2025-04-16
Nuevo Mundo – 96.1
En Estados Unidos, la deportación pende sobre los migrantes irregulares como una espada de Damocles. Sin embargo, ahora, esta amenaza ha adquirido una nueva dimensión: la posibilidad de ser enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.Desde marzo de 2025, el Gobierno de Donald Trump ha expulsado de Estados Unidos a 271 migrantes salvadoreños y venezolanos, para que sean recluidos en la megaprisión CECOT, en El Salvador. Washington argumenta que se trata de miembros de organizaciones criminales, como el Tren de Aragua o las Maras, pero no ha presentado pruebas.Delincuentes e inocentesMientras, familiares y organizaciones de derechos humanos advierten que entre los deportados se encuentran personas inocentes, sin antecedentes penales. El caso más emblemático es el del salvadoreño Kilmar Ábrego García, expulsado por «un error administrativo».Hasta ahora, el mandatario norteamericano y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, se niegan a liberarlo y regresarlo a Estados Unidos, ignorando la respectiva orden de la Corte Suprema de ese país. Donald Trump incluso baraja la idea de enviar al CECOT a delincuentes estadounidenses.Falta de información y transparenciaActualmente se desconocen la identidad y el paradero de las personas deportadas, es decir, si realmente están detenidas en el CECOT o en otra prisión salvadoreña, destaca Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la organización de derechos humanos estadounidense WOLA.»Sin las identidades es difícil corroborar si realmente tienen un registro criminal. Por ello, en medio de esta severa crisis de derechos humanos, ocho congresistas estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado para que informe al Congreso sobre los detalles de las negociaciones», dice la experta a DW.El acuerdo nació tras un encuentro privado entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el presidente Nayib Bukele, en febrero pasado.»Desaparición forzada»Irene Cuéllar, investigadora regional de la Oficina para Las Américas de Amnistía Internacional (AI), incluso habla de «desaparición forzada», puesto que «tampoco se ha garantizado la comunicación de los deportados con familiares ni el acceso a asistencia legal».»El acuerdo no ha sido hecho público, lo que constituye una grave violación a los principios de transparencia y rendición de cuentas. No obstante, reportes de prensa indican que Estados Unidos estaría transfiriendo al Gobierno salvadoreño seis millones de dólares por el encarcelamiento de estas personas durante un año», explica Cuéllar a DW.En su opinión, el pacto «abre la puerta a la normalización de la violencia institucional como herramienta de gestión migratoria, política exterior y de control social transnacional».Además, prosigue la investigadora de AI, «atenta directamente contra pilares fundamentales de cualquier democracia: la presunción de inocencia, el debido proceso legal y la prohibición absoluta de la detención arbitraria».Modelo «ilegal, sin precedentes»La expulsión de personas de territorio estadounidense para recluirlas en una prisión centroamericana «es completamente ilegal, sin precedentes», observa, por su parte, la abogada salvadoreña Leonor Arteaga Rubio, directora de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).»En una democracia, la Corte debería ordenar la libertad inmediata de esas personas, pero, en El Salvador, no hay independencia de poderes, la Corte hace lo que Bukele quiere», subraya, y agrega que «ninguna democracia puede ni debe respaldar, y menos imitar, un modelo así».En entrevista con DW, Arteaga Rubio pronostica que el «acuerdo se va a mantener por largo rato». Tanto Trump como Bukele «quieren lanzar y sostener el mensaje de que cualquiera que se considere enemigo de Trump puede ser enviado a la cárcel de Bukele, que funciona como un hoyo negro, un nuevo Guantánamo, del cual no se sale. Ningún juez puede poner un alto, la ley en esa cárcel es la de Bukele, con total apoyo de Trump», sostiene.Un «limbo jurídico»También Roberto López Salazar, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, hace hincapié en que el acuerdo carece de una «explicación formal y pública», y destaca la complejidad del caso de los migrantes venezolanos detenidos en el CECOT.A falta de una política correspondiente, su destino depende de la «voluntad política» de las autoridades involucradas, cree. Por tanto, López Salazar insiste en la necesidad de hacer «presión internacional para que el caso no quede en una especie de limbo jurídico y termine en impunidad».»Mientras no existan consecuencias políticas o legales reales, el riesgo de que este modelo se consolide y se exporte como política de control migratorio es cada vez más alto», añade Irene Cuéllar, de AI.Si bien Ana María Méndez Dardón, de WOLA, también exige «presión internacional y diplomática» para «que se haga pública la información y haya una revisión caso por caso», duda que el modelo del pacto entre Washington y San Salvador pueda replicarse en otros países con una fuerte presencia del crimen organizado, como Honduras o México.»Sería imposible enfrentar a estos grandes grupos de poder bajo una lógica de encarcelación masiva», apunta, y explica que «el acceso a armas, el nivel de penetración e infiltración dentro de los Estados es mucho mayor que el que puedan tener las Maras o pandillas».
