La Ley de Ciberseguridad fue aprobada por el Congreso de la República de Guatemala durante la sesión plenaria del martes 3 de noviembre de 2026, con 121 votos a favor y 10 en contra. La normativa quedó establecida en el Decreto 26-2026, denominado Ley Marco de Ciberseguridad, y busca fortalecer los mecanismos para prevenir, investigar y sancionar delitos cometidos mediante sistemas informáticos. Los diputados aprobaron la iniciativa 6347 de urgencia nacional, lo que permitió conocerla en un único debate, después de que una moción recibiera el respaldo de 109 legisladores.
La legislación contempla la creación de instituciones especializadas, procedimientos para atender ataques digitales y sanciones penales por conductas como el acceso ilícito a sistemas, la interceptación de comunicaciones y el fraude informático. El decreto también incorpora medidas de cooperación internacional y protección de información. Su entrada en vigencia está prevista para 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, una vez cumplido el trámite constitucional correspondiente.
Ley de Ciberseguridad recibe respaldo de 121 diputados en el Congreso
El Congreso de la República aprobó la Ley Marco de Ciberseguridad durante la sesión ordinaria adicional celebrada el martes 3 de noviembre, después de una jornada de discusión y revisión de modificaciones al proyecto. La iniciativa 6347 recibió 121 votos favorables y 10 en contra durante su aprobación en redacción final, convirtiéndose en el Decreto 26-2026. La normativa busca establecer un marco jurídico para enfrentar amenazas relacionadas con el uso de tecnologías digitales, particularmente aquellas que afectan la seguridad de los sistemas informáticos, la integridad de la información y el funcionamiento de servicios esenciales.
La aprobación representa un avance legislativo en una materia que ha adquirido importancia debido al aumento de las actividades digitales y a los riesgos asociados con ataques informáticos. El decreto contempla disposiciones administrativas, penales y procesales, además de mecanismos de prevención, investigación y cooperación entre instituciones. El presidente del Congreso, Luis Contreras Colíndres, destacó la aprobación como parte de los avances de la actual legislatura en materia de seguridad. Sin embargo, la aplicación efectiva de las nuevas disposiciones dependerá de su entrada en vigencia, la creación de las estructuras previstas y la disponibilidad de recursos para su funcionamiento.
Diputados aprobaron de urgencia nacional la iniciativa 6347
Antes de aprobar el Decreto 26-2026, los diputados respaldaron una moción privilegiada para conocer la iniciativa 6347 de urgencia nacional y en único debate. La propuesta fue presentada por la diputada Mirna Victoria Godoy Palala y recibió 109 votos favorables, cantidad suficiente para superar el respaldo de dos terceras partes requerido para este procedimiento legislativo. La decisión permitió avanzar directamente hacia el conocimiento de los artículos y la redacción final, sin completar los debates ordinarios que normalmente se desarrollan durante la aprobación de una ley.
El procedimiento generó observaciones de algunos legisladores, quienes cuestionaron la rapidez con la que se desarrolló la discusión y solicitaron mayor tiempo para revisar las enmiendas incorporadas al proyecto. Durante la jornada, el pleno conoció modificaciones relacionadas con las responsabilidades institucionales, los mecanismos de investigación y las sanciones por delitos informáticos. La aprobación de urgencia nacional es una herramienta contemplada en el procedimiento legislativo, pero requiere alcanzar una mayoría calificada. En este caso, la moción permitió que la normativa fuera aprobada durante la misma sesión en la que se conocieron sus disposiciones finales.
Nueva normativa establece delitos informáticos y penas de prisión
La Ley Marco de Ciberseguridad incorpora diferentes conductas consideradas delitos informáticos, entre ellas el acceso ilícito a sistemas digitales, la interceptación no autorizada de comunicaciones, los ataques contra datos y sistemas informáticos, la falsificación informática y la apropiación de identidad ajena. También contempla disposiciones relacionadas con el fraude informático y el uso indebido de dispositivos tecnológicos. El objetivo es proporcionar herramientas legales para investigar y sancionar acciones que comprometan información, afecten servicios digitales o provoquen perjuicios mediante sistemas informáticos. Las sanciones deberán aplicarse conforme a los elementos específicos establecidos para cada delito.
Según el texto aprobado y divulgado por el Congreso, el acceso ilícito a sistemas informáticos contempla penas de cuatro a seis años de prisión, mientras que la interceptación ilícita establece sanciones de cinco a ocho años. Los ataques contra la integridad de los datos pueden castigarse con cinco a siete años, y las conductas destinadas a obstaculizar el funcionamiento de sistemas informáticos contemplan penas de cinco a ocho años. La falsificación informática establece sanciones de dos a seis años y la apropiación de identidad ajena, de tres a seis años. La aplicación de estas penas dependerá de la conducta acreditada y de la resolución judicial correspondiente.
