2023-10-30
Nuevo Mundo – 96.1
EE.UU. debe implementar reformas a su secreto financiero para frenar el flujo financiero ilícito que proviene de la deforestación de la Amazonía, lo que implica un grave riesgo climático para el mundo, revela un reporte.En un informe de la Coalición para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Corporativa (FACT, por su sigla en inglés), titulado ´Dinero sucio y la destrucción de la Amazonía: Descubriendo el papel de EE.UU. en los flujos financieros ilícitos procedentes de los delitos ambientales en la cuenca del Amazonas´, se menciona que existen «brechas críticas» que exponen al país a la entrada de recursos procedentes de delitos contra la naturaleza.Entre las debilidades, FACT mencionó el uso extendido de entidades anónimas y la exclusión en las normas para la prevención del lavado de dinero de ciertos profesionales que actúen como barrera, como los agentes inmobiliarios.»La minería ilegal y los delitos forestales son dos causantes de la deforestación ilegal en la Amazonía», apuntó FACT.»En el Perú y Colombia, estos delitos ambientales han borrado las franjas de la selva amazónica, han envenenado a las comunidades locales y los grupos indígenas con mercurio, y han hecho estos países menos seguros con el aumento del narcotráfico, la violencia y la corrupción», agregó.Como «falta de transparencia financiera» para la investigación de los diversos delitos ambientales mencionó tres ejemplos, entre los que sobresale uno relacionado con el expresidente peruano Alejandro Toledo, quien enfrenta hasta 16 años de cárcel a pedido de la Fiscalía peruana.Toledo adquirió una propiedad en el estado de Maryland aparentemente para ocultar y lavar alrededor de 1.200 millones de dólares de sobornos recibidos por la compañía Odebrecht para favorecer proyectos, como una carretera interoceánica, que contribuyó a la deforestación de la selva amazónica, según la coalición.EE.UU. «tiene un papel determinante para negarles una guarida fiscal segura a los delincuentes que podrían degradar la Amazonía», exhortó la agrupación estadounidense, al tiempo que dio una serie de recomendaciones a los reguladores.Más «liderazgo diplomático»Al Gobierno de EE.UU. le pidió simplemente «movilizar» a los organismos correspondientes para tratar esta problemática, como el Departamento de Justicia, por ejemplo.Al Departamento de Estado y a la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid) los instó a «aumentar el liderazgo diplomático» de la nación norteamericana para abordar los flujos financieros ilícitos derivados de los delitos ambientales, incluidos los cometidos en la región de la Amazonía.También incrementar el apoyo a los «Gobiernos socios» de la región amazónica y a los grupos de la sociedad civil, de manera que se puedan tomar medidas contra este flagelo.Mientras que al Congreso le solicitaron aprobar la ´Ley Forest´ para frenar la deforestación ilegal y tipificar todos los delitos ambientales como delitos predicados para el lavado de dinero, entre otras acciones.»EE.UU., como la mayor economía mundial y moneda de reserva global, debe colaborar para mitigar su propia contribución a la hora de facilitar tales delitos», aseveró el director ejecutivo de la FACT, Ian Gary.
EE.UU. debe implementar reformas a su secreto financiero para frenar el flujo financiero ilícito que proviene de la deforestación de la Amazonía, lo que implica un grave riesgo climático para el mundo, revela un reporte.
En un informe de la Coalición para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Corporativa (FACT, por su sigla en inglés), titulado ´Dinero sucio y la destrucción de la Amazonía: Descubriendo el papel de EE.UU. en los flujos financieros ilícitos procedentes de los delitos ambientales en la cuenca del Amazonas´, se menciona que existen «brechas críticas» que exponen al país a la entrada de recursos procedentes de delitos contra la naturaleza.
Entre las debilidades, FACT mencionó el uso extendido de entidades anónimas y la exclusión en las normas para la prevención del lavado de dinero de ciertos profesionales que actúen como barrera, como los agentes inmobiliarios.
«La minería ilegal y los delitos forestales son dos causantes de la deforestación ilegal en la Amazonía», apuntó FACT.
«En el Perú y Colombia, estos delitos ambientales han borrado las franjas de la selva amazónica, han envenenado a las comunidades locales y los grupos indígenas con mercurio, y han hecho estos países menos seguros con el aumento del narcotráfico, la violencia y la corrupción», agregó.
Como «falta de transparencia financiera» para la investigación de los diversos delitos ambientales mencionó tres ejemplos, entre los que sobresale uno relacionado con el expresidente peruano Alejandro Toledo, quien enfrenta hasta 16 años de cárcel a pedido de la Fiscalía peruana.
Toledo adquirió una propiedad en el estado de Maryland aparentemente para ocultar y lavar alrededor de 1.200 millones de dólares de sobornos recibidos por la compañía Odebrecht para favorecer proyectos, como una carretera interoceánica, que contribuyó a la deforestación de la selva amazónica, según la coalición.
EE.UU. «tiene un papel determinante para negarles una guarida fiscal segura a los delincuentes que podrían degradar la Amazonía», exhortó la agrupación estadounidense, al tiempo que dio una serie de recomendaciones a los reguladores.
Al Gobierno de EE.UU. le pidió simplemente «movilizar» a los organismos correspondientes para tratar esta problemática, como el Departamento de Justicia, por ejemplo.
Al Departamento de Estado y a la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid) los instó a «aumentar el liderazgo diplomático» de la nación norteamericana para abordar los flujos financieros ilícitos derivados de los delitos ambientales, incluidos los cometidos en la región de la Amazonía.
También incrementar el apoyo a los «Gobiernos socios» de la región amazónica y a los grupos de la sociedad civil, de manera que se puedan tomar medidas contra este flagelo.
Mientras que al Congreso le solicitaron aprobar la ´Ley Forest´ para frenar la deforestación ilegal y tipificar todos los delitos ambientales como delitos predicados para el lavado de dinero, entre otras acciones.
«EE.UU., como la mayor economía mundial y moneda de reserva global, debe colaborar para mitigar su propia contribución a la hora de facilitar tales delitos», aseveró el director ejecutivo de la FACT, Ian Gary.