En Estados Unidos, la deportación pende sobre los migrantes irregulares como una espada de Damocles. Sin embargo, ahora, esta amenaza ha adquirido una nueva dimensión: la posibilidad de ser enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Desde marzo de 2025, el Gobierno de Donald Trump ha expulsado de Estados Unidos a 271 migrantes salvadoreños y venezolanos, para que sean recluidos en la megaprisión CECOT, en El Salvador. Washington argumenta que se trata de miembros de organizaciones criminales, como el Tren de Aragua o las Maras, pero no ha presentado pruebas.
Delincuentes e inocentesMientras, familiares y organizaciones de derechos humanos advierten que entre los deportados se encuentran personas inocentes, sin antecedentes penales. El caso más emblemático es el del salvadoreño Kilmar Ábrego García, expulsado por «un error administrativo».
Hasta ahora, el mandatario norteamericano y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, se niegan a liberarlo y regresarlo a Estados Unidos, ignorando la respectiva orden de la Corte Suprema de ese país. Donald Trump incluso baraja la idea de enviar al CECOT a delincuentes estadounidenses.
Falta de información y transparenciaActualmente se desconocen la identidad y el paradero de las personas deportadas, es decir, si realmente están detenidas en el CECOT o en otra prisión salvadoreña, destaca Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la organización de derechos humanos estadounidense WOLA.
«Sin las identidades es difícil corroborar si realmente tienen un registro criminal. Por ello, en medio de esta severa crisis de derechos humanos, ocho congresistas estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado para que informe al Congreso sobre los detalles de las negociaciones», dice la experta a DW.
El acuerdo nació tras un encuentro privado entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el presidente Nayib Bukele, en febrero pasado.
«Desaparición forzada»Irene Cuéllar, investigadora regional de la Oficina para Las Américas de Amnistía Internacional (AI), incluso habla de «desaparición forzada», puesto que «tampoco se ha garantizado la comunicación de los deportados con familiares ni el acceso a asistencia legal».
«El acuerdo no ha sido hecho público, lo que constituye una grave violación a los principios de transparencia y rendición de cuentas. No obstante, reportes de prensa indican que Estados Unidos estaría transfiriendo al Gobierno salvadoreño seis millones de dólares por el encarcelamiento de estas personas durante un año», explica Cuéllar a DW.
En su opinión, el pacto «abre la puerta a la normalización de la violencia institucional como herramienta de gestión migratoria, política exterior y de control social transnacional».
Además, prosigue la investigadora de AI, «atenta directamente contra pilares fundamentales de cualquier democracia: la presunción de inocencia, el debido proceso legal y la prohibición absoluta de la detención arbitraria».
La expulsión de personas de territorio estadounidense para recluirlas en una prisión centroamericana «es completamente ilegal, sin precedentes», observa, por su parte, la abogada salvadoreña Leonor Arteaga Rubio, directora de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).
«En una democracia, la Corte debería ordenar la libertad inmediata de esas personas, pero, en El Salvador, no hay independencia de poderes, la Corte hace lo que Bukele quiere», subraya, y agrega que «ninguna democracia puede ni debe respaldar, y menos imitar, un modelo así».
En entrevista con DW, Arteaga Rubio pronostica que el «acuerdo se va a mantener por largo rato». Tanto Trump como Bukele «quieren lanzar y sostener el mensaje de que cualquiera que se considere enemigo de Trump puede ser enviado a la cárcel de Bukele, que funciona como un hoyo negro, un nuevo Guantánamo, del cual no se sale. Ningún juez puede poner un alto, la ley en esa cárcel es la de Bukele, con total apoyo de Trump», sostiene.
También Roberto López Salazar, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, hace hincapié en que el acuerdo carece de una «explicación formal y pública», y destaca la complejidad del caso de los migrantes venezolanos detenidos en el CECOT.
A falta de una política correspondiente, su destino depende de la «voluntad política» de las autoridades involucradas, cree. Por tanto, López Salazar insiste en la necesidad de hacer «presión internacional para que el caso no quede en una especie de limbo jurídico y termine en impunidad».
«Mientras no existan consecuencias políticas o legales reales, el riesgo de que este modelo se consolide y se exporte como política de control migratorio es cada vez más alto», añade Irene Cuéllar, de AI.
Si bien Ana María Méndez Dardón, de WOLA, también exige «presión internacional y diplomática» para «que se haga pública la información y haya una revisión caso por caso», duda que el modelo del pacto entre Washington y San Salvador pueda replicarse en otros países con una fuerte presencia del crimen organizado, como Honduras o México.
«Sería imposible enfrentar a estos grandes grupos de poder bajo una lógica de encarcelación masiva», apunta, y explica que «el acceso a armas, el nivel de penetración e infiltración dentro de los Estados es mucho mayor que el que puedan tener las Maras o pandillas».
