La agresión de Estados Unidos a Venezuela fue calificada como un acto inhumano por el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien aseguró que las acciones de Washington provocaron una ola de terror en la población venezolana, especialmente en familias y niños. El funcionario afirmó que los hechos dejaron miedo e incertidumbre en comunidades afectadas por los ataques y remarcó que el Gobierno considera la operación como una violación grave de la soberanía nacional.
Cabello sostuvo que la agresión de Estados Unidos a Venezuela no puede justificarse como una acción legítima y describió el operativo como desproporcionado por su alcance y por el impacto humano que, según indicó, generó en el país. En sus declaraciones, afirmó que el Estado venezolano está obligado a continuar trabajando para lograr el regreso de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, a quienes Caracas considera secuestrados y trasladados por la fuerza a Nueva York.
Las declaraciones se dan en un contexto de alta tensión política y diplomática, tras los ataques del 3 de enero y la instalación de un gobierno encargado encabezado por Delcy Rodríguez. Mientras Washington sostiene que actuó en el marco de su ofensiva contra el narcotráfico y estructuras criminales, Caracas insiste en que el objetivo real de la agresión de Estados Unidos a Venezuela es apoderarse de recursos estratégicos como el petróleo y minerales, buscando quebrar la independencia política del país.
Ola de miedo y denuncia de impacto social
En su pronunciamiento, Cabello afirmó que la agresión de Estados Unidos a Venezuela dejó una ola de terror en la ciudadanía. Aseguró que el miedo se extendió en barrios y comunidades por la intensidad de los ataques y por la incertidumbre ante la continuidad de las operaciones. El ministro señaló que el efecto psicológico es una de las consecuencias más graves porque afecta el tejido social, sobre todo cuando se trata de niños y personas mayores.
Cabello remarcó que, desde su perspectiva, las acciones no pueden considerarse humanas por el efecto que causan sobre la vida cotidiana. En ese marco, afirmó que la prioridad del Estado es sostener el funcionamiento institucional y avanzar en medidas que permitan enfrentar la crisis política y social derivada de la agresión de Estados Unidos a Venezuela.
Operación militar y captura de Maduro
Según lo reportado, Estados Unidos ejecutó una ofensiva militar masiva el sábado 3 de enero en territorio venezolano. La operación afectó Caracas y otros estados cercanos y concluyó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York. Caracas calificó el hecho como una agresión militar y un secuestro, mientras Washington lo presentó como parte de una estrategia de seguridad.
Diosdado Cabello indicó que la agresión de Estados Unidos a Venezuela provocó víctimas mortales y sostuvo que al menos 100 personas fallecieron durante la operación. Las autoridades venezolanas también han denunciado daños materiales y afectaciones a comunidades cercanas a las zonas impactadas, aunque el detalle completo de víctimas y daños sigue siendo objeto de reportes e investigaciones.
Respuesta política y continuidad institucional
Tras la captura de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada. Desde el oficialismo se ha insistido en que la institucionalidad continúa operando y en que el Estado mantendrá la defensa de la soberanía. Cabello respaldó esa línea y sostuvo que el país no se rendirá frente a la agresión de Estados Unidos a Venezuela, reiterando que se mantendrán acciones políticas y diplomáticas para denunciar lo ocurrido.
El ministro también señaló que el Ejecutivo considera prioritario mantener la cohesión interna y evitar el colapso institucional en medio de presiones externas. Desde esta perspectiva, la agresión de Estados Unidos a Venezuela es presentada como un desafío que obliga a reorganizar estrategias de gobierno y seguridad, al tiempo que se insiste en el retorno de las figuras capturadas.
Proceso judicial en Nueva York
Nicolás Maduro se declaró inocente en su primera audiencia ante la Justicia de Estados Unidos en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de narcoterrorismo, según se informó. Cilia Flores procedió de la misma manera. Caracas sostiene que el proceso carece de legitimidad y lo interpreta como parte de una estrategia política destinada a justificar la agresión de Estados Unidos a Venezuela y la presión sostenida contra el país.
El caso judicial se ha convertido en uno de los ejes del conflicto diplomático, debido a que el Gobierno venezolano insiste en que se trata de un “prisionero de guerra” y rechaza cualquier jurisdicción extranjera sobre su liderazgo político. Este punto aumenta la tensión y condiciona cualquier intento de desescalada en el corto plazo.
Reacciones internacionales y llamados
Varios países del mundo, incluidos Rusia y China, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. La Cancillería rusa afirmó que a Venezuela debe garantizársele el derecho de decidir su destino sin intervención externa y expresó solidaridad con el pueblo venezolano. En el mismo sentido, se planteó disposición para apoyar a la administración encargada en la resolución de los desafíos actuales.
Estas reacciones colocan la agresión de Estados Unidos a Venezuela en un plano geopolítico más amplio, donde distintos actores internacionales cuestionan el uso de la fuerza y advierten sobre el riesgo de escaladas regionales. El conflicto también ha intensificado debates sobre soberanía, intervención y seguridad en América Latina.
Escenarios en desarrollo
La situación continúa evolucionando con rapidez. Mientras el Gobierno venezolano insiste en denunciar la agresión de Estados Unidos a Venezuela y en exigir la liberación de Maduro y Flores, Washington mantiene su postura y sostiene la narrativa de seguridad vinculada a delitos transnacionales. En paralelo, la administración interina busca sostener gobernabilidad interna y responder a presiones externas.
Analistas consideran que el rumbo dependerá de factores como el alcance real de la presión internacional, la estabilidad institucional venezolana y las decisiones de Washington en materia de política exterior. La controversia también mantiene en alerta a países de la región por posibles impactos migratorios, económicos y de seguridad.
Información cortesía de RT
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