El Ministerio Público de Guatemala rechazó las declaraciones del presidente Bernardo Arévalo emitidas durante su cadena nacional, en la que denunció un presunto intento de golpe de Estado y señaló directamente a la fiscal general María Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana. En un extenso comunicado, el MP aseguró que actúa conforme a la ley y que su labor “no obedece a presiones políticas ni mediáticas”.
El pronunciamiento del Ministerio Público de Guatemala llega en un contexto de fuerte tensión institucional. El ente investigador reafirmó que sus procesos judiciales responden a “la obligación constitucional de perseguir el delito” y no a intereses particulares, como insinuó el mandatario en su discurso.
El comunicado oficial del Ministerio Público de Guatemala
A través de sus canales oficiales, el Ministerio Público de Guatemala publicó un comunicado de cinco puntos en el que negó rotundamente cualquier intento de socavar la democracia. “El Ministerio Público cumple con su mandato de investigar hechos delictivos de forma objetiva e independiente, sin atender a intereses políticos o ideológicos”, señala el texto.
Asimismo, el documento defiende la trayectoria de la fiscal general María Consuelo Porras, subrayando que su gestión ha estado orientada al fortalecimiento institucional y al combate a la impunidad. “No aceptamos que se pretenda deslegitimar el trabajo de fiscales y jueces que cumplen con la ley”, agrega.
Contexto de la tensión institucional
El pronunciamiento del Ministerio Público de Guatemala se da luego de que Arévalo denunciara públicamente una supuesta conspiración para debilitar al Ejecutivo. En su mensaje, el presidente calificó de “ilegales” las acciones judiciales que, según dijo, buscan frenar las reformas anticorrupción y desestabilizar su administración.
Las diferencias entre el MP y el Gobierno no son nuevas. Desde el proceso electoral de 2023, ambas instituciones han mantenido una relación marcada por desconfianza y acusaciones mutuas. Sin embargo, la declaración del presidente marcó un punto de inflexión en el conflicto político.
La fiscal general pide respeto a la autonomía institucional
En conferencia de prensa, la fiscal general María Consuelo Porras exigió respeto a la independencia del Ministerio Público de Guatemala. “No permitiremos que se intimide a fiscales, jueces o auxiliares. Nuestro trabajo se fundamenta en la Constitución y no en la opinión pública”, expresó.
Porras aseguró que el MP continuará con las investigaciones en curso, incluyendo los casos vinculados al proceso electoral y a denuncias administrativas contra funcionarios del actual Gobierno. “La ley se aplica sin distinción de personas ni cargos”, enfatizó.
Reacción del Ejecutivo y del entorno político
Fuentes de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia señalaron que el Gobierno mantiene su postura sobre el carácter político de las actuaciones del MP. “No se trata de un enfrentamiento personal, sino de la defensa del Estado de derecho”, dijo un vocero oficial.
Mientras tanto, partidos de oposición salieron en defensa del Ministerio Público de Guatemala, argumentando que el presidente intenta interferir en procesos judiciales. “Debe respetarse la separación de poderes”, manifestó la diputada Patricia Sandoval.
Posición del juez Fredy Orellana
El juez Fredy Orellana, señalado por el presidente en su discurso, no emitió comentarios públicos. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que sus resoluciones se basan en criterios técnicos y dentro del marco procesal correspondiente. “El juez Orellana ha actuado conforme a derecho”, indicó un portavoz del Organismo Judicial.
Organizaciones de juristas recordaron que las decisiones judiciales solo pueden ser impugnadas a través de los mecanismos legales establecidos. “La independencia judicial es esencial para la democracia”, puntualizó el Colegio de Abogados.
Pronunciamientos internacionales y repercusión mediática
El Ministerio Público de Guatemala también reaccionó a los pronunciamientos internacionales que respaldaron al presidente Arévalo. “Rechazamos cualquier intromisión extranjera en asuntos internos del país”, señala el comunicado. La OEA y la Unión Europea habían expresado previamente su preocupación por la estabilidad democrática guatemalteca.
En la prensa internacional, la noticia del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el MP ocupó portadas en medios como BBC Mundo, El País y DW, reflejando el nivel de interés que ha despertado el conflicto institucional en Guatemala.
El llamado a la calma y el respeto al Estado de derecho
Al cierre del comunicado, el Ministerio Público de Guatemala instó a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en el sistema judicial. “Las instituciones del Estado deben actuar dentro del marco legal, sin recurrir a la confrontación pública”, concluye el documento.
El pronunciamiento busca enviar un mensaje de estabilidad y reafirmar el papel del MP como ente autónomo. No obstante, la sociedad civil percibe el enfrentamiento con preocupación, temiendo una escalada de tensiones entre los poderes del Estado.
La respuesta del Ministerio Público de Guatemala representa un nuevo capítulo en la crisis institucional que atraviesa el país. Mientras el Ejecutivo defiende la democracia y denuncia injerencias judiciales, el MP sostiene su independencia y asegura que la justicia no debe ser objeto de debate político. Guatemala vive una coyuntura histórica que pondrá a prueba la madurez de sus instituciones y su compromiso con el Estado de derecho.
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