estos fondos, la calidad de vida de miles de personas se ve afectada”.
El desafío de la ejecución presupuestaria
La ejecución del presupuesto nacional ha sido un tema recurrente en debates sobre transparencia y eficiencia. En el caso del Decreto 7-2025, la lentitud en la utilización de recursos plantea riesgos para el desarrollo local. La Ley de Presupuesto establece que los recursos deben emplearse de manera oportuna, pero la realidad demuestra retrasos en trámites administrativos, licitaciones y transferencias de fondos.
“Si la ejecución no mejora, no solo se retrasan los proyectos, sino que también se pierde confianza en los organismos responsables. Los COCODES necesitan un marco legal claro para operar, y el Decreto 7-2025 es una herramienta fundamental para ello”, añadió el analista.
Impacto en las comunidades
Los fondos que administra el Decreto 7-2025 tienen un efecto directo en la vida de los guatemaltecos. Proyectos de electrificación, construcción de centros educativos, caminos rurales y sistemas de agua potable dependen de estos recursos. La demora en su utilización significa que muchas comunidades seguirán enfrentando dificultades en servicios básicos, lo que puede afectar la educación, la salud y la economía local.
Un representante comunitario de Santa Rosa señaló: “Si el Decreto 7-2025 no se sanciona, los proyectos que beneficiarán a nuestros niños y familias quedarán estancados. Necesitamos certeza y acción inmediata”.
Perspectiva de las autoridades
Desde el Ejecutivo, se ha indicado que el tema del Decreto 7-2025 se analiza cuidadosamente para garantizar su correcta implementación. La Presidencia busca un equilibrio entre sancionar el decreto y asegurar que los recursos se manejen con transparencia, evitando irregularidades que puedan afectar a las comunidades.
La cartera de Finanzas informó que el 29% de ejecución presupuestaria incluye proyectos de infraestructura, educación y salud, pero reconoció que el ritmo de gasto es insuficiente para cubrir las necesidades planteadas por los COCODES. Por ello, se están evaluando mecanismos que permitan acelerar la liberación de fondos y mejorar el seguimiento a los proyectos en ejecución.
Críticas y recomendaciones
Varios expertos y organizaciones de sociedad civil han recomendado mayor transparencia en la administración de los recursos. Consideran que el Decreto 7-2025 podría ser una herramienta efectiva siempre que se acompañe de auditorías periódicas, controles estrictos y supervisión ciudadana.
“La sanción del decreto debe ir de la mano con un plan de seguimiento que asegure que cada quetzal llegue a su destino y genere resultados tangibles para las comunidades”, enfatizó un representante de la sociedad civil. Además, se han sugerido capacitaciones para los miembros de los COCODES en gestión de proyectos y control financiero.
El futuro del Decreto 7-2025
Con la carta entregada al presidente Arévalo, los alcaldes esperan una respuesta clara en las próximas semanas. La sanción del Decreto 7-2025 permitirá que los COCODES utilicen los fondos sin interrupciones y planifiquen de manera más efectiva sus proyectos comunitarios. La incertidumbre actual genera preocupación, pero también expectativa sobre los posibles avances en la administración de recursos.
Para muchos, la aprobación del decreto no solo representa recursos financieros, sino también un respaldo a la descentralización y al fortalecimiento del desarrollo local. Los alcaldes coinciden en que el acceso a estos fondos es clave para atender las necesidades reales de sus comunidades.
Conclusión
El Decreto 7-2025 se mantiene como un tema crucial para Guatemala. Con apenas el 29% del presupuesto 2025 ejecutado, la sanción de esta normativa se convierte en una prioridad para garantizar la continuidad de los proyectos de los COCODES. Mientras tanto, alcaldes, autoridades y ciudadanos permanecen atentos a los próximos pasos del Ejecutivo, esperando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.
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