El bloque oficialista del Congreso presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Codedes, recientemente aprobada por mayoría, pese al veto del presidente Bernardo Arévalo. La medida busca frenar la entrada en vigor de las reformas que, según el Ejecutivo, vulneran principios de transparencia y control presupuestario en el uso de fondos para obras municipales. La Corte de Constitucionalidad (CC) deberá determinar si el proceso legislativo cumplió con las normas constitucionales y si la ley respeta el principio de independencia entre poderes.
Un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y el Congreso
La Ley de Codedes ha generado una de las mayores tensiones políticas del año entre el Gobierno y el Legislativo. Luego de que el presidente Arévalo vetara la normativa por considerarla contraria al principio de rendición de cuentas, el Congreso logró los votos necesarios para rechazar el veto y confirmar la aprobación. Ante esto, la bancada oficial Movimiento Semilla, junto a aliados independientes, acudió a la Corte de Constitucionalidad para solicitar la suspensión provisional de la ley.
El documento ingresado ante la CC señala que la normativa “abre la puerta a discrecionalidades y debilita los mecanismos de fiscalización sobre los recursos públicos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes)”. Según el Ejecutivo, las reformas podrían restar poder de control al Ministerio de Finanzas y al Sistema Nacional de Inversión Pública.
Qué cambia con la nueva Ley de Codedes
La Ley de Codedes —aprobada por el Congreso el mes pasado— introduce modificaciones que permiten a las gobernaciones departamentales tener mayor injerencia en la asignación de fondos de desarrollo. También amplía los plazos de ejecución de proyectos y flexibiliza los criterios técnicos para priorizar obras.
De acuerdo con sus impulsores, la intención es “agilizar” la inversión pública en los departamentos. Sin embargo, la Secretaría General de Planificación (Segeplan) advirtió que los cambios podrían generar duplicidades y debilitar el monitoreo de la calidad del gasto. En ese sentido, la inconstitucionalidad promovida por el Ejecutivo busca preservar la trazabilidad de los fondos públicos y evitar un retroceso en los estándares de transparencia logrados en los últimos años.
Argumentos del Ejecutivo y del bloque oficial
La acción presentada por la bancada oficialista argumenta que la Ley de Codedes contraviene artículos de la Constitución que garantizan el uso responsable de los recursos públicos y el equilibrio entre los poderes del Estado. El documento detalla que el Congreso no puede establecer mecanismos que limiten la función de supervisión del Ejecutivo en materia presupuestaria.
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, afirmó que la normativa “rompe la cadena de control financiero” al reducir las capacidades del Estado para auditar los fondos de desarrollo. “La transparencia no es burocracia; es garantía de que el dinero público llega donde debe llegar”, expresó Menkos durante una conferencia conjunta con la Presidencia.
Por su parte, el vocero del Gobierno, Carlos Sandoval, subrayó que el objetivo de la acción no es confrontar al Congreso, sino garantizar que las decisiones legislativas respeten el marco constitucional. “Se trata de defender la institucionalidad y la transparencia”, puntualizó.
Respuesta del Congreso y sus defensores
Desde el Legislativo, los impulsores de la Ley de Codedes rechazaron las críticas y afirmaron que el veto del presidente responde a una lectura “politizada”. El diputado José Miguel Corado, presidente de la Comisión de Finanzas, declaró que la normativa busca acelerar los procesos de ejecución de obras locales, reduciendo la burocracia que frena el desarrollo de los municipios.
“No estamos debilitando la fiscalización, estamos haciendo que los recursos lleguen más rápido a la gente. Hay comunidades que esperan un puente por años porque las aprobaciones se atrasan en oficinas centrales”, expresó Corado. Según sus declaraciones, la ley mantendrá la obligación de rendir cuentas, pero simplificará los trámites administrativos.
Sin embargo, los analistas advierten que la descentralización sin mecanismos de control sólidos puede abrir espacios de corrupción y opacidad. Varios observatorios ciudadanos han alertado sobre la falta de criterios técnicos en la priorización de proyectos municipales.
El papel de la Corte de Constitucionalidad
La CC tiene ahora la responsabilidad de resolver el conflicto institucional derivado de la aprobación de la Ley de Codedes. La Corte podrá dictar una suspensión provisional mientras estudia el fondo del caso, lo que podría dejar la normativa sin efecto hasta emitir una resolución definitiva.
