2024-07-12
Nuevo Mundo – 96.1
Un total de 45 casos de posibles violaciones a los derechos humanos han sido recogidos en un informe sobre los excesos cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador durante el primer trimestre de 2024, en el marco del «conflicto armado interno» declarado por el presidente, Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado, según trascendió este jueves (11.07.2024).El reporte, elaborado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), recoge las denuncias de un uso excesivo de la fuerza, publicadas en redes sociales y medios de comunicación.»De los 45 casos que hemos recabado, la mayoría responde a clases populares que han sido humillados, maltratados y que han sido víctimas también de ejecuciones extrajudiciales», aseveró este jueves la presidenta de INREDH, Verónica Yuquilema, en una rueda de prensa en Quito.Del total de las denuncias, se identificaron 19 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes; cinco detenciones ilegales y arbitrarias; cuatro ejecuciones extrajudiciales, tres desapariciones forzadas bajo custodia estatal y 12 casos de vulneración de comunidades, según el informe.En el 80 % de los casos, las víctimas fueron hombres y la media de edad abarcó de los 18 a los 30 años. Yuquilema recalcó que las comunidades indígenas, montubias y afrodescendientes, así como los sectores más vulnerables, fueron quienes más sufrieron este tipo de violaciones de derechos humanos.Críticas al «conflicto armado interno»La presidenta de INREDH aseguró que, pese a la «crisis de inseguridad» que se vive en Ecuador, no se puede categorizar esta situación de conflicto armado interno. «Esto responde a la línea política que el actual Gobierno y los gobiernos anteriores han venido manejando dentro de nuestro país», dijo.»Esta política está anclada a una idea de ‘necro política´ y de ‘necro capitalismo´, en donde especialmente quienes han sido racializados, y están bajo el umbral de la pobreza, son los únicos sectores que han sido atacados», añadió. En este sentido, Yuquilema afirmó que -tanto el Gobierno actual como los anteriores- «han hecho poco o nada respecto a las cuestiones estructurales que están llevando a este escenario de grave criminalidad».La activista sentenció que a Ecuador le «espera una situación como El Salvador con el Gobierno de (Nayib) Bukele», a la vez que se posicionó en contra del aumento de penas y del «populismo penal de la élite política y económica del país» porque, según argumentó, estas medidas «en ningún contexto han sido solución a los problemas de raíz».En un informe presentado en mayo de 2024, la Defensoría del Pueblo contabilizó 24 decesos de personas presas en diversas cárceles del país entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024, «por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura. Así también, existen alertas del deceso de PPL (personas privadas de libertad) con signos de desnutrición».Esto durante los primeros meses de la militarización de las cárceles ordenada por Noboa para recuperar el control de estos centros, hasta entonces en manos de las bandas criminales que, entre 2021 y 2023, registraron más de 500 reclusos asesinados.Ante estas denuncias, el Gobierno de Noboa ha reforzado su respaldo a la Policía y a las Fuerzas Armadas y ha criticado a organizaciones como Human Rights Watch (HRW) que han denunciado estos presuntos excesos de las fuerzas del orden.
Un total de 45 casos de posibles violaciones a los derechos humanos han sido recogidos en un informe sobre los excesos cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador durante el primer trimestre de 2024, en el marco del «conflicto armado interno» declarado por el presidente, Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado, según trascendió este jueves (11.07.2024).
El reporte, elaborado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), recoge las denuncias de un uso excesivo de la fuerza, publicadas en redes sociales y medios de comunicación.
«De los 45 casos que hemos recabado, la mayoría responde a clases populares que han sido humillados, maltratados y que han sido víctimas también de ejecuciones extrajudiciales», aseveró este jueves la presidenta de INREDH, Verónica Yuquilema, en una rueda de prensa en Quito.
Del total de las denuncias, se identificaron 19 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes; cinco detenciones ilegales y arbitrarias; cuatro ejecuciones extrajudiciales, tres desapariciones forzadas bajo custodia estatal y 12 casos de vulneración de comunidades, según el informe.
En el 80 % de los casos, las víctimas fueron hombres y la media de edad abarcó de los 18 a los 30 años. Yuquilema recalcó que las comunidades indígenas, montubias y afrodescendientes, así como los sectores más vulnerables, fueron quienes más sufrieron este tipo de violaciones de derechos humanos.
Críticas al «conflicto armado interno»La presidenta de INREDH aseguró que, pese a la «crisis de inseguridad» que se vive en Ecuador, no se puede categorizar esta situación de conflicto armado interno. «Esto responde a la línea política que el actual Gobierno y los gobiernos anteriores han venido manejando dentro de nuestro país», dijo.
«Esta política está anclada a una idea de ‘necro política´ y de ‘necro capitalismo´, en donde especialmente quienes han sido racializados, y están bajo el umbral de la pobreza, son los únicos sectores que han sido atacados», añadió. En este sentido, Yuquilema afirmó que -tanto el Gobierno actual como los anteriores- «han hecho poco o nada respecto a las cuestiones estructurales que están llevando a este escenario de grave criminalidad».
La activista sentenció que a Ecuador le «espera una situación como El Salvador con el Gobierno de (Nayib) Bukele», a la vez que se posicionó en contra del aumento de penas y del «populismo penal de la élite política y económica del país» porque, según argumentó, estas medidas «en ningún contexto han sido solución a los problemas de raíz».
En un informe presentado en mayo de 2024, la Defensoría del Pueblo contabilizó 24 decesos de personas presas en diversas cárceles del país entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024, «por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura. Así también, existen alertas del deceso de PPL (personas privadas de libertad) con signos de desnutrición».
Esto durante los primeros meses de la militarización de las cárceles ordenada por Noboa para recuperar el control de estos centros, hasta entonces en manos de las bandas criminales que, entre 2021 y 2023, registraron más de 500 reclusos asesinados.
Ante estas denuncias, el Gobierno de Noboa ha reforzado su respaldo a la Policía y a las Fuerzas Armadas y ha criticado a organizaciones como Human Rights Watch (HRW) que han denunciado estos presuntos excesos de las fuerzas del orden.
