2023-09-04
Nuevo Mundo – 96.1
El malestar comenzó ya la semana pasada y se exige, además, la dimisión del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, a quienes señalan de estar detrás de las acciones judiciales contra el Movimiento Semilla, el partido de izquierda que dio la sorpresa en las elecciones y que llevó a ganar la presidencia al progresista Bernardo Arévalo.Curruchiche investiga a Semilla por una denuncia que el mismo Arévalo presentó por una supuesta falsificación de firmas para la formación del partido en 2022 pero que se aceleró cuando el entonces candidato pasó a la segunda vuelta electoral.El viernes Arévalo le puso nombre y apellido a quienes considera que se encaminan a “un golpe de Estado” en el país centroamericano y acusó a Porras, Curruchiche, Orellana y a la Junta Directiva del Congreso de buscar suspender la personería jurídica de Semilla. El miércoles el Congreso despojó del partido a los diputados actuales de esa fuerza luego del fallo de Orellana que suspendió a Semilla pese a que aún no hay una sentencia firme.El lunes en siete de los 22 departamentos del país miles de personas protestan pacíficamente frente a las sedes de la Fiscalía General con pancartas en las que se leía “Consuelo corrupta” y “Renuncia” en alusión a la fiscal general.Enrique López, del Parlamento Xinca, una organización de autoridades indígenas que ejercen su potestad en tres departamentos del este del país fronterizos con Honduras y El Salvador, informó a The Associated Press que “hemos tomado la decisión de tomar las fiscalías para que renuncien Porras, Curruchiche y Orellana porque bloquean el proceso electoral”. Agregó que “como pueblo ya estamos cansados de este sistema corrupto que nos ha gobernado”.El dirigente indígena indicó que la clase política que actualmente gobierna no quiere dejar el poder y no respeta lo que el pueblo ya manifestó en las urnas.En la segunda ronda presidencial Arévalo obtuvo 60,91% de los votos frente a 39,09% de la conservadora Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).“El único derecho del pueblo es a través del voto y en esta oportunidad ese voto se vio de una manera clara. Hoy más que nunca ellos están irrespetando la voluntad popular, quieren seguir haciendo lo que a ellos se les antoja, siendo serviles a este sistema que nos ha condenado a la pobreza, la falta de oportunidades y la miseria”, dijo López.El sábado el Tribunal Supremo Electoral frenó la suspensión de Semilla hasta el 31 de octubre. La ley Electoral y de Partidos Políticos establece que mientras el proceso electoral esté en marcha no puede suspenderse ni cancelarse ningún partido y ese proceso vence el último día de octubre.La judicialización del proceso electoral ha causado alerta y rechazo de países y organizaciones de la comunidad internacional. La semana pasada la Organización de los Estados Americanos (OEA) dijo que no dejar asumir el poder a Arévalo pone en riesgo la democracia y violenta la constitución.Porras, Curruchiche y Orellana fueron sancionados anteriormente por el gobierno estadounidense por obstaculizar la lucha contra la corrupción y socavar la democracia en Guatemala.
El malestar comenzó ya la semana pasada y se exige, además, la dimisión del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, a quienes señalan de estar detrás de las acciones judiciales contra el Movimiento Semilla, el partido de izquierda que dio la sorpresa en las elecciones y que llevó a ganar la presidencia al progresista Bernardo Arévalo.
Curruchiche investiga a Semilla por una denuncia que el mismo Arévalo presentó por una supuesta falsificación de firmas para la formación del partido en 2022 pero que se aceleró cuando el entonces candidato pasó a la segunda vuelta electoral.
El viernes Arévalo le puso nombre y apellido a quienes considera que se encaminan a “un golpe de Estado” en el país centroamericano y acusó a Porras, Curruchiche, Orellana y a la Junta Directiva del Congreso de buscar suspender la personería jurídica de Semilla. El miércoles el Congreso despojó del partido a los diputados actuales de esa fuerza luego del fallo de Orellana que suspendió a Semilla pese a que aún no hay una sentencia firme.
El lunes en siete de los 22 departamentos del país miles de personas protestan pacíficamente frente a las sedes de la Fiscalía General con pancartas en las que se leía “Consuelo corrupta” y “Renuncia” en alusión a la fiscal general.
Enrique López, del Parlamento Xinca, una organización de autoridades indígenas que ejercen su potestad en tres departamentos del este del país fronterizos con Honduras y El Salvador, informó a The Associated Press que “hemos tomado la decisión de tomar las fiscalías para que renuncien Porras, Curruchiche y Orellana porque bloquean el proceso electoral”. Agregó que “como pueblo ya estamos cansados de este sistema corrupto que nos ha gobernado”.
El dirigente indígena indicó que la clase política que actualmente gobierna no quiere dejar el poder y no respeta lo que el pueblo ya manifestó en las urnas.
En la segunda ronda presidencial Arévalo obtuvo 60,91% de los votos frente a 39,09% de la conservadora Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
“El único derecho del pueblo es a través del voto y en esta oportunidad ese voto se vio de una manera clara. Hoy más que nunca ellos están irrespetando la voluntad popular, quieren seguir haciendo lo que a ellos se les antoja, siendo serviles a este sistema que nos ha condenado a la pobreza, la falta de oportunidades y la miseria”, dijo López.
El sábado el Tribunal Supremo Electoral frenó la suspensión de Semilla hasta el 31 de octubre. La ley Electoral y de Partidos Políticos establece que mientras el proceso electoral esté en marcha no puede suspenderse ni cancelarse ningún partido y ese proceso vence el último día de octubre.
La judicialización del proceso electoral ha causado alerta y rechazo de países y organizaciones de la comunidad internacional. La semana pasada la Organización de los Estados Americanos (OEA) dijo que no dejar asumir el poder a Arévalo pone en riesgo la democracia y violenta la constitución.
Porras, Curruchiche y Orellana fueron sancionados anteriormente por el gobierno estadounidense por obstaculizar la lucha contra la corrupción y socavar la democracia en Guatemala.
