2024-09-10
Nuevo Mundo – 96.1
Las autoridades judiciales de Nicaragua despojaron este martes (10.09.2024) de la nacionalidad nicaragüense a los 135 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Guatemala el pasado jueves 5 de septiembre, y ordenaron además el decomiso de sus bienes, según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por los sandinistas, informó en una nota de prensa que la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución judicial «ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense».Los 135 desnacionalizados también incitaron y promovieron «la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional», según la sentencia.La resolución señala que tomaron esa decisión con base en la Constitución Política, Código Penal, La Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, y la Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense.Decomisan bienesEn ese orden, la resolución de mérito dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados, «a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos ocasionaron a la población y al país; con lo cual, se hace justicia efectiva a las víctimas de estos delitos», indicó el Poder Judicial.»De esta manera, la Sala Penal confirma el compromiso y deber jurídico constitucional de exigir responsabilidades a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos reprobables actos delictivos contra nuestra población, y en ese sentido, la decisión de mérito constituye un paso más en dirección al legado de paz, solidaridad, dignidad, justicia, verdad y convivencia pacífica que demanda nuestro pueblo», concluye la nota.Estados Unidos anunció el jueves pasado la liberación de 135 «prisioneros políticos injustamente detenidos» en Nicaragua, que fueron acogidos en Guatemala. Ni EE.UU., ni Guatemala, ni Nicaragua han oficializado la lista de los beneficiados.Entre los excarcelados, enviados a Guatemala y ahora declarados apátridas se encuentran el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión nicaragüense; el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada; la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, el dirigente estudiantil Jasson Salazar, entre otros.También 13 personas que pertenecen a la organización evangélica Ministerio Puerta de la Montaña de Nicaragua, por los que abogó Washington.Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
Las autoridades judiciales de Nicaragua despojaron este martes (10.09.2024) de la nacionalidad nicaragüense a los 135 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Guatemala el pasado jueves 5 de septiembre, y ordenaron además el decomiso de sus bienes, según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por los sandinistas, informó en una nota de prensa que la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución judicial «ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense».
Los 135 desnacionalizados también incitaron y promovieron «la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional», según la sentencia.
La resolución señala que tomaron esa decisión con base en la Constitución Política, Código Penal, La Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, y la Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense.
Decomisan bienes
En ese orden, la resolución de mérito dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados, «a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos ocasionaron a la población y al país; con lo cual, se hace justicia efectiva a las víctimas de estos delitos», indicó el Poder Judicial.
«De esta manera, la Sala Penal confirma el compromiso y deber jurídico constitucional de exigir responsabilidades a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos reprobables actos delictivos contra nuestra población, y en ese sentido, la decisión de mérito constituye un paso más en dirección al legado de paz, solidaridad, dignidad, justicia, verdad y convivencia pacífica que demanda nuestro pueblo», concluye la nota.
Estados Unidos anunció el jueves pasado la liberación de 135 «prisioneros políticos injustamente detenidos» en Nicaragua, que fueron acogidos en Guatemala. Ni EE.UU., ni Guatemala, ni Nicaragua han oficializado la lista de los beneficiados.
Entre los excarcelados, enviados a Guatemala y ahora declarados apátridas se encuentran el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión nicaragüense; el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada; la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, el dirigente estudiantil Jasson Salazar, entre otros.
También 13 personas que pertenecen a la organización evangélica Ministerio Puerta de la Montaña de Nicaragua, por los que abogó Washington.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
