Los procesados por la muerte de Melissa Palacios, María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín, deberán enfrentar juicio por asesinato
Los procesados por la muerte de Melissa Palacios, identificados como María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín, deberán enfrentar juicio por el delito de asesinato. Así lo resolvió la jueza Carol Yesenia Berganza, titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, tras considerar que existen indicios suficientes que vinculan a ambos con el crimen ocurrido en abril de 2024.
Resolución judicial
Durante la audiencia de etapa intermedia, la jueza Berganza escuchó los argumentos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), que solicitó que los acusados fueran enviados a debate oral y público por el delito de asesinato. El tribunal determinó que las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas hasta ahora permiten establecer que los procesados por la muerte de Melissa Palacios deben responder ante la justicia.
Los acusados: María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín
La investigación señala a procesados a María Fernanda Bonilla Archila como la autora intelectual del hecho, mientras que José Luis Marroquín es señalado de haber participado de manera activa en la ejecución del crimen. Ambos fueron detenidos en 2024 y desde entonces permanecen en prisión preventiva, mientras se desarrolla el proceso judicial.
Según el MP, las pruebas presentadas muestran comunicaciones, registros de llamadas y testimonios que los vinculan con la planificación y materialización del asesinato.
Antecedentes del caso Melissa Palacios
El asesinato de Melissa Palacios causó gran conmoción en la opinión pública. La joven, quien fue reportada como desaparecida, fue localizada sin vida en circunstancias que levantaron sospechas de un crimen planificado. Desde el inicio de la investigación, el MP estableció líneas de investigación que apuntaban a un círculo cercano a la víctima.
La presión social y mediática obligó a las autoridades a acelerar las diligencias, ya que el caso fue visto como un ejemplo de los altos índices de violencia y de la necesidad de una respuesta efectiva por parte de las instituciones de justicia.
El rol del Juzgado de Mayor Riesgo C
El Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza, tiene competencia en casos de alto impacto, principalmente aquellos relacionados con crimen organizado, corrupción y delitos que generan conmoción social. La jueza Berganza decidió rechazar incidentes presentados por la defensa de los acusados, quienes pedían el cierre del caso.
La jueza consideró que las pruebas del Ministerio Público son suficientes para continuar con el proceso, lo que significa que los procesados por la muerte de Melissa Palacios deberán ir a juicio.
Pruebas presentadas por el Ministerio Público
La Fiscalía presentó un conjunto de pruebas que incluyen:
- Registros de llamadas telefónicas entre los acusados antes y después del asesinato.
- Testimonios de personas cercanas a la víctima que señalan conflictos previos con los sindicados.
- Dictámenes periciales que relacionan evidencias encontradas en la escena del crimen con los procesados.
- Seguimiento de movimientos financieros que evidenciarían un posible pago relacionado con la planificación del asesinato.
Estos elementos fueron considerados por la jueza suficientes para ordenar la apertura del juicio oral.
Posición de la defensa
Los abogados defensores de los acusados argumentaron que las pruebas presentadas por el MP son circunstanciales y que no existe evidencia directa que vincule a los procesados, Bonilla Archila y Marroquín con la muerte de Melissa Palacios. También indicaron que el proceso ha estado marcado por la presión mediática y social, lo que, a su criterio, podría afectar la imparcialidad judicial.
Sin embargo, la jueza Berganza resolvió que los señalamientos deben ventilarse en un juicio, donde se podrá analizar de manera más exhaustiva la validez de las pruebas y los argumentos de ambas partes.
Impacto social del caso
El asesinato de Melissa Palacios y el proceso en contra de los acusados ha generado un debate nacional sobre la violencia contra las mujeres, el papel de la justicia en casos de alto impacto y la necesidad de garantizar procesos transparentes. Organizaciones de derechos humanos han seguido de cerca el caso, mientras que colectivos feministas han exigido que no exista impunidad.
La resolución de enviar a los procesados por la muerte de Melissa Palacios a juicio fue recibida con reacciones diversas. Mientras familiares y amigos de la víctima consideran que es un paso hacia la justicia, sectores cercanos a los acusados han cuestionado la resolución judicial.
El camino hacia el juicio
Con la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo C, el caso pasará a la fase de debate. En esta etapa, el Tribunal de Sentencia correspondiente deberá programar las audiencias para escuchar a testigos, peritos y analizar las pruebas documentales. Se prevé que el proceso tenga amplia cobertura mediática debido al impacto del caso en la opinión pública.
De ser hallados culpables, los procesados por la muerte de Melissa Palacios podrían enfrentar penas que superan los 25 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal para el delito de asesinato.
Expectativa ciudadana
La ciudadanía se mantiene a la expectativa sobre el desarrollo del juicio. La familia de la víctima ha reiterado su confianza en que las autoridades judiciales garantizarán un proceso justo y transparente. Por su parte, la Fiscalía ha señalado que continuará trabajando para que el caso avance con celeridad y se logre una sentencia que responda al clamor de justicia.
