2023-12-08
Nuevo Mundo – 96.1
La organización no gubernamental de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) solicitó a la Unión Europea (UE) la imposición de sanciones individuales contra altos funcionarios del Estado de Guatemala, por interferencias en el proceso electoral con las que han pretendido evitar el ascenso al poder de Bernardo Arévalo, ganador de los comicios presidenciales del pasado agosto.Según la carta entregada en la víspera, el organismo pidió sanciones para la fiscal general, Consuelo Porras, a la que señala de socavar «las investigaciones sobre corrupción y abusos de derechos humanos», de iniciar «procedimientos penales arbitrarios» contra periodistas, fiscales, jueces y personal de las Naciones Unidas, así como de adelantar «investigaciones penales espurias» cuyo interés sería «intimidar» al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Movimiento Semilla, partido al que hasta hace poco pertenecía Arévalo de León.Adicionalmente, en el texto se precisa que «las recientes elecciones estuvieron marcadas por ataques al derecho de voto y esfuerzos por hacer que el campo de juego fuera desigual», en referencia a la prohibición de las candidaturas opositoras de Thelma Cabrera, Roberto Arzú y Carlos Pineda, a quienes se les habría impedido participar de la contienda presidencial «mediante decisiones con motivación política», así como de la «investigación penal arbitraria» iniciada por el despacho de Porras contra el aspirante Edmond Mulet.Para la organización, la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 25 de junio de 2023, constituyó un punto de inflexión para la Fiscalía guatemalteca, que en adelante se erigió en un bastión «para socavar el derecho al voto y acosar a Semilla mediante maniobras legales».Del mismo modo, HRW exigió penalidades para el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, el juez Fredy Orellana y la fiscal Cinthya Monterroso, por presuntamente haber abusado de su posición para adelantar causas arbitrarias y «obstruir la justicia» en investigaciones asociadas a casos de corrupción.Mientras, el país centroamericano está atravesado por una ola inédita de protestas en repudio a la corrupción y por el respeto de la democracia y el Estado de derecho, muchas de las cuales han estado encabezadas por el presidente electo y su compañera de fórmula, Karin Herrera. Se prevé que el binomio asuma el mando el próximo 14 de enero.
La organización no gubernamental de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) solicitó a la Unión Europea (UE) la imposición de sanciones individuales contra altos funcionarios del Estado de Guatemala, por interferencias en el proceso electoral con las que han pretendido evitar el ascenso al poder de Bernardo Arévalo, ganador de los comicios presidenciales del pasado agosto.
Según la carta entregada en la víspera, el organismo pidió sanciones para la fiscal general, Consuelo Porras, a la que señala de socavar «las investigaciones sobre corrupción y abusos de derechos humanos», de iniciar «procedimientos penales arbitrarios» contra periodistas, fiscales, jueces y personal de las Naciones Unidas, así como de adelantar «investigaciones penales espurias» cuyo interés sería «intimidar» al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Movimiento Semilla, partido al que hasta hace poco pertenecía Arévalo de León.
Adicionalmente, en el texto se precisa que «las recientes elecciones estuvieron marcadas por ataques al derecho de voto y esfuerzos por hacer que el campo de juego fuera desigual», en referencia a la prohibición de las candidaturas opositoras de Thelma Cabrera, Roberto Arzú y Carlos Pineda, a quienes se les habría impedido participar de la contienda presidencial «mediante decisiones con motivación política», así como de la «investigación penal arbitraria» iniciada por el despacho de Porras contra el aspirante Edmond Mulet.
Para la organización, la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 25 de junio de 2023, constituyó un punto de inflexión para la Fiscalía guatemalteca, que en adelante se erigió en un bastión «para socavar el derecho al voto y acosar a Semilla mediante maniobras legales».
Del mismo modo, HRW exigió penalidades para el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, el juez Fredy Orellana y la fiscal Cinthya Monterroso, por presuntamente haber abusado de su posición para adelantar causas arbitrarias y «obstruir la justicia» en investigaciones asociadas a casos de corrupción.
Mientras, el país centroamericano está atravesado por una ola inédita de protestas en repudio a la corrupción y por el respeto de la democracia y el Estado de derecho, muchas de las cuales han estado encabezadas por el presidente electo y su compañera de fórmula, Karin Herrera. Se prevé que el binomio asuma el mando el próximo 14 de enero.
