El Ejecutivo presentó una acción legal ante el Congreso y la Corte de Constitucionalidad por el decreto 7-2025, que reforma la ley de los Consejos de Desarrollo (CODEDES). Según el Gobierno, la norma atenta contra la autonomía del Ejecutivo y vulnera principios de transparencia y planificación nacional.
Antecedentes del decreto 7-2025
El Congreso de la República aprobó el pasado 30 de septiembre el decreto 7-2025, una reforma que modifica la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, otorgando mayor poder de decisión a los gobernadores departamentales y diputados en la asignación de fondos para obras locales. La normativa fue impulsada por una alianza legislativa entre las bancadas de oposición, que justificaron los cambios como una medida para “acercar la ejecución presupuestaria a las comunidades”.
Sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo y su gabinete expresaron su rechazo a la ley, señalando que centraliza el manejo de recursos en estructuras políticas departamentales y reduce el control técnico del Ejecutivo. “La planificación del desarrollo no puede estar sujeta a intereses partidarios. Este decreto representa un retroceso en materia de transparencia”, declaró Arévalo.
Acción del Ejecutivo ante la Corte de Constitucionalidad
El secretario general de la Presidencia, José Carlos Sanabria, confirmó que el Gobierno presentó una acción de inconstitucionalidad parcial contra el decreto 7-2025 ante la Corte de Constitucionalidad (CC). El recurso argumenta que las reformas contravienen los artículos 134 y 225 de la Constitución, que establecen que la planificación y ejecución del gasto público son competencias exclusivas del Ejecutivo.
“La ley transfiere competencias de ejecución presupuestaria a entidades que no forman parte del aparato administrativo central. Eso es inconstitucional”, explicó Sanabria. La acción también solicita a la CC suspender provisionalmente el decreto mientras se analiza el fondo del caso.
El papel de los CODEDES
Los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) son instancias encargadas de priorizar, aprobar y supervisar proyectos de inversión pública en cada departamento. Actualmente, están integrados por representantes de los gobiernos locales, sociedad civil y el Ejecutivo. El objetivo es descentralizar la toma de decisiones, pero bajo una estructura técnica y participativa.
Con el decreto 7-2025, los gobernadores departamentales, designados por el Congreso, obtendrían facultades para decidir directamente sobre la asignación y ejecución de los recursos, sin necesidad de aprobación del Ministerio de Finanzas o la Secretaría de Planificación (SEGEPLAN).
Reacciones en el Congreso
Diputados de oposición defendieron la aprobación del decreto 7-2025, argumentando que busca agilizar la ejecución presupuestaria y evitar la burocracia del Ejecutivo. El diputado Samuel Pérez, del bloque Valor, declaró que “los fondos públicos deben llegar a las comunidades, no quedarse en los escritorios de la capital”.
En contraste, los legisladores oficialistas calificaron la ley como un intento de politizar los recursos públicos. “Lo que buscan es tener control territorial con fines electorales. Los CODEDES deben servir a la gente, no a los partidos”, dijo la diputada Andrea Morales del Movimiento Semilla.
El presidente Arévalo reitera su postura
Durante una conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que no promulgará el decreto y ejercerá su facultad de veto. “El decreto 7-2025 representa una amenaza directa a la transparencia y la institucionalidad. No podemos permitir que la ejecución del desarrollo caiga en manos de estructuras clientelares”, enfatizó el mandatario.
Arévalo también recordó que su gobierno trabaja en un nuevo modelo de planificación territorial, coordinado con municipalidades y sociedad civil, para garantizar una distribución equitativa de los recursos.
Postura de la sociedad civil
Varias organizaciones sociales y de transparencia respaldaron la acción del Ejecutivo contra el decreto 7-2025. La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) emitieron comunicados en los que advierten que la nueva ley podría debilitar los controles financieros y abrir espacio a la corrupción.
“El riesgo es que los fondos de desarrollo terminen siendo manejados discrecionalmente por actores políticos sin capacidad técnica ni fiscalización”, indicó Francisco Quezada, analista del CIEN.
Impacto en los gobiernos locales
El decreto 7-2025 también afecta la coordinación con los alcaldes, quienes históricamente han tenido participación en los CODEDES para proponer proyectos comunitarios. La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) expresó su preocupación, señalando que los cambios podrían generar conflictos entre gobernadores y alcaldes. “En lugar de acercar el desarrollo, podría fragmentarlo”, dijo su presidente, Jorge Orellana.
Varios jefes ediles advirtieron que no participarán en la asignación de fondos mientras no exista claridad sobre los mecanismos de fiscalización. Algunos incluso amenazan con presentar amparos individuales ante la Corte Suprema de Justicia.
Transparencia y fiscalización
El Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación (SEGEPLAN) advirtieron que las reformas del decreto 7-2025 podrían violar normas de rendición de cuentas y ejecución presupuestaria. “La ley crea duplicidad de funciones y puede generar vacíos de control que faciliten la corrupción”, explicó la viceministra de Finanzas, María Lemus.
Por su parte, la Contraloría General de Cuentas anunció que reforzará la supervisión sobre la ejecución de proyectos financiados por los CODEDES, especialmente aquellos que manejen recursos departamentales.
La postura de los analistas políticos
Los expertos en gobernabilidad consideran que la disputa por el decreto 7-2025 refleja una pugna de poder entre el Ejecutivo y el Congreso. “El fondo del conflicto no es técnico, sino político. El Congreso busca mayor influencia territorial, mientras el Ejecutivo intenta mantener el control administrativo”, opinó el politólogo Carlos Chacón.
Además, señaló que la Corte de Constitucionalidad tendrá un papel clave para definir los límites entre la autonomía de ambos poderes del Estado.
Conclusión
La controversia por el decreto 7-2025 marca un nuevo capítulo en la relación tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras el Gobierno de Arévalo insiste en defender la transparencia y el control técnico de los recursos, el Congreso argumenta que las reformas buscan acelerar la inversión pública. La decisión final quedará en manos de la Corte de Constitucionalidad, que deberá definir el equilibrio entre descentralización y fiscalización en la gestión del desarrollo nacional.
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