2024-05-09
Nuevo Mundo – 96.1
El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista, reformó el miércoles (08.05.2024) las normas sobre un ambicioso proyecto de canal interoceánico de hace 12 años y derogó otra ley que desde 2013 concesionaba su construcción y manejo a un empresario chinoLa derogada Ley 840 había otorgado la planeación, construcción y manejo de un canal interoceánico, que competiría con el de Panamá, al grupo chino Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group), propiedad del empresario chino Wang Jing, por 50 años prorrogables.El gobierno de Daniel Ortega y Wang anunciaron en diciembre de 2014 el inicio de la construcción del canal, pero las obras no avanzaron y el proyecto de 50.000 millones de dólares nunca se concretó.La reforma propuesta ahora por Ortega fue aprobada unánimemente en la Asamblea Nacional para «fortalecer y actualizar el ordenamiento jurídico nacional, tomando en consideración el siempre cambiante entorno nacional como internacional», dijo la vicepresidenta de la Cámara, Raquel Dixon.Megasueños de un megaproyectoEl proyecto preveía un canal de unos 278 kilómetros de longitud, con entradas en el río Brito en la costa del Pacífico y cerca de la desembocadura del río Punta Gorda, en el Caribe. La vía atravesaría el Lago Nicaragua, el mayor de Centroamérica.El Canal de Panamá, que mueve el 6% del comercio marítimo mundial, solo tiene 80 km.El tema del canal interoceánico por Nicaragua, que en su momento despertó gran interés, fue llevado en 2021 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por grupos ambientalistas que acusaron al gobierno de «violentar los derechos de las comunidades indígenas” rama y creole, al no consultarlos sobre la aprobación de la ley.Opositores celebran derogación de Ley 840En la demanda ante la CorteIDH se acusa al Estado nicaragüense de violación de los derechos a la propiedad, derechos políticos, de igual protección ante la ley, garantías judiciales, protección judicial y el derecho a un medioambiente sano de nueve comunidades indígenas que habitan en la zona elegida para la construcción de la vía interoceánica.Según María Luisa Acosta, abogada del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, se espera que el tribunal dicte sentencia sobre el caso en las próximas semanas. Se estima que al menos la mitad de la extensión del proyecto canalero afectaba a territorios indígenas en el Caribe sur de Nicaragua.La serogación de la Ley 840 es «un importantisimo logro del movimiento campesino, comunidades indígenas y afrodescendientes, ambientalistas y sociedad civil de Nicaragua», dijo la abogada ecologista Mónica López Baltodano. «Es cierto, la dictadura sigue en pie, pero la derrota de esta concesión del canal interoceanico, en un recorrido de 11 años de luchas, es parte del camino para salir de la tiranía. ¡Celebrémoslo!», afirmó.
El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista, reformó el miércoles (08.05.2024) las normas sobre un ambicioso proyecto de canal interoceánico de hace 12 años y derogó otra ley que desde 2013 concesionaba su construcción y manejo a un empresario chino
La derogada Ley 840 había otorgado la planeación, construcción y manejo de un canal interoceánico, que competiría con el de Panamá, al grupo chino Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group), propiedad del empresario chino Wang Jing, por 50 años prorrogables.
El gobierno de Daniel Ortega y Wang anunciaron en diciembre de 2014 el inicio de la construcción del canal, pero las obras no avanzaron y el proyecto de 50.000 millones de dólares nunca se concretó.
La reforma propuesta ahora por Ortega fue aprobada unánimemente en la Asamblea Nacional para «fortalecer y actualizar el ordenamiento jurídico nacional, tomando en consideración el siempre cambiante entorno nacional como internacional», dijo la vicepresidenta de la Cámara, Raquel Dixon.
El proyecto preveía un canal de unos 278 kilómetros de longitud, con entradas en el río Brito en la costa del Pacífico y cerca de la desembocadura del río Punta Gorda, en el Caribe. La vía atravesaría el Lago Nicaragua, el mayor de Centroamérica.
El Canal de Panamá, que mueve el 6% del comercio marítimo mundial, solo tiene 80 km.
El tema del canal interoceánico por Nicaragua, que en su momento despertó gran interés, fue llevado en 2021 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por grupos ambientalistas que acusaron al gobierno de «violentar los derechos de las comunidades indígenas” rama y creole, al no consultarlos sobre la aprobación de la ley.
En la demanda ante la CorteIDH se acusa al Estado nicaragüense de violación de los derechos a la propiedad, derechos políticos, de igual protección ante la ley, garantías judiciales, protección judicial y el derecho a un medioambiente sano de nueve comunidades indígenas que habitan en la zona elegida para la construcción de la vía interoceánica.
Según María Luisa Acosta, abogada del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, se espera que el tribunal dicte sentencia sobre el caso en las próximas semanas. Se estima que al menos la mitad de la extensión del proyecto canalero afectaba a territorios indígenas en el Caribe sur de Nicaragua.
La serogación de la Ley 840 es «un importantisimo logro del movimiento campesino, comunidades indígenas y afrodescendientes, ambientalistas y sociedad civil de Nicaragua», dijo la abogada ecologista Mónica López Baltodano. «Es cierto, la dictadura sigue en pie, pero la derrota de esta concesión del canal interoceanico, en un recorrido de 11 años de luchas, es parte del camino para salir de la tiranía. ¡Celebrémoslo!», afirmó.
