2024-02-19
Nuevo Mundo – 96.1
El asesor jurídico del exmandatario Fábio Wajngarten confirmó en redes sociales que Jair Bolsonaro declarará en Brasilia y afirmó que sus abogados tomarán «las debidas providencias con el fin de asegurarle la más amplia defensa prevista constitucionalmente».La Policía activó una operación el pasado 8 de febrero en la que se investiga a Bolsonaro y a otros ex altos cargos por su supuesta participación en una trama para impedir el traspaso de poderes al ganador de las elecciones de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que la Corte Suprema le ordenó entregar el pasaporte y le prohibió salir del país.Entre los investigados, además de Bolsonaro, hay dos exministros de Defensa, un almirante y varios asesores con los que el expresidente supuestamente discutió un plan para encarcelar a magistrados de la Corte Suprema y convocar nuevas elecciones.59 personas han sido condenadas por delitos conexos con golpe de EstadoBolsonaro ha rechazado las acusaciones como producto de una persecución política por parte del Gobierno y de la Corte Suprema, y ha convocado a sus seguidores a una gran manifestación el próximo domingo en la Avenida Paulista, en la ciudad de São Paulo, para «defenderse».Una semana después de la investidura de Lula, el 8 de enero de 2023 miles de seguidores de Bolsonaro invadieron las sedes de la Presidencia, del Congreso y del Tribunal Supremo en un intento de forzar un golpe de Estado.Por ese asalto a las sedes del poder, por el momento 59 personas han sido condenadas a penas de entre 3 y 17 años de cárcel por delitos como golpe de Estado, abolición del Estado democrático de derecho y daños contra el patrimonio público. En esa causa están acusadas 1.413 personas, entre ellos autores materiales e incitadores, aunque en esa lista no figura Bolsonaro, quien en el momento de los hechos se encontraba en Estados Unidos.Al margen de ese caso, Bolsonaro ha sido inhabilitado políticamente por ocho años debido a las declaraciones hechas durante una reunión con representantes diplomáticos antes de las elecciones presidenciales de 2022, en las que cuestionaba el funcionamiento de las urnas electrónicas que iban a ser utilizadas.
El asesor jurídico del exmandatario Fábio Wajngarten confirmó en redes sociales que Jair Bolsonaro declarará en Brasilia y afirmó que sus abogados tomarán «las debidas providencias con el fin de asegurarle la más amplia defensa prevista constitucionalmente».
La Policía activó una operación el pasado 8 de febrero en la que se investiga a Bolsonaro y a otros ex altos cargos por su supuesta participación en una trama para impedir el traspaso de poderes al ganador de las elecciones de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que la Corte Suprema le ordenó entregar el pasaporte y le prohibió salir del país.
Entre los investigados, además de Bolsonaro, hay dos exministros de Defensa, un almirante y varios asesores con los que el expresidente supuestamente discutió un plan para encarcelar a magistrados de la Corte Suprema y convocar nuevas elecciones.
59 personas han sido condenadas por delitos conexos con golpe de Estado
Bolsonaro ha rechazado las acusaciones como producto de una persecución política por parte del Gobierno y de la Corte Suprema, y ha convocado a sus seguidores a una gran manifestación el próximo domingo en la Avenida Paulista, en la ciudad de São Paulo, para «defenderse».
Una semana después de la investidura de Lula, el 8 de enero de 2023 miles de seguidores de Bolsonaro invadieron las sedes de la Presidencia, del Congreso y del Tribunal Supremo en un intento de forzar un golpe de Estado.
Por ese asalto a las sedes del poder, por el momento 59 personas han sido condenadas a penas de entre 3 y 17 años de cárcel por delitos como golpe de Estado, abolición del Estado democrático de derecho y daños contra el patrimonio público. En esa causa están acusadas 1.413 personas, entre ellos autores materiales e incitadores, aunque en esa lista no figura Bolsonaro, quien en el momento de los hechos se encontraba en Estados Unidos.
Al margen de ese caso, Bolsonaro ha sido inhabilitado políticamente por ocho años debido a las declaraciones hechas durante una reunión con representantes diplomáticos antes de las elecciones presidenciales de 2022, en las que cuestionaba el funcionamiento de las urnas electrónicas que iban a ser utilizadas.
