2024-02-27
Nuevo Mundo – 96.1
«Califico esa publicación de una total mentira. Mi tarea en particular es contribuir a la lucha que el Gobierno da contra las organizaciones criminales, y también llevar adelante procesos de expulsión de personas que constituyen un riesgo para la seguridad nacional”, indicó Monsalve desde Santiago. «En ese contexto hemos llevado adelante relaciones con otros países como Bolivia, Perú y el Convenio de Colaboración Policial con Venezuela, convenio público», agregó.De acuerdo a lo publicado por el diario La Razón, «tras la firma del convenio policial, el jefe de operaciones (y torturas) de la DGCIM, teniente coronel Alexander Gramko Arteaga (…), habría solicitado al alto funcionario de la seguridad chilena (el subsecretario Monsalve), la cooperación para lograr la captura del teniente Ronald Ojeda Moreno, domiciliado en Santiago y que en el año 2017 se había fugado de la prisión militar de Ramo Verde”.»Mantuve dos reuniones en Caracas, en ambas estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería, el subdirector nacional de la Policía de Investigaciones. Las reuniones además también fueron públicas, conocidas, con fotos de sus asistentes. Permítanme decir lo absurdo de la teoría», afirmó Monsalve.»En la práctica, lo que están poniendo en cuestión es la confianza en nuestras instituciones que están a cargo de la lucha contra el crimen organizado, sobre todo cuando se hace cargo de afirmaciones de un medio absolutamente extranjero, con una clara orientación política y que entrega información sin fundamentos ni evidencia», subrayó.Ojeda vivía en Chile en calidad de refugiado políticoEl nombre de Ojeda figura en el listado difundido a finales de enero por el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, que incluye a 33 militares degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «implicados en conspiraciones” contra el régimen chavista, que incluían el asesinato de Nicolás Maduro.El Ejecutivo chileno pidió levantar una alerta a la Interpol y reforzar el control fronterizo en el norte, además de presentar una querella en la causa para, según señaló Monsalve la semana pasada, «dar una señal política de que al Gobierno le interesa que estos casos no queden en la impunidad” y «hacerse parte de las diligencias para esclarecer este tipo de delitos”.Voluntad Popular (VP), el partido del opositor venezolano Leopoldo López, acusó el mismo miércoles pasado al régimen de Maduro de estar detrás del secuestro y de «usar territorio soberano de otros Estados para prácticas de espionaje y agresión a venezolanos”.
«Califico esa publicación de una total mentira. Mi tarea en particular es contribuir a la lucha que el Gobierno da contra las organizaciones criminales, y también llevar adelante procesos de expulsión de personas que constituyen un riesgo para la seguridad nacional”, indicó Monsalve desde Santiago. «En ese contexto hemos llevado adelante relaciones con otros países como Bolivia, Perú y el Convenio de Colaboración Policial con Venezuela, convenio público», agregó.
De acuerdo a lo publicado por el diario La Razón, «tras la firma del convenio policial, el jefe de operaciones (y torturas) de la DGCIM, teniente coronel Alexander Gramko Arteaga (…), habría solicitado al alto funcionario de la seguridad chilena (el subsecretario Monsalve), la cooperación para lograr la captura del teniente Ronald Ojeda Moreno, domiciliado en Santiago y que en el año 2017 se había fugado de la prisión militar de Ramo Verde”.
«Mantuve dos reuniones en Caracas, en ambas estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería, el subdirector nacional de la Policía de Investigaciones. Las reuniones además también fueron públicas, conocidas, con fotos de sus asistentes. Permítanme decir lo absurdo de la teoría», afirmó Monsalve.
«En la práctica, lo que están poniendo en cuestión es la confianza en nuestras instituciones que están a cargo de la lucha contra el crimen organizado, sobre todo cuando se hace cargo de afirmaciones de un medio absolutamente extranjero, con una clara orientación política y que entrega información sin fundamentos ni evidencia», subrayó.
Ojeda vivía en Chile en calidad de refugiado políticoEl nombre de Ojeda figura en el listado difundido a finales de enero por el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, que incluye a 33 militares degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «implicados en conspiraciones” contra el régimen chavista, que incluían el asesinato de Nicolás Maduro.
El Ejecutivo chileno pidió levantar una alerta a la Interpol y reforzar el control fronterizo en el norte, además de presentar una querella en la causa para, según señaló Monsalve la semana pasada, «dar una señal política de que al Gobierno le interesa que estos casos no queden en la impunidad” y «hacerse parte de las diligencias para esclarecer este tipo de delitos”.
Voluntad Popular (VP), el partido del opositor venezolano Leopoldo López, acusó el mismo miércoles pasado al régimen de Maduro de estar detrás del secuestro y de «usar territorio soberano de otros Estados para prácticas de espionaje y agresión a venezolanos”.