Ley de Ciberseguridad contempla nuevas instituciones especializadas
Entre las principales disposiciones del Decreto 26-2026 figura la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, identificado como Conciber, que tendrá funciones estratégicas relacionadas con la coordinación de políticas nacionales en esta materia. La instancia estará presidida por el presidente de la República e integrada por autoridades de diferentes instituciones gubernamentales vinculadas con seguridad, relaciones internacionales, finanzas y otros ámbitos del Estado. Su función será contribuir a la definición de estrategias para prevenir amenazas digitales y fortalecer la coordinación institucional frente a incidentes que puedan comprometer servicios públicos o infraestructura tecnológica.
La normativa también contempla la Dirección Nacional de Ciberseguridad, conocida como Diciber, que funcionará como órgano técnico y operativo adscrito al Ministerio de Gobernación. Esta dependencia tendrá responsabilidades relacionadas con políticas, protocolos y mecanismos de coordinación para la prevención y atención de incidentes informáticos. Asimismo, se establece el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala, denominado CRIC-GT, que deberá facilitar la atención y coordinación ante ataques digitales. La implementación de estas estructuras requerirá definir procedimientos de funcionamiento, responsabilidades específicas y mecanismos de cooperación entre las instituciones involucradas.
Ministerio Público e Inacif tendrán funciones contra ciberdelitos
La Ley Marco de Ciberseguridad contempla el fortalecimiento de las capacidades de investigación mediante la creación de una fiscalía especializada en delitos informáticos dentro del Ministerio Público. Esta instancia deberá atender investigaciones relacionadas con conductas ilícitas cometidas mediante sistemas tecnológicos, de acuerdo con las competencias establecidas en la normativa. El decreto también prevé la creación de una unidad especializada de informática forense en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, encargada de desarrollar análisis técnicos relacionados con evidencia digital. Estas disposiciones buscan mejorar la capacidad institucional para investigar hechos que requieren conocimientos especializados.
La investigación de delitos informáticos presenta desafíos particulares debido a que la información puede encontrarse almacenada en dispositivos electrónicos, servidores o sistemas ubicados dentro y fuera del país. Por esa razón, la legislación establece mecanismos relacionados con la obtención y preservación de evidencia digital, así como procedimientos de cooperación entre autoridades. También contempla órganos jurisdiccionales especializados y una red de contacto permanente denominada Red 24/7 Guatemala, destinada a facilitar asistencia en investigaciones. La aplicación de estas herramientas deberá respetar las garantías procesales, la protección de información y los derechos reconocidos por la legislación guatemalteca.
Congreso incorporó 20 enmiendas antes de aprobar el decreto
Durante la discusión de la Ley Marco de Ciberseguridad, los diputados incorporaron 20 enmiendas y sustituciones de artículos que modificaron diferentes aspectos de la iniciativa original. Los cambios abarcaron disposiciones relacionadas con la protección de información, la atención de incidentes, los procedimientos de investigación y las sanciones por delitos informáticos. Entre las modificaciones figura una nueva definición de datos de tráfico, relacionada con información generada durante las comunicaciones digitales, así como ajustes en las disposiciones de confidencialidad. También se sustituyeron artículos vinculados con los plazos para reportar incidentes y los mecanismos de coordinación institucional.
Las enmiendas también modificaron disposiciones penales y procesales, incluyendo artículos relacionados con las penas por ciberdelitos y los procedimientos para preservar evidencia digital. Algunas modificaciones redujeron sanciones contempladas en versiones anteriores del proyecto, mientras que otras incorporaron agravantes para conductas que afecten infraestructura crítica. Durante la discusión surgieron cuestionamientos sobre el alcance de los cambios y el tiempo disponible para analizarlos. Por esta razón, el texto final aprobado resulta fundamental para establecer con precisión las obligaciones, prohibiciones y sanciones que deberán aplicarse una vez que la normativa entre en vigencia.
Ley Marco de Ciberseguridad entrará en vigor después de su publicación
El Decreto 26-2026 establece que la Ley Marco de Ciberseguridad entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Esto significa que la aprobación realizada por el Congreso de la República no implica que todas sus disposiciones comiencen a aplicarse inmediatamente. Antes deberá completarse el procedimiento constitucional correspondiente y publicarse el texto oficial de la normativa. A partir de esa publicación podrá determinarse la fecha exacta de entrada en vigor. La disposición también permite que las instituciones involucradas comiencen a preparar las acciones necesarias para cumplir las responsabilidades previstas.
La legislación contempla que el Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación, apruebe el reglamento correspondiente dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia. Este instrumento deberá desarrollar aspectos operativos necesarios para implementar las disposiciones legales, sin modificar el contenido aprobado por el Congreso. La normativa también establece plazos para poner en funcionamiento determinadas estructuras especializadas, entre ellas el centro de respuesta a incidentes. El proceso de implementación será importante para determinar cómo se coordinarán las instituciones, qué procedimientos utilizarán y de qué manera se atenderán las amenazas digitales en Guatemala.
