Un magistrado Corte de Constitucionalidad Guatemala denunció haber sido víctima de un nuevo atentado en su contra, presuntamente vinculado a resoluciones recientes del alto tribunal. Las autoridades investigan el hecho, mientras el Organismo Judicial condena la violencia y exige garantías para la independencia judicial.
El atentado que sacude al poder judicial
La madrugada del viernes, un vehículo oficial de la Corte de Constitucionalidad (CC) fue atacado por sujetos armados en el sector de la Calzada Roosevelt, zona 11 capitalina. En su interior viajaba un magistrado Corte de Constitucionalidad Guatemala acompañado de un agente de seguridad asignado a su resguardo.
De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el automóvil recibió varios impactos de bala en el costado derecho. Aunque el magistrado resultó ileso, su escolta fue trasladado al Hospital Roosevelt con heridas leves en el brazo izquierdo.
“Agradezco estar con vida. Este atentado busca intimidar y silenciar decisiones que responden a la ley, no a intereses políticos”, declaró el magistrado durante una breve comparecencia ante medios de comunicación.
Investigación en curso
El Ministerio Público (MP) confirmó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida abrió una investigación de oficio para esclarecer los hechos. Los fiscales recolectaron casquillos de arma de fuego calibre 9 mm en el lugar del ataque y revisan cámaras de vigilancia cercanas.
“La investigación sigue activa. No descartamos ninguna hipótesis, incluyendo represalias derivadas de resoluciones judiciales emitidas por la CC”, indicó la portavoz del MP, Julia Barrientos.
Fuentes cercanas al caso aseguran que el magistrado Corte de Constitucionalidad Guatemala había recibido amenazas previas mediante mensajes anónimos y llamadas intimidatorias, las cuales fueron reportadas al Ministerio de Gobernación desde agosto.
Una serie de ataques preocupantes
Este no es el primer incidente violento contra un alto funcionario judicial en el país. En los últimos tres años, varios magistrados, jueces y fiscales han denunciado hostigamientos, seguimientos y atentados en su contra.
De hecho, la Asociación de Jueces por la Integridad reportó que al menos 18 operadores de justicia han solicitado medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a amenazas vinculadas a su labor.
“El ataque contra un magistrado Corte de Constitucionalidad Guatemala no es un hecho aislado, sino un reflejo del deterioro de la seguridad institucional y del incremento de los riesgos que enfrentan quienes aplican la ley sin miedo”, explicó el abogado constitucionalista Mario Aguilar.
Reacción de la Corte de Constitucionalidad
En un comunicado oficial, la Corte de Constitucionalidad condenó el atentado y solicitó al Ministerio de Gobernación el fortalecimiento de las medidas de seguridad para todos los magistrados y su personal auxiliar.
“La CC exige respeto absoluto a la independencia judicial. Este tipo de hechos buscan intimidar a quienes ejercen control constitucional sobre las decisiones del Estado”, señala el documento.
Asimismo, el presidente de la Corte, Héctor Pérez Aguilar, destacó que el trabajo del tribunal no se detendrá. “Seguiremos resolviendo conforme a derecho, sin ceder ante amenazas ni presiones externas”, afirmó.
Postura del Gobierno
El presidente Bernardo Arévalo expresó su rechazo al ataque y reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la seguridad de los funcionarios judiciales. “Proteger la independencia judicial es proteger la democracia”, dijo en conferencia de prensa.
El mandatario anunció que el Ministerio de Gobernación reforzará los anillos de seguridad de la CC y del Organismo Judicial, además de coordinar patrullajes especiales en zonas residenciales de magistrados y jueces de alto perfil.
El contexto político y judicial
El atentado ocurre en un momento de tensión política, marcado por resoluciones recientes del alto tribunal sobre procesos de inconstitucionalidad y amparos en temas sensibles para el Gobierno y la oposición.
Entre ellos, destaca la resolución que permitió avanzar en la revisión de contratos públicos y la declaratoria de nulidad de varios decretos administrativos por irregularidades presupuestarias.
Fuentes del Congreso indicaron que algunos de esos fallos afectaron a grupos de poder económico y político, lo que habría provocado molestia en sectores específicos. “El magistrado Corte de Constitucionalidad Guatemala es una figura clave en esas decisiones, por lo que las amenazas podrían tener motivación política”, explicó una fuente legislativa bajo anonimato.
Reacciones en redes sociales
El ataque generó una ola de indignación en redes. Los hashtags #CCGuatemala, #JusticiaBajoAtaque y #MagistradoAmenazado fueron tendencia en X (antes Twitter) durante más de 24 horas.
“Atacar a un magistrado es atacar la Constitución. Basta de violencia contra quienes aplican la ley”, escribió una usuaria. Otros exigieron que el Estado brinde garantías efectivas de seguridad a todos los jueces y fiscales.
El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Rupert Colville, condenó el hecho y pidió una investigación pronta, imparcial y transparente.
La vulnerabilidad de los jueces en Guatemala
Organizaciones nacionales e internacionales han alertado sobre la creciente vulnerabilidad de los operadores de justicia en Guatemala. La Fundación Myrna Mack y Human Rights Watch han documentado casos de persecución, acoso digital y criminalización de jueces independientes.
“El atentado contra un magistrado Corte de Constitucionalidad Guatemala es un mensaje preocupante: quienes imparten justicia están en la mira”, señaló la investigadora Claudia González.
La ONU recordó que la independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho y que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los jueces y magistrados, sin excepción.
La investigación: primeras pistas
Fuentes del MP revelaron que se analizan imágenes captadas por cámaras de tránsito, donde se observan dos motocicletas que siguieron al vehículo del magistrado minutos antes del ataque. Una de ellas fue localizada abandonada cerca del bulevar Liberación con el número de chasis alterado.
“Hay indicios de que los atacantes formaban parte de un grupo del crimen organizado con nexos políticos. No descartamos que hayan actuado por encargo”, comentó un investigador del MP.
El simbolismo del ataque
Para analistas políticos, este atentado no solo representa un ataque individual, sino un intento de intimidar al sistema judicial completo. “El mensaje es claro: se busca generar miedo entre los jueces constitucionales que enfrentan casos sensibles”, explicó el politólogo Rodolfo Mendoza.
El ataque también reaviva el debate sobre el presupuesto destinado a la protección de funcionarios judiciales, el cual se ha reducido un 15 % en los últimos dos años.
Apoyo institucional
El Congreso de la República, el Colegio de Abogados y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) expresaron solidaridad con el magistrado. La PDH exhortó al Estado a cumplir con su deber de garantizar entornos seguros para el ejercicio judicial libre de presiones.
“Los ataques a operadores de justicia son una forma de socavar la democracia. La sociedad debe rechazar estos actos de violencia institucional”, indicó el procurador José Alejandro Córdova.
Conclusión
El atentado contra el magistrado Corte de Constitucionalidad Guatemala evidencia la grave amenaza que enfrenta la independencia judicial en el país. La respuesta del Estado será determinante para demostrar si aún existe voluntad política para proteger la justicia. Mientras tanto, la sociedad observa con preocupación cómo el miedo intenta imponerse sobre la ley, recordando que sin jueces libres, no hay democracia posible.
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