Un incendio que sacude a Carolina del Sur
El incendio comenzó alrededor de las 9:30 de la mañana del sábado, cuando varios vecinos reportaron una explosión proveniente de la vivienda de la jueza. Según informó el Distrito de Bomberos de St. Paul, las llamas se extendieron rápidamente por toda la estructura de madera, dificultando las labores de rescate. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras múltiples llamadas al 911, encontrándose con una situación caótica: columnas de humo visibles a varios kilómetros, parte del techo derrumbado y un intenso calor que impedía acercarse a la vivienda.
La jueza Goodstein no se encontraba en su domicilio al momento del incidente. Fuentes oficiales confirmaron que la magistrada se hallaba paseando a sus perros en la playa cercana cuando se produjo el siniestro. Su esposo, Arnold Goodstein, exsenador estatal demócrata, sí se encontraba en la casa junto a otros dos familiares y logró salvar su vida tras lanzarse por una ventana en la parte trasera de la residencia. Vecinos del área ayudaron a rescatar a los heridos utilizando canoas y cuerdas, debido a que las llamas impedían el acceso directo por tierra.
Una explosión bajo investigación
El capitán K.C. Campbell, del Cuerpo de Bomberos del Condado de Colleton, confirmó que tres personas fueron trasladadas al hospital con heridas de diversa gravedad. Una de ellas tuvo que ser evacuada en helicóptero hacia la Universidad Médica de Carolina del Sur debido a las quemaduras y lesiones sufridas. Campbell añadió que, hasta el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el origen del incendio.
El presidente del Tribunal Supremo de Carolina del Sur, John Kittredge, declaró que el incendio fue consecuencia de una “aparente explosión”, aunque no se ha determinado si fue causada por un accidente doméstico o un acto intencionado. “Dada la naturaleza de las amenazas recibidas por la jueza Goodstein en las últimas semanas, las autoridades federales están participando activamente en la investigación”, añadió Kittredge.
Los equipos de peritaje del Departamento de Bomberos del Estado y del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) fueron desplegados en el sitio para recolectar pruebas. Hasta el momento, se han identificado restos metálicos que podrían pertenecer a un artefacto o a una fuente de gas comprimido. “Hay evidencia de una explosión inicial que podría haber detonado antes de que comenzara el fuego y incendio principal”, señaló una fuente anónima vinculada a la investigación.
Antecedentes de amenazas
El incendio ocurre pocas semanas después de que la jueza Goodstein dictara una orden judicial que impedía a la Comisión Electoral de Carolina del Sur entregar al Departamento de Justicia (DOJ) los datos personales de más de tres millones de votantes del estado. Esta solicitud había sido presentada por funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, quienes buscaban verificar presuntas irregularidades en el padrón electoral.
La magistrada argumentó que divulgar esa información —que incluía nombres, direcciones, licencias de conducir y parte de los números de seguridad social— violaba la privacidad de los ciudadanos y podría derivar en un “daño inmediato e irreparable”. Su decisión fue ampliamente difundida en los medios locales y nacionales, lo que provocó reacciones encontradas en el ámbito político.
Pocos días después del fallo, la jueza comenzó a recibir mensajes amenazantes en sus redes sociales y en el buzón de voz de su oficina. Según el medio FITSNews, algunas de las amenazas hacían referencia directa a su vida y a la de su familia. “Pagará las consecuencias de proteger a los corruptos”, decía uno de los mensajes anónimos filtrados a la prensa. Las autoridades locales ofrecieron protección temporal, pero no se estableció vigilancia permanente en su residencia.
Una carrera marcada por la independencia judicial
Diane Schafer Goodstein, de 62 años, ha servido durante más de tres décadas en el sistema judicial de Carolina del Sur. Es reconocida por su postura independiente y por su historial en casos complejos relacionados con derechos civiles y libertad de información. En 2013, fue elogiada por organizaciones legales por su imparcialidad en un litigio sobre el acceso público a documentos estatales. Sin embargo, también ha sido blanco de ataques políticos debido a decisiones controvertidas que afectaron a figuras del Partido Republicano.