De acuerdo con expertos en derecho constitucional, el tribunal deberá determinar si el Congreso actuó dentro de sus atribuciones al rechazar el veto presidencial. También deberá evaluar si los artículos impugnados vulneran principios de control presupuestario o de equilibrio entre poderes. “Es un caso que pondrá a prueba la independencia de la Corte y su capacidad de mediar entre ambos poderes”, señaló el constitucionalista Rafael Chavarría.
Implicaciones para los gobiernos locales
La Ley de Codedes afecta directamente la forma en que los gobiernos departamentales y municipales gestionan los recursos de inversión. Si entra en vigencia, las gobernaciones tendrían mayor margen para definir prioridades de gasto sin requerir tanto acompañamiento técnico del Ejecutivo. Esto, según los críticos, puede aumentar el riesgo de que los proyectos se asignen por criterios políticos y no técnicos.
Por el contrario, los alcaldes y diputados que apoyan la reforma aseguran que la medida democratiza la gestión y empodera a las comunidades. “Queremos que las decisiones no se tomen desde una oficina en la capital, sino desde el territorio”, declaró un jefe edil del oriente del país.
El equilibrio entre autonomía local y control central será una de las claves del debate en la Corte.
Reacciones ciudadanas y de la sociedad civil
Organizaciones civiles y tanques de pensamiento han seguido de cerca el proceso de la Ley de Codedes. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) manifestó su apoyo al veto presidencial y advirtió que los cambios en la ley podrían debilitar la gestión del gasto público. “La experiencia muestra que la ejecución sin control tiende a ser ineficiente y propensa a la corrupción”, señaló la institución en un comunicado.
Por su parte, la Alianza por la Transparencia Territorial hizo un llamado a la CC para garantizar un proceso de análisis técnico y no político. “El país necesita desarrollo, pero con integridad y responsabilidad”, enfatizó la organización.
La ruta legal y los posibles escenarios
Si la Corte concede la suspensión provisional, la Ley de Codedes quedará detenida temporalmente, y el Congreso no podrá aplicarla ni asignar fondos bajo el nuevo esquema. Si, por el contrario, la CC rechaza la acción, el Ejecutivo podría presentar un recurso ampliado o solicitar la revisión constitucional. En ambos casos, el proceso podría prolongarse por semanas.
“No hay ganadores inmediatos; la clave es la interpretación constitucional”, afirma el abogado constitucionalista Fernando Mazariegos. “La Corte debe garantizar que ningún poder del Estado exceda sus atribuciones, pero también debe velar por la funcionalidad del sistema político.”
Impacto político del caso
El enfrentamiento por la Ley de Codedes se ha convertido en un termómetro de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. La decisión de la CC podría influir en la dinámica política de los próximos meses y en la agenda legislativa del Gobierno. Si la Corte respalda la inconstitucionalidad, el presidente Arévalo consolidaría su discurso de lucha contra la corrupción y defensa de la transparencia. Si, por el contrario, la CC valida la ley, el Legislativo ganaría margen para fortalecer su autonomía sobre los recursos de desarrollo.
Los observadores consideran que el caso marcará un precedente en materia de control democrático. “Más allá de quién gane, lo importante es que el proceso sea transparente y técnico”, comenta la analista política Sofía López.
Conclusión: una prueba para la institucionalidad
La controversia en torno a la Ley de Codedes pone a prueba la madurez institucional de Guatemala. El diálogo entre poderes, la independencia judicial y el respeto a la transparencia son los pilares que determinarán el desenlace de esta historia. Mientras tanto, los municipios esperan una definición que les permita planificar sus proyectos sin incertidumbre.
Sea cual sea la resolución de la Corte, el mensaje ciudadano es claro: los fondos públicos deben administrarse con responsabilidad y vigilancia constante. La confianza en las instituciones se construye con hechos, no con discursos.
La Ley de Codedes es más que una disputa legal: representa el equilibrio entre desarrollo y transparencia, entre autonomía local y control institucional. Guatemala observa expectante una decisión que puede redefinir el uso del poder público y el futuro del desarrollo departamental.
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