2025-07-29
Nuevo Mundo – 96.1
En cumplimiento a una orden judicial, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se movilizaron este martes hacia una aldea del municipio de Teculután, en el departamento de Zacapa, para ejecutar el desalojo de los ocupantes de una hidroeléctrica que operaba en la zona.La intervención policial derivó en hechos violentos, ya que algunos de los ocupantes se resistieron a abandonar el lugar, generando enfrentamientos con las autoridades. Aunque no se ha confirmado el número de personas heridas o detenidas, testigos locales afirman que hubo momentos de tensión extrema, con el uso de gases lacrimógenos y bloqueos en los accesos a la propiedad.Las autoridades indicaron que el desalojo responde a un proceso legal por ocupación ilícita del terreno donde opera la planta, pero defensores de los manifestantes afirman que existen conflictos sociales y ambientales no resueltos que motivaron la ocupación.Hasta el momento, el Ministerio de Gobernación no ha emitido un comunicado oficial sobre los resultados de la intervención ni sobre posibles acciones posteriores. Organizaciones sociales han solicitado transparencia en el proceso y que se respeten los derechos humanos de las personas involucradas.
En cumplimiento a una orden judicial, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se movilizaron este martes hacia una aldea del municipio de Teculután, en el departamento de Zacapa, para ejecutar el desalojo de los ocupantes de una hidroeléctrica que operaba en la zona.
La intervención policial derivó en hechos violentos, ya que algunos de los ocupantes se resistieron a abandonar el lugar, generando enfrentamientos con las autoridades. Aunque no se ha confirmado el número de personas heridas o detenidas, testigos locales afirman que hubo momentos de tensión extrema, con el uso de gases lacrimógenos y bloqueos en los accesos a la propiedad.
Las autoridades indicaron que el desalojo responde a un proceso legal por ocupación ilícita del terreno donde opera la planta, pero defensores de los manifestantes afirman que existen conflictos sociales y ambientales no resueltos que motivaron la ocupación.
Hasta el momento, el Ministerio de Gobernación no ha emitido un comunicado oficial sobre los resultados de la intervención ni sobre posibles acciones posteriores. Organizaciones sociales han solicitado transparencia en el proceso y que se respeten los derechos humanos de las personas involucradas.