Sus colegas describen a Goodstein como “una jueza meticulosa, valiente y comprometida con el Estado de derecho”. En un comunicado emitido tras el incendio, la Asociación de Jueces de Carolina del Sur expresó su preocupación por la seguridad de los funcionarios judiciales del estado. “Ninguna diferencia política o judicial puede justificar la violencia o las amenazas contra quienes sirven a la justicia”, señaló la entidad.
El contexto político: justicia y polarización
El caso ha reavivado el debate sobre el clima de polarización en EE.UU. y los crecientes ataques contra jueces y fiscales que emiten decisiones impopulares. En los últimos años, varias figuras judiciales han denunciado amenazas tras fallos que afectan temas sensibles como el aborto, la inmigración o la seguridad electoral. En 2024, un juez federal en Texas fue colocado bajo protección del Servicio de Alguaciles tras recibir amenazas por suspender una ley estatal sobre inmigración.
El profesor Daniel Freedman, experto en derecho constitucional de la Universidad de Duke, advirtió que “las amenazas y ataques contra jueces socavan la independencia del poder judicial, un pilar esencial de la democracia estadounidense”. Según Freedman, la politización del sistema de justicia y la difusión de desinformación a través de redes sociales contribuyen a crear un clima de odio que puede derivar en violencia física.
La Casa Blanca emitió un comunicado breve lamentando el suceso y expresando su solidaridad con la familia Goodstein. “Ningún servidor público debería temer por su seguridad debido a las decisiones que toma en el ejercicio de sus funciones”, se lee en la nota firmada por la portavoz presidencial.
Investigación en curso
Las autoridades federales y estatales trabajan para determinar si el incendio fue intencionado. Según el portavoz de la policía estatal, teniente Mark Riggins, se están revisando cámaras de seguridad instaladas en la zona y recolectando grabaciones de teléfonos celulares de testigos. “Hay reportes de una detonación previa al incendio y de una camioneta desconocida que se alejó del área minutos antes del estallido”, afirmó Riggins.
Asimismo, se están analizando los restos del inmueble en busca de residuos de acelerantes o explosivos. “El patrón de combustión no es típico de un incendio doméstico”, explicó un perito del ATF, sugiriendo que podría haberse utilizado algún tipo de sustancia inflamable para propagar las llamas rápidamente.
La Oficina del FBI en Columbia también participa en la investigación, considerando la posible existencia de un crimen federal. Agentes especializados en crímenes de odio y amenazas contra funcionarios públicos fueron desplegados para colaborar en la recolección de pruebas digitales. “Este caso es prioritario”, confirmó un vocero de la agencia. “Cualquier ataque contra un juez en ejercicio se considera un atentado contra el sistema judicial estadounidense”.
Solidaridad y preocupación pública
El incendio ha provocado una oleada de solidaridad hacia la jueza Goodstein. Decenas de jueces, abogados y ciudadanos han expresado su apoyo a través de mensajes y vigilias realizadas frente al Tribunal de Charleston. La comunidad local de Edisto Beach también organizó una colecta para ayudar a los afectados por el incendio, ya que la residencia quedó totalmente destruida.
Mientras tanto, la jueza permanece bajo custodia policial y ha evitado hacer declaraciones públicas. Una fuente cercana aseguró que se encuentra “devastada pero agradecida de estar viva”. Su familia ha solicitado privacidad mientras se desarrolla la investigación.
Reflexión final
El incendio de la casa de la jueza Diane Goodstein no solo representa una tragedia personal, sino también un reflejo de los tiempos difíciles que atraviesa el sistema judicial estadounidense. La violencia política, las amenazas y la intolerancia se han convertido en fenómenos cada vez más frecuentes, poniendo en riesgo la seguridad y la independencia de quienes administran justicia. A medida que avanza la investigación, el país observa con atención un caso que podría marcar un antes y un después en la protección a funcionarios públicos y en la lucha contra el extremismo político interno.
Información Cortesía de RT
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