2023-06-13
Nuevo Mundo – 96.1
Las autoridades guatemaltecas se encuentran evaluando detenidamente la resolución emitida por una oficina de Naciones Unidas en la que se califica como arbitraria la detención de la ex fiscal especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, Virginia Laparra. Esta declaración de la ONU ha generado un debate en el país, ya que pone en tela de juicio la legalidad y el procedimiento utilizado en la detención de Laparra.El análisis de la resolución por parte de las autoridades implica revisar minuciosamente los argumentos presentados por la oficina de Naciones Unidas y compararlos con la legislación y los protocolos vigentes en Guatemala. Este proceso busca determinar si existieron irregularidades en la detención y, de ser así, tomar las medidas correspondientes para corregir cualquier violación a los derechos de Laparra. La revisión de esta resolución es un paso importante en la búsqueda de justicia y transparencia, y demuestra el compromiso de las autoridades guatemaltecas de respetar el Estado de Derecho y los principios internacionales en materia de derechos humanos.
Las autoridades guatemaltecas se encuentran evaluando detenidamente la resolución emitida por una oficina de Naciones Unidas en la que se califica como arbitraria la detención de la ex fiscal especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, Virginia Laparra. Esta declaración de la ONU ha generado un debate en el país, ya que pone en tela de juicio la legalidad y el procedimiento utilizado en la detención de Laparra.
El análisis de la resolución por parte de las autoridades implica revisar minuciosamente los argumentos presentados por la oficina de Naciones Unidas y compararlos con la legislación y los protocolos vigentes en Guatemala. Este proceso busca determinar si existieron irregularidades en la detención y, de ser así, tomar las medidas correspondientes para corregir cualquier violación a los derechos de Laparra. La revisión de esta resolución es un paso importante en la búsqueda de justicia y transparencia, y demuestra el compromiso de las autoridades guatemaltecas de respetar el Estado de Derecho y los principios internacionales en materia de derechos humanos.