Ley de Ciberseguridad busca proteger sistemas e infraestructura digital
La aprobación de la Ley Marco de Ciberseguridad establece nuevas disposiciones para fortalecer la protección de los sistemas informáticos utilizados por instituciones públicas, empresas y otros sectores que dependen de herramientas tecnológicas. El Decreto 26-2026 contempla mecanismos de prevención y respuesta frente a incidentes que puedan comprometer información, interrumpir servicios o afectar el funcionamiento de plataformas digitales. La normativa también incorpora medidas de coordinación entre instituciones para atender amenazas relacionadas con ataques informáticos. Su aplicación requerirá identificar responsabilidades y desarrollar procedimientos que permitan responder ante situaciones que representen riesgos para la seguridad de los sistemas tecnológicos.
La protección de la infraestructura digital adquiere importancia debido a que numerosas actividades económicas, administrativas y sociales dependen del funcionamiento de redes y plataformas informáticas. Una interrupción puede afectar procesos de comunicación, servicios institucionales y operaciones que requieren acceso permanente a información. Por esta razón, la legislación contempla disposiciones relacionadas con la prevención de incidentes y la atención de amenazas tecnológicas. Sin embargo, la existencia de una nueva normativa no elimina automáticamente los riesgos digitales. Su efectividad dependerá de la capacidad técnica de las instituciones, la implementación de protocolos y la coordinación entre los sectores involucrados.
Nuevas disposiciones permitirán investigar delitos cometidos por medios digitales
El Decreto 26-2026 incorpora herramientas jurídicas destinadas a facilitar la investigación de conductas ilícitas relacionadas con sistemas informáticos. Entre los delitos contemplados se encuentran el acceso no autorizado a plataformas digitales, la interceptación ilícita de comunicaciones, la falsificación informática y determinadas formas de fraude mediante tecnologías. La legislación también establece disposiciones sobre la preservación de evidencia digital, un aspecto importante para las investigaciones que requieren examinar información almacenada en dispositivos o sistemas electrónicos. Estas herramientas deberán utilizarse conforme a los procedimientos legales y bajo las garantías establecidas en la legislación guatemalteca.
La creación de capacidades especializadas dentro del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses busca fortalecer el trabajo técnico necesario para investigar este tipo de hechos. Los análisis informáticos pueden contribuir a establecer características de archivos, comunicaciones y dispositivos que resulten relevantes para un proceso penal. No obstante, la obtención y valoración de evidencia deberá respetar las autorizaciones judiciales y las garantías del debido proceso. Las sanciones previstas en la ley solamente podrán imponerse cuando se acrediten los elementos correspondientes y exista una resolución judicial. La aplicación de la normativa deberá distinguir entre conductas delictivas y actividades digitales legítimas.
Implementación de la Ley de Ciberseguridad requerirá coordinación institucional
La entrada en vigencia de la Ley Marco de Ciberseguridad dará paso a un proceso de implementación que involucrará a diferentes instituciones del Estado. Entre las estructuras previstas se encuentran el Consejo Nacional de Ciberseguridad, la Dirección Nacional de Ciberseguridad y el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala. Estas dependencias tendrán responsabilidades relacionadas con la planificación, coordinación y atención de amenazas digitales, de acuerdo con las competencias establecidas en el decreto. Su funcionamiento requerirá definir procedimientos administrativos, mecanismos de comunicación y capacidades técnicas para responder a incidentes que puedan afectar los sistemas informáticos.
El Ministerio de Gobernación tendrá un papel importante en el desarrollo de las disposiciones reglamentarias previstas por la normativa. El decreto contempla un plazo de seis meses después de su entrada en vigencia para la aprobación del reglamento correspondiente, mientras otras medidas deberán ejecutarse conforme a los períodos establecidos en la ley. La implementación también requerirá coordinación con las instituciones responsables de investigar delitos y analizar evidencia digital. Los resultados dependerán de la disponibilidad de personal especializado, recursos y herramientas tecnológicas. Las autoridades deberán informar sobre los avances y garantizar que las nuevas facultades se ejerzan dentro del marco legal.
Congreso aprueba Decreto 26-2026 para fortalecer seguridad digital en Guatemala
El Congreso de la República aprobó la Ley Marco de Ciberseguridad durante la sesión del martes 3 de noviembre de 2026, con 121 votos a favor y 10 en contra. La normativa quedó establecida en el Decreto 26-2026, después de que los diputados conocieran la iniciativa 6347 mediante el procedimiento de urgencia nacional. La legislación contempla nuevos delitos informáticos, sanciones penales y mecanismos institucionales para prevenir y atender amenazas relacionadas con sistemas digitales. También establece disposiciones para fortalecer las investigaciones mediante unidades especializadas y procedimientos relacionados con la obtención y preservación de evidencia informática.
La aprobación legislativa representa el inicio de una nueva etapa para la regulación de la ciberseguridad en Guatemala, aunque todavía deberán cumplirse los procedimientos necesarios para que la normativa entre en vigencia. El decreto establece un plazo de 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, por lo que la fecha exacta dependerá de ese trámite. Posteriormente, las instituciones deberán desarrollar las estructuras y disposiciones reglamentarias correspondientes. La aplicación de la ley será relevante para determinar cómo se enfrentarán los delitos informáticos y qué mecanismos utilizará el Estado para proteger los sistemas digitales, respetando los derechos y garantías establecidos en la legislación nacional.
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