2024-07-03
Nuevo Mundo – 96.1
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volvió a decretar el martes (02.07.2024) por tercera vez un estado de excepción en parte del territorio del país, después de que las dos anteriores declaratorias fueron revocadas por la Corte Constitucional.Este nuevo estado de excepción por 60 días abarca seis provincias (Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro) y el municipio de Camilo Ponce Enríquez, un enclave minero en la sureña provincia andina de Azuay donde en abril fue asesinado el alcalde y esta semana fueron hallados ocho cuerpos con signos de tortura en una concesión minera.En estos territorios la medida contempla la suspensión de los derechos de inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de correspondencia y la libertad de reunión, de acuerdo al decreto, que se extiende por más de 50 páginas para fundamentar esta declaratoria.También implica la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para ejecutar operaciones contra las bandas del crimen organizado, a la que Noboa ha declarado la «guerra» desde inicios de año.Las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a figurar como el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de unos 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volvió a decretar el martes (02.07.2024) por tercera vez un estado de excepción en parte del territorio del país, después de que las dos anteriores declaratorias fueron revocadas por la Corte Constitucional.
Este nuevo estado de excepción por 60 días abarca seis provincias (Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro) y el municipio de Camilo Ponce Enríquez, un enclave minero en la sureña provincia andina de Azuay donde en abril fue asesinado el alcalde y esta semana fueron hallados ocho cuerpos con signos de tortura en una concesión minera.
En estos territorios la medida contempla la suspensión de los derechos de inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de correspondencia y la libertad de reunión, de acuerdo al decreto, que se extiende por más de 50 páginas para fundamentar esta declaratoria.
También implica la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para ejecutar operaciones contra las bandas del crimen organizado, a la que Noboa ha declarado la «guerra» desde inicios de año.
Las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a figurar como el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de unos 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
