El ataque estadounidense a una «narcolancha» en aguas internacionales provocó la muerte de 11 civiles y desató dudas sobre la legalidad de la operación
La narcolancha interceptada por Estados Unidos en aguas internacionales dejó un saldo de 11 civiles muertos. Según Donald Trump, la embarcación transportaba «una gran cantidad de drogas», aunque no se ha proporcionado información detallada sobre la operación. La identidad de los tripulantes sigue siendo desconocida, generando un fuerte debate sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza.
El gobierno de Venezuela cuestionó la veracidad del video compartido por Trump, sugiriendo que podría tratarse de una maniobra mediática para justificar la acción militar. Expertos en derecho internacional advierten que ataques de este tipo podrían constituir violaciones a los tratados internacionales y derechos humanos fundamentales.
Reacciones desde Caracas y la región
El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, expresó su preocupación por la narcolancha y señaló que la operación dejó demasiadas preguntas sin responder. Se desconoce el origen de la embarcación, así como la legitimidad de los supuestos objetivos del ataque.
Cabello destacó la falta de explicación sobre cómo se determinó la amenaza y enfatizó que la muerte de 11 personas podría constituir una ejecución extrajudicial. La ausencia de información oficial ha generado tensión diplomática y ha puesto en entredicho la política estadounidense de interdicción marítima.
Contexto legal y derechos humanos
El antropólogo y experto en derecho internacional, Brian Finucane, indicó que cualquier uso de la fuerza en aguas internacionales debe cumplir con la Carta de la ONU. La narcolancha fue presentada por la Administración Trump como una amenaza, sin que se haya demostrado que los tripulantes pudieran iniciar un ataque.
Finucane añadió que el gobierno venezolano señaló que el video difundido fue generado mediante inteligencia artificial. Expertos advierten que la operación podría sentar un precedente preocupante, normalizando ataques letales sin la debida autorización ni juicio, vulnerando la normativa internacional.
Condenas y críticas internacionales
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó enérgicamente el ataque a la narcolancha. Destacó que, históricamente, los civiles involucrados en transporte de drogas se capturan sin recurrir a la violencia letal. Petro señaló que los tripulantes suelen ser jóvenes pobres y no narcotraficantes de alto nivel.
El mandatario colombiano insistió en que bombardear la narcolancha rompe el principio de proporcionalidad y aumenta el riesgo de abusos, mientras compartía videos de operaciones de interdicción que no ocasionan muertes, demostrando que existen alternativas menos letales y más seguras para manejar la situación.
La narcolancha y la lucha contra el terrorismo
En febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. incluyó al Tren de Aragua en la lista de organizaciones terroristas. Esto ha sido citado como justificación de la operación contra la narcolancha, en el marco de la lucha contra el terrorismo internacional.
Sin embargo, el experto Kai Ambos argumenta que incluso en la lucha antiterrorista, los estados de derecho deben garantizar la captura de sospechosos y su proceso judicial. La ejecución directa de los tripulantes de la narcolancha sin juicio constituye, según expertos, una clara violación del derecho internacional y los principios de proporcionalidad y humanidad.
Impacto regional y futuros riesgos
La narcolancha se ha convertido en un símbolo de la tensión entre Estados Unidos y los países del Caribe y América Latina. Venezuela, Colombia y otros gobiernos exigen explicaciones sobre el operativo, mientras se cuestiona la veracidad de los supuestos cargos de narcotráfico.
El caso alerta sobre posibles futuros ataques similares, normalizando el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin supervisión judicial. Analistas internacionales consideran que esta situación podría aumentar la desconfianza en la cooperación regional y la seguridad marítima.
La narcolancha, su tripulación y las implicaciones legales del ataque seguirán siendo motivo de debate en la comunidad internacional, que exige transparencia, cumplimiento de tratados y respeto a los derechos humanos.
Cortesía de RT
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