Fin del subsidio a los combustibles en Bolivia ha desatado una ola de protestas y movilizaciones en distintas ciudades del país, luego de que organizaciones sindicales, mineros, cocaleros y sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) salieran a las calles para rechazar el decreto emitido por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, que puso término a una política vigente por más de dos décadas.
Las manifestaciones se concentraron principalmente en las ciudades de La Paz y Cochabamba, donde cientos de personas expresaron su rechazo al alza en los precios de la gasolina y el diésel, incrementos que superan el 100 % en algunos casos y que, según los sectores movilizados, afectan de forma directa el costo de vida de la población.
La decisión gubernamental marca un punto de inflexión en la política económica boliviana y ha generado un intenso debate social y político en torno a la sostenibilidad fiscal, la protección social y el impacto económico sobre los sectores más vulnerables.
Fin del subsidio, Movilización desde El Alto hacia La Paz
Uno de los focos principales de protesta se registró en la ciudad de La Paz, donde columnas de mineros, cocaleros y trabajadores sindicalizados marcharon desde la ciudad de El Alto hasta el centro político del país.
Durante el recorrido, los manifestantes corearon consignas contra el decreto que elimina la subvención y advirtieron que están “dispuestos a todo” si el Gobierno no retrocede en su decisión.
La movilización generó un fuerte impacto en la dinámica urbana, con calles y avenidas bloqueadas durante varias horas, así como retrasos en el transporte público y privado.
Reclamos de los sectores sindicales
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Josué Richard Kari Kari, afirmó que la movilización busca la derogación inmediata del decreto, al considerar que atenta contra los derechos de los bolivianos.
Según los dirigentes sindicales, el fin del subsidio a los combustibles en Bolivia afecta no solo al transporte y a la producción, sino también a la economía doméstica, al elevar los precios de alimentos, servicios y bienes básicos.
Los sectores movilizados exigieron la apertura de un diálogo estructural con el Ejecutivo, advirtiendo que las medidas de presión continuarán si no se atienden sus demandas.
Fin del subsidio eso causa tensión con sectores urbanos
Las protestas no estuvieron exentas de tensión social. En varios puntos de La Paz, algunos transeúntes expresaron su molestia por las marchas, increpando a los manifestantes con consignas como “¡Paguen sus impuestos!” y “¡Ladrones!”.
También se registraron acusaciones que vinculan a los movilizados con el Movimiento al Socialismo (MAS), fuerza política que gobernó Bolivia durante los últimos 20 años y que mantiene influencia en diversos sectores sindicales.
Estas reacciones reflejan la polarización social que ha generado el fin del subsidio a los combustibles en Bolivia, evidenciando posiciones encontradas dentro de la ciudadanía.
Protestas paralelas en Cochabamba para el fin del subsidio
En la ciudad de Cochabamba, juntas vecinales, campesinos y cocaleros también salieron a las calles para exigir la eliminación del decreto.
Los manifestantes cerraron vías estratégicas por varias horas y portaron carteles con mensajes como “No al gasolinazo”, acusando al Gobierno de retirar un beneficio histórico que, según ellos, garantizaba estabilidad en los precios.
Las protestas en Cochabamba se desarrollaron de forma paralela a las de La Paz, consolidando un escenario de presión social a nivel nacional.
El decreto y los nuevos precios
El decreto 5503, emitido por el Ejecutivo, estableció nuevos precios para los combustibles: 6,96 bolivianos por litro de gasolina especial, 11 bolivianos para la gasolina premium y 9,80 bolivianos para el diésel.
Estos valores representan incrementos de hasta 86 % en la gasolina y 162 % en el diésel, en comparación con los precios subvencionados vigentes durante más de 20 años.
El fin del subsidio a los combustibles en Bolivia implica un cambio profundo en la estructura de costos de sectores productivos y de transporte.
Argumentos del Gobierno
El presidente Rodrigo Paz justificó la medida señalando que la política de subvención agotó las reservas estatales de dólares y se volvió insostenible para las finanzas públicas.
Según estimaciones oficiales, mantener el subsidio en 2026 habría implicado un gasto de 3.500 millones de dólares, equivalente al 6,4 % del Producto Interno Bruto (PIB).
El Ejecutivo afirmó que no es posible retirar parcialmente la subvención ni reponerla, al considerar que ello comprometería la estabilidad macroeconómica del país.
Medidas complementarias
La eliminación del subsidio fue acompañada por otras decisiones económicas, como el incremento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos, así como aumentos en los bonos destinados a escolares del sistema público y adultos mayores.
El Gobierno sostiene que estas medidas buscan compensar parcialmente el impacto del alza de los combustibles sobre los ingresos de la población.
No obstante, los sectores movilizados consideran que estos ajustes no son suficientes para mitigar el impacto del fin del subsidio a los combustibles en Bolivia.
Impacto económico y social
Economistas advierten que el aumento en los precios de los combustibles puede generar un efecto inflacionario, elevando los costos de transporte, producción y distribución de bienes.
El sector del transporte, uno de los más afectados, ha manifestado su preocupación por el incremento de costos operativos y la posible necesidad de ajustar tarifas.
Asimismo, sectores agrícolas y comerciales alertan sobre un encarecimiento de los productos básicos, lo que podría afectar especialmente a las familias de menores ingresos.
Escenario político abierto
El fin del subsidio a los combustibles en Bolivia se ha convertido en un eje central del debate político, con sectores de oposición y organizaciones sociales exigiendo la revisión de la medida.
Analistas consideran que la respuesta del Gobierno ante las protestas será clave para determinar la estabilidad social en los próximos meses.
Mientras tanto, las movilizaciones continúan y el país enfrenta un escenario de tensión marcado por la confrontación entre la necesidad de ajuste fiscal y las demandas sociales.
Información cortesía de DW
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