2024-01-03
Nuevo Mundo – 96.1
Medios locales revelaron este miércoles que el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armandáriz, pidió la víspera levantar cargos en contra de Yáñez, quien durante las masivas protestas de hace cuatro años ejercía como director de Orden y Seguridad del cuerpo policial.Yáñez, que asumió como jefe de la institución en noviembre de 2020, es investigado por la eventual comisión del delito de omisión «de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio», según la prensa local.Chile vivió entre octubre de 2019 y marzo de 2020 la mayor ola de manifestaciones desde el fin de la dictadura militar, que empezó como una protesta contra el alza en el precio del boleto de metro y derivó en un clamor por un modelo económico más justo y mayores derechos sociales.Las revueltas ocasionaron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos decenas de mutilados oculares, y dejaron episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios. La ONU y organismos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) señalaron además a Carabineros por violaciones a los derechos humanos y se abrieron decenas de causas judiciales.El Ministerio Público también pidió formalizar a Mario Rozas, quien era general director de Carabineros durante el estallido, y al exsubdirector de la institución, Diego Olate.AA: «Es un hito en el camino hacia la verdad y la justicia»Preguntada sobre la continuidad de Yáñez en el cargo, la vocera del Gobierno, Camila Vallejo, pidió «cautela» y dijo que se tomará una decisión «en el momento en que se dé la formalización y la justicia determine si finalmente va a establecer alguna imputación concreta».»El objetivo central es al mismo tiempo que la justicia avance en esclarecer los hechos que han estado siendo investigados ya hace años y la responsabilidad de la institución, y que la institución pueda seguir funcionando», añadió la portavoz.La audiencia de formalización de la investigación es un trámite procesal durante el que el fiscal comunica al imputado, en presencia del juez de garantía, que está desarrollando una investigación en su contra. Por el momento, el Poder Judicial no ha establecido una fecha para la audiencia en contra de Yáñez y los ex altos mandos investigados.La ONG Amnistía Internacional aseguró en un comunicado que la petición de formalización «es un hito en el camino hacia la verdad y la justicia» y dijo que «la justicia no sólo debe perseguir a quien apretó el gatillo sino también a quien dio la orden o no hizo lo necesario para evitar las graves violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo».»La solicitud de imputación de varios mandos y ex mandos de Carabineros, cuya decisión habría sido asumir miles de lesionados y la discapacidad de cientos de personas como un mal necesario para terminar con las protestas, tiene el potencial de abrir una nueva era en la lucha contra la impunidad”, apuntó en el mismo comunicado Ana Piquer, directora para las Américas de AI.
Medios locales revelaron este miércoles que el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armandáriz, pidió la víspera levantar cargos en contra de Yáñez, quien durante las masivas protestas de hace cuatro años ejercía como director de Orden y Seguridad del cuerpo policial.
Yáñez, que asumió como jefe de la institución en noviembre de 2020, es investigado por la eventual comisión del delito de omisión «de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio», según la prensa local.
Chile vivió entre octubre de 2019 y marzo de 2020 la mayor ola de manifestaciones desde el fin de la dictadura militar, que empezó como una protesta contra el alza en el precio del boleto de metro y derivó en un clamor por un modelo económico más justo y mayores derechos sociales.
Las revueltas ocasionaron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos decenas de mutilados oculares, y dejaron episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios. La ONU y organismos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) señalaron además a Carabineros por violaciones a los derechos humanos y se abrieron decenas de causas judiciales.
El Ministerio Público también pidió formalizar a Mario Rozas, quien era general director de Carabineros durante el estallido, y al exsubdirector de la institución, Diego Olate.
AA: «Es un hito en el camino hacia la verdad y la justicia»
Preguntada sobre la continuidad de Yáñez en el cargo, la vocera del Gobierno, Camila Vallejo, pidió «cautela» y dijo que se tomará una decisión «en el momento en que se dé la formalización y la justicia determine si finalmente va a establecer alguna imputación concreta».
«El objetivo central es al mismo tiempo que la justicia avance en esclarecer los hechos que han estado siendo investigados ya hace años y la responsabilidad de la institución, y que la institución pueda seguir funcionando», añadió la portavoz.
La audiencia de formalización de la investigación es un trámite procesal durante el que el fiscal comunica al imputado, en presencia del juez de garantía, que está desarrollando una investigación en su contra. Por el momento, el Poder Judicial no ha establecido una fecha para la audiencia en contra de Yáñez y los ex altos mandos investigados.
La ONG Amnistía Internacional aseguró en un comunicado que la petición de formalización «es un hito en el camino hacia la verdad y la justicia» y dijo que «la justicia no sólo debe perseguir a quien apretó el gatillo sino también a quien dio la orden o no hizo lo necesario para evitar las graves violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo».
«La solicitud de imputación de varios mandos y ex mandos de Carabineros, cuya decisión habría sido asumir miles de lesionados y la discapacidad de cientos de personas como un mal necesario para terminar con las protestas, tiene el potencial de abrir una nueva era en la lucha contra la impunidad”, apuntó en el mismo comunicado Ana Piquer, directora para las Américas de AI.
