2023-12-12
Nuevo Mundo – 96.1
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el Estado de Derecho de Guatemala está en grave riesgo ante la sucesiva “instrumentalización del Sistema de Justicia” para desconocer los resultados electorales que dieron la victoria al presidente electo Bernardo Arévalo.La instancia en Washington alerta que las acciones emprendidas por el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, “ponen en peligro los resultados de las elecciones” y la transferencia del poder presidencial prevista para el 14 de enero próximo.Esta resolución “alerta a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional en general del inminente incumplimiento del orden constitucional en Guatemala debido a un abuso de poder por parte del Ministerio Público y a la instrumentalización del sistema penal”, señala un comunicado difundido por el organismo.»El Ministerio Público busca con sus acciones invalidar la integridad y los resultados del reciente proceso electoral e impedir que autoridades electas asuman sus funciones de acuerdo con la voluntad del pueblo guatemalteco expresada en una elección general», agrega.El pleno de la Comisión, advierte que el sistema de justicia y fiscalía -desde el inicio del proceso electoral- han “expuesto un ejercicio injustificado y arbitrario del poder” para sus propios “fines políticos y electorales”.La CIDH considera que las acciones perpetradas por el Ministerio Público se “han beneficiado de la complacencia del Ejecutivo” dirigido por el presidente Alejandro Giammattei, lo que pone en “tela de juicio el orden constitucional” del país y debilita la protección de derechos humanos del pueblo guatemalteco.En sucesivas sesiones del Consejo Permanente de la OEA, en la sede en Washington, en transmisiones de video, el canciller de Guatemala, Mario Búcaro ha insistido en que la transición de mando presidencial se está desarrollando en “total armonía”, y ha pedido a los Estados abstenerse de interferir en los asuntos internos de su país.Sin embargo, en una sesión de revisión de la crisis en Guatemala realizada la semana pasada, jefes de misión de varios países de la región cuestionaron esa visión del titular de exteriores, ante los procesos judiciales y políticos que indican lo opuesto.El presidente electo, Bernardo Arévalo no ha dejado de señalar sobre el renglón los riesgos para asumir el mando presidencial luego de ganar por una aplastante mayoría la segunda vuelta presidencial el 20 de agosto reciente.El secretario general de la OEA también elevó el viernes las condenas ante el “intento de golpe de Estado” que promueve el aparato fiscal con la utilización selectiva de la justicia en el país centroamericano.“La CIDH llama además al Estado a proteger la vida y la integridad física integridad de las autoridades políticas electas, defensores de derechos, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación y los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales”, mientras Guatemala transita por un tiempo de protestas sociales e incertidumbre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el Estado de Derecho de Guatemala está en grave riesgo ante la sucesiva “instrumentalización del Sistema de Justicia” para desconocer los resultados electorales que dieron la victoria al presidente electo Bernardo Arévalo.
La instancia en Washington alerta que las acciones emprendidas por el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, “ponen en peligro los resultados de las elecciones” y la transferencia del poder presidencial prevista para el 14 de enero próximo.
Esta resolución “alerta a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional en general del inminente incumplimiento del orden constitucional en Guatemala debido a un abuso de poder por parte del Ministerio Público y a la instrumentalización del sistema penal”, señala un comunicado difundido por el organismo.
«El Ministerio Público busca con sus acciones invalidar la integridad y los resultados del reciente proceso electoral e impedir que autoridades electas asuman sus funciones de acuerdo con la voluntad del pueblo guatemalteco expresada en una elección general», agrega.
El pleno de la Comisión, advierte que el sistema de justicia y fiscalía -desde el inicio del proceso electoral- han “expuesto un ejercicio injustificado y arbitrario del poder” para sus propios “fines políticos y electorales”.
La CIDH considera que las acciones perpetradas por el Ministerio Público se “han beneficiado de la complacencia del Ejecutivo” dirigido por el presidente Alejandro Giammattei, lo que pone en “tela de juicio el orden constitucional” del país y debilita la protección de derechos humanos del pueblo guatemalteco.
En sucesivas sesiones del Consejo Permanente de la OEA, en la sede en Washington, en transmisiones de video, el canciller de Guatemala, Mario Búcaro ha insistido en que la transición de mando presidencial se está desarrollando en “total armonía”, y ha pedido a los Estados abstenerse de interferir en los asuntos internos de su país.
Sin embargo, en una sesión de revisión de la crisis en Guatemala realizada la semana pasada, jefes de misión de varios países de la región cuestionaron esa visión del titular de exteriores, ante los procesos judiciales y políticos que indican lo opuesto.
El presidente electo, Bernardo Arévalo no ha dejado de señalar sobre el renglón los riesgos para asumir el mando presidencial luego de ganar por una aplastante mayoría la segunda vuelta presidencial el 20 de agosto reciente.
El secretario general de la OEA también elevó el viernes las condenas ante el “intento de golpe de Estado” que promueve el aparato fiscal con la utilización selectiva de la justicia en el país centroamericano.
“La CIDH llama además al Estado a proteger la vida y la integridad física integridad de las autoridades políticas electas, defensores de derechos, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación y los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales”, mientras Guatemala transita por un tiempo de protestas sociales e incertidumbre.
