2021-01-21
Nuevo Mundo – 96.1
Los presuntos victimarios fueron capturados pocos días después de ocurrido el hecho, identificándolos como Anthony Alexander Hernández Canel, de 19 años, alias Agapito; Jonathan Rivera Morales de 23, alias el Cristian; y Gabriel Smiler Vásquez Marroquín de 20, alias el Smiler.En el Congreso de la República los parlamentarios discutirán la aprobación de iniciativas de ley que por años han estado estancadas en relación al secuestro y asesinato, como por ejemplo la iniciativa 3210 que disponía aprobar reformas al decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, presentada en el 2005.El presidente, Allan Rodríguez, comentó que buscarán abordar el tema en el pleno respecto a la castración para los responsables e incluso la pena de muerte, lo cual dejaría un precedente respecto a estos hechos que calificó como degenerados, además de buscar la pena máxima para los responsables.En la Constitución Política de la República de Guatemala figura la pena de muerte, pero, no ha podido ejecutarse debido al vacío legal que existe desde que el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), derogó en 2004 el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución.
Los presuntos victimarios fueron capturados pocos días después de ocurrido el hecho, identificándolos como Anthony Alexander Hernández Canel, de 19 años, alias Agapito; Jonathan Rivera Morales de 23, alias el Cristian; y Gabriel Smiler Vásquez Marroquín de 20, alias el Smiler.
En el Congreso de la República los parlamentarios discutirán la aprobación de iniciativas de ley que por años han estado estancadas en relación al secuestro y asesinato, como por ejemplo la iniciativa 3210 que disponía aprobar reformas al decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, presentada en el 2005.
El presidente, Allan Rodríguez, comentó que buscarán abordar el tema en el pleno respecto a la castración para los responsables e incluso la pena de muerte, lo cual dejaría un precedente respecto a estos hechos que calificó como degenerados, además de buscar la pena máxima para los responsables.
En la Constitución Política de la República de Guatemala figura la pena de muerte, pero, no ha podido ejecutarse debido al vacío legal que existe desde que el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), derogó en 2004 el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución.
