2023-12-08
Nuevo Mundo – 96.1
El Ministerio Público (MP) aseguró este viernes que los comicios generales en los que resultó electo presidente Bernardo Arévalo de León, presentaron irregularidades que ameritarían una declaratoria de nulidad.»Las actas de cierre de escrutinio son nulas de pleno derecho para las elecciones generales de presidente y vicepresidente, diputados al Congreso de la República por listado nacional, diputados al Congreso de la República por distrito electoral, corporaciones municipales y diputados al Parlamento Centroamericano, debido a que no son las que fueron autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)», sostuvo la agente fiscal Leonor Morales Lazo, funcionaria encargada de exponer el caso ante la prensa.En la palabra la antecedió el director de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, a quien el Grupo de Puebla ha denunciado, junto a la fiscal general Consuelo Porras, de promover «acciones de guerra jurídica (´lawfare´)» para impedir la asunción de Arévalo de León.Denuncias de fraude electrónicoMorales Lazo aseveró que el organismo delegó funciones que le son propias «a terceros nacionales e internacionales», en alusión a la adquisición de un ´software´ «que sirvió de plataforma para el evento electoral», con el cual se había perpetrado un fraude en el conteo de votos.En su versión, el programa habría sido manejado por entidades ajenas al TSE, lo que habría comprometido «la operación regular del proceso», en tanto dio lugar «a vulneraciones informáticas que generaron resultados irregulares (…), que irrespetan la voluntad del pueblo, toda vez que cuentan con una serie de alteraciones».Previamente, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, dijo a medios locales que los resultados de las elecciones generales 2023 son correctos.»No es fácil estar en un proceso electoral que está siendo cuestionado. Estuvimos y lo hicimos bien, sabemos que los votos fueron los que tenían que salir y el resultado fue el que tenía que salir, porque el resultado fue el que los ciudadanos decidieron (al) ir a votar, no fue cuestión mía ni cuestión de nadie, sino que así los ciudadanos lo decidieron», indicó.Señalamientos sobre el material»Se estableció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) incurrió en irregularidades en cuanto al resguardo de las cajas electorales», en violación a «la normativa que debió haber observado, refirió la agente fiscal.Del mismo modo, la funcionaria aseveró que «en las cajas electorales» no estaba «depositaba la copia del documento en el que «se consigna el número de votos obtenidos por cada candidato» y no hubo uniformidad en el formato de las actas.En su decir, los allanamientos practicados en órganos electorales el pasado septiembre, permitieron «establecer la ilegalidad» relativa a la ausencia «de uniformidad en los formatos empleados, lo que contradecía la propia normativa del TSE».A esto sumó la aparente ausencia de 88 «acuerdos» en la página oficial del Tribunal comicial, lo que contradice la legislación vigente, en tanto «afecta la transparencia con la que deben conducirse las autoridades».Morales Lazo recalcó que el Ministerio Público «respeta la voluntad del pueblo». «Esta investigación, precisamente está dirigida para respetar esa voluntad popular, partiendo del análisis de la primera vuelta electoral», argumentó.
El Ministerio Público (MP) aseguró este viernes que los comicios generales en los que resultó electo presidente Bernardo Arévalo de León, presentaron irregularidades que ameritarían una declaratoria de nulidad.
«Las actas de cierre de escrutinio son nulas de pleno derecho para las elecciones generales de presidente y vicepresidente, diputados al Congreso de la República por listado nacional, diputados al Congreso de la República por distrito electoral, corporaciones municipales y diputados al Parlamento Centroamericano, debido a que no son las que fueron autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)», sostuvo la agente fiscal Leonor Morales Lazo, funcionaria encargada de exponer el caso ante la prensa.
En la palabra la antecedió el director de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, a quien el Grupo de Puebla ha denunciado, junto a la fiscal general Consuelo Porras, de promover «acciones de guerra jurídica (´lawfare´)» para impedir la asunción de Arévalo de León.
Morales Lazo aseveró que el organismo delegó funciones que le son propias «a terceros nacionales e internacionales», en alusión a la adquisición de un ´software´ «que sirvió de plataforma para el evento electoral», con el cual se había perpetrado un fraude en el conteo de votos.
En su versión, el programa habría sido manejado por entidades ajenas al TSE, lo que habría comprometido «la operación regular del proceso», en tanto dio lugar «a vulneraciones informáticas que generaron resultados irregulares (…), que irrespetan la voluntad del pueblo, toda vez que cuentan con una serie de alteraciones».
Previamente, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, dijo a medios locales que los resultados de las elecciones generales 2023 son correctos.
«No es fácil estar en un proceso electoral que está siendo cuestionado. Estuvimos y lo hicimos bien, sabemos que los votos fueron los que tenían que salir y el resultado fue el que tenía que salir, porque el resultado fue el que los ciudadanos decidieron (al) ir a votar, no fue cuestión mía ni cuestión de nadie, sino que así los ciudadanos lo decidieron», indicó.
«Se estableció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) incurrió en irregularidades en cuanto al resguardo de las cajas electorales», en violación a «la normativa que debió haber observado, refirió la agente fiscal.
Del mismo modo, la funcionaria aseveró que «en las cajas electorales» no estaba «depositaba la copia del documento en el que «se consigna el número de votos obtenidos por cada candidato» y no hubo uniformidad en el formato de las actas.
En su decir, los allanamientos practicados en órganos electorales el pasado septiembre, permitieron «establecer la ilegalidad» relativa a la ausencia «de uniformidad en los formatos empleados, lo que contradecía la propia normativa del TSE».
A esto sumó la aparente ausencia de 88 «acuerdos» en la página oficial del Tribunal comicial, lo que contradice la legislación vigente, en tanto «afecta la transparencia con la que deben conducirse las autoridades».
Morales Lazo recalcó que el Ministerio Público «respeta la voluntad del pueblo». «Esta investigación, precisamente está dirigida para respetar esa voluntad popular, partiendo del análisis de la primera vuelta electoral», argumentó.
