2024-12-04
Nuevo Mundo – 96.1
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) remitió este miércoles una nota al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la que enfatiza que dicha institución no tiene facultades para revisar, modificar o revocar la resolución emitida por el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, que ordena la cancelación del partido Movimiento Semilla.El documento, firmado por la fiscal Leonor Morales, destaca tres puntos clave relacionados con el caso. Entre ellos, se subraya que cualquier acción que obstaculice el cumplimiento de una orden judicial podría ser considerada un delito y, por ende, sujeto a persecución penal. Además, señala que proteger indebidamente a posibles sindicados violaría la Ley contra la Delincuencia Organizada.Morales también recordó que el TSE debe garantizar el respeto al Estado de Derecho y la efectividad de las decisiones judiciales, instando a que los magistrados actúen conforme a la normativa para evitar posibles responsabilidades legales. En el texto, se recalca que el órgano electoral no tiene competencia en asuntos judiciales penales y se advierte sobre las consecuencias de no acatar el marco legal.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) remitió este miércoles una nota al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la que enfatiza que dicha institución no tiene facultades para revisar, modificar o revocar la resolución emitida por el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, que ordena la cancelación del partido Movimiento Semilla.
El documento, firmado por la fiscal Leonor Morales, destaca tres puntos clave relacionados con el caso. Entre ellos, se subraya que cualquier acción que obstaculice el cumplimiento de una orden judicial podría ser considerada un delito y, por ende, sujeto a persecución penal. Además, señala que proteger indebidamente a posibles sindicados violaría la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Morales también recordó que el TSE debe garantizar el respeto al Estado de Derecho y la efectividad de las decisiones judiciales, instando a que los magistrados actúen conforme a la normativa para evitar posibles responsabilidades legales. En el texto, se recalca que el órgano electoral no tiene competencia en asuntos judiciales penales y se advierte sobre las consecuencias de no acatar el marco legal.
