2023-03-21
El exjuez Miguel Ángel Gálvez dijo el lunes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que teme por su integridad y la de su familia, tras denunciar actos delictivos en su contra en respuesta a sus fallos en casos de corrupción y crímenes de guerra y abandonar el país en diciembre.Durante la audiencia para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares que ordenó el tribunal al Estado guatemalteco, el titular de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, Ramiro Contreras, dijo que se cumplieron todas las medidas para garantizar la seguridad del magistrado, pero que una vez que el juez abandonó Guatemala se devolvieron los vehículos y el personal de seguridad.Contreras subrayó que Gálvez renunció al cargo y abandonó el país de forma voluntaria después de anunciar hostigamiento y persecución.Gálvez, quien abdicó al no encontrar respaldo en la Corte Suprema de Justicia, rechazó la respuesta del Estado guatemalteco y aseguró que no se investigaron las acusaciones de hostigamiento y amenazas por parte de integrantes de la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de extrema derecha que defiende a acusados de corrupción y crímenes de guerra.“Tengo desconfianza de las mismas instituciones, incluso de las mismas personas que están aquí. Desde ya los responsabilizo de algo que me pueda pasar, no solo a mi integridad sino a mi familia en Guatemala”, dijo.Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dijo que era necesario mantener la protección de Gálvez y su núcleo familiar pues “si el Estado no garantiza la protección, la actividad de justicia puede ser gravemente afectada”.Con el apoyo de la fiscalía, la Fundación contra el Terrorismo ha tomado acciones penales contra operadores de justicia que han participado en casos de corrupción o crímenes de lesa humanidad. El Departamento de Estado de Estados Unidos, impuso sanciones contra dos de sus directivos, Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla, por socavar la democracia en el país.Durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, más de 30 operadores de justicia, así como abogados, periodistas y activistas por los derechos humanos, han abandonado el país por una supuesta persecución en su contra.El acoso contra Gálvez aumentó en 2022, tras enviar a juicio a 9 exmilitares y policías acusados por la tortura, desaparición y ejecución de cientos de personas en un caso conocido como el Diario Militar.“El Diario Militar” es una bitácora policial de 74 páginas que documentó las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de más de 180 personas durante la guerra civil en Guatemala entre 1960 y 1996.Tras ser localizado en 1999, el informe fue entregado al Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington en Estados Unidos para su resguardo.El caso actualmente se encuentra detenido y familiares de las víctimas han dicho que temen que no se haga justicia.
El exjuez Miguel Ángel Gálvez dijo el lunes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que teme por su integridad y la de su familia, tras denunciar actos delictivos en su contra en respuesta a sus fallos en casos de corrupción y crímenes de guerra y abandonar el país en diciembre.
Durante la audiencia para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares que ordenó el tribunal al Estado guatemalteco, el titular de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, Ramiro Contreras, dijo que se cumplieron todas las medidas para garantizar la seguridad del magistrado, pero que una vez que el juez abandonó Guatemala se devolvieron los vehículos y el personal de seguridad.
Contreras subrayó que Gálvez renunció al cargo y abandonó el país de forma voluntaria después de anunciar hostigamiento y persecución.
Gálvez, quien abdicó al no encontrar respaldo en la Corte Suprema de Justicia, rechazó la respuesta del Estado guatemalteco y aseguró que no se investigaron las acusaciones de hostigamiento y amenazas por parte de integrantes de la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de extrema derecha que defiende a acusados de corrupción y crímenes de guerra.
“Tengo desconfianza de las mismas instituciones, incluso de las mismas personas que están aquí. Desde ya los responsabilizo de algo que me pueda pasar, no solo a mi integridad sino a mi familia en Guatemala”, dijo.
Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dijo que era necesario mantener la protección de Gálvez y su núcleo familiar pues “si el Estado no garantiza la protección, la actividad de justicia puede ser gravemente afectada”.
Con el apoyo de la fiscalía, la Fundación contra el Terrorismo ha tomado acciones penales contra operadores de justicia que han participado en casos de corrupción o crímenes de lesa humanidad. El Departamento de Estado de Estados Unidos, impuso sanciones contra dos de sus directivos, Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla, por socavar la democracia en el país.
Durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, más de 30 operadores de justicia, así como abogados, periodistas y activistas por los derechos humanos, han abandonado el país por una supuesta persecución en su contra.
El acoso contra Gálvez aumentó en 2022, tras enviar a juicio a 9 exmilitares y policías acusados por la tortura, desaparición y ejecución de cientos de personas en un caso conocido como el Diario Militar.
“El Diario Militar” es una bitácora policial de 74 páginas que documentó las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de más de 180 personas durante la guerra civil en Guatemala entre 1960 y 1996.
Tras ser localizado en 1999, el informe fue entregado al Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington en Estados Unidos para su resguardo.
El caso actualmente se encuentra detenido y familiares de las víctimas han dicho que temen que no se haga justicia.
