2021-09-20
Nuevo Mundo – 96.1
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, informó este lunes que Washington sancionó a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda Ávila.También fueron sancionados cinco magistrados de la Corte Suprema de El Salvador: Elsy Dueñas De Avilés, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña.De acuerdo con el comunicado de Blinken, publicado por el Departamento de Estado, estos funcionarios centroamericanos han sido sancionados «por socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción».Estos funcionarios fueron sancionados bajo la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los EE.UU. (conocida como la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos), que fue promulgada el 27 de diciembre de 2020.La designación implica que las personas sancionadas pierden automáticamente su visa estadounidense por al menos tres años y quedan abiertas a que otras instancias del Gobierno de EE.UU. amplíen las sanciones.Caso GuatemalaEn el caso de Guatemala, dice el comunicado de Blinken, Porras «obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales» y señala que su patrón incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público «que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas».Asimismo, reprochan a Porras el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, el traslado y el despido fiscales que investigan la corrupción.Entretanto, sobre Pineda señalan que interfirió en las investigaciones anticorrupción, al alertar a los objetivos de las pesquisas sobre los casos que se estaban construyendo en su contra.Caso El SalvadorEn relación con El Salvador, los cinco magistrados sancionados son los que pertenecen a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que fueron ungidos para el cargo en mayo, luego que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyera a los funcionarios anteriores de esa instancia, en su primer día de sesiones.Al respecto, el comunicado de Blinken dice que esto cinco magistrados sancionados «socavaron procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos a la Cámara por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso que parece haber contravenido la Constitución salvadoreña».Asimismo, indica que los cinco magistrados anteriores «fueron destituidos abruptamente sin causa legítima».También señalan que los nuevos magistrados socavaron los procesos democráticos al aprobar, a principios de septiembre, «una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección del Presidente» a pesar de una prohibición expresa en la carta magna que prohíbe mandatos consecutivos de la Presidencia.
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, informó este lunes que Washington sancionó a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda Ávila.
También fueron sancionados cinco magistrados de la Corte Suprema de El Salvador: Elsy Dueñas De Avilés, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña.
De acuerdo con el comunicado de Blinken, publicado por el Departamento de Estado, estos funcionarios centroamericanos han sido sancionados «por socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción».
Estos funcionarios fueron sancionados bajo la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los EE.UU. (conocida como la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos), que fue promulgada el 27 de diciembre de 2020.
La designación implica que las personas sancionadas pierden automáticamente su visa estadounidense por al menos tres años y quedan abiertas a que otras instancias del Gobierno de EE.UU. amplíen las sanciones.
Caso Guatemala
En el caso de Guatemala, dice el comunicado de Blinken, Porras «obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales» y señala que su patrón incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público «que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas».
Asimismo, reprochan a Porras el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, el traslado y el despido fiscales que investigan la corrupción.
Entretanto, sobre Pineda señalan que interfirió en las investigaciones anticorrupción, al alertar a los objetivos de las pesquisas sobre los casos que se estaban construyendo en su contra.
Caso El Salvador
En relación con El Salvador, los cinco magistrados sancionados son los que pertenecen a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que fueron ungidos para el cargo en mayo, luego que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyera a los funcionarios anteriores de esa instancia, en su primer día de sesiones.
Al respecto, el comunicado de Blinken dice que esto cinco magistrados sancionados «socavaron procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos a la Cámara por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso que parece haber contravenido la Constitución salvadoreña».
Asimismo, indica que los cinco magistrados anteriores «fueron destituidos abruptamente sin causa legítima».
También señalan que los nuevos magistrados socavaron los procesos democráticos al aprobar, a principios de septiembre, «una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección del Presidente» a pesar de una prohibición expresa en la carta magna que prohíbe mandatos consecutivos de la Presidencia.
