2024-01-12
Nuevo Mundo – 96.1
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH), una organización no gubernamental, y familiares de personas fallecidas bajo custodia estatal en el marco del régimen de excepción -vigente desde marzo de 2022- pidieron este jueves (11.01.2024) a la Fiscalía investigar posibles crímenes de lesa humanidad al interior de las prisiones de El Salvador.»Venimos ante la Fiscalía General de la República a poner un aviso y una denuncia por violación a derechos humanos que puede significar crímenes de lesa humanidad, específicamente de torturas dentro de centros penales», dijo a periodistas Ingrid Escobar, directora del SJH.Escobar explicó que estos atropellos se estarían cometiendo en las cárceles de La Esperanza, Apanteos, Quezaltepeque, Zacatecoluca, Izalco y calabozos de la Policía Nacional Civil (PNC).Según el SJH, han fallecido más de 200 personas en custodia estatal, pero ninguna se ha registrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que alberga a unos 12.000 reos. En octubre de 2023, en una visita a esta cárcel con capacidad para 40.000 personas, la agencia EFE preguntó a su director si habían registrado internos fallecidos y él aseguró que, durante su funcionamiento, no se han dado muertes.»Solamente están muriendo inocentes procesados», añadió Escobar y sostuvo que uno de estos casos es el del sindicalista José Leonidas Bonilla. Afirmó que «nosotros tenemos la autopsia, la información de que él (José Bonilla) fue torturado y hay señales claras de que esto es cierto, entonces presumimos que es así y queremos en este momento que la Fiscalía General de la República investigue».»Son 220 personas fallecidas (en las cárceles) y vamos a iniciar este proceso de reparación que tenemos que finalizar en sede nacional, para escalar a sede internacional», subrayó Escobar.El régimen de excepción y los derechos humanosEl Congreso de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del 9 de enero extender por vigésimo segunda ocasión el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y que marcará la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 4 de febrero.De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022, suman más de 75.100 las detenciones de personas que el Gobierno acusa de ser pandilleros o colaboradores y de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.Las organizaciones humanitarias registran más de 6.000 víctimas de atropellos, principalmente de detenciones arbitrarias, además de torturas, allanamientos sin orden e incomunicación con personas detenidas.A juicio de Amnistía Internacional, esta medida ha llevado al país centroamericano a una de «sus peores crisis» de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas.
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH), una organización no gubernamental, y familiares de personas fallecidas bajo custodia estatal en el marco del régimen de excepción -vigente desde marzo de 2022- pidieron este jueves (11.01.2024) a la Fiscalía investigar posibles crímenes de lesa humanidad al interior de las prisiones de El Salvador.
«Venimos ante la Fiscalía General de la República a poner un aviso y una denuncia por violación a derechos humanos que puede significar crímenes de lesa humanidad, específicamente de torturas dentro de centros penales», dijo a periodistas Ingrid Escobar, directora del SJH.
Escobar explicó que estos atropellos se estarían cometiendo en las cárceles de La Esperanza, Apanteos, Quezaltepeque, Zacatecoluca, Izalco y calabozos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según el SJH, han fallecido más de 200 personas en custodia estatal, pero ninguna se ha registrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que alberga a unos 12.000 reos. En octubre de 2023, en una visita a esta cárcel con capacidad para 40.000 personas, la agencia EFE preguntó a su director si habían registrado internos fallecidos y él aseguró que, durante su funcionamiento, no se han dado muertes.
«Solamente están muriendo inocentes procesados», añadió Escobar y sostuvo que uno de estos casos es el del sindicalista José Leonidas Bonilla. Afirmó que «nosotros tenemos la autopsia, la información de que él (José Bonilla) fue torturado y hay señales claras de que esto es cierto, entonces presumimos que es así y queremos en este momento que la Fiscalía General de la República investigue».
«Son 220 personas fallecidas (en las cárceles) y vamos a iniciar este proceso de reparación que tenemos que finalizar en sede nacional, para escalar a sede internacional», subrayó Escobar.
El Congreso de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del 9 de enero extender por vigésimo segunda ocasión el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y que marcará la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 4 de febrero.
De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022, suman más de 75.100 las detenciones de personas que el Gobierno acusa de ser pandilleros o colaboradores y de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.
Las organizaciones humanitarias registran más de 6.000 víctimas de atropellos, principalmente de detenciones arbitrarias, además de torturas, allanamientos sin orden e incomunicación con personas detenidas.
A juicio de Amnistía Internacional, esta medida ha llevado al país centroamericano a una de «sus peores crisis» de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas.
