El gobierno de Guatemala ratificó que continuará enviando agua a El Salvador como parte de los acuerdos bilaterales de cooperación regional. La medida ha generado debate, pues comunidades guatemaltecas enfrentan escasez mientras se sostiene el compromiso internacional.
El acuerdo que respalda el envío de agua
El suministro de agua a El Salvador se basa en convenios firmados en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Dichos acuerdos buscan garantizar cooperación en recursos hídricos transfronterizos, priorizando zonas con déficit hídrico en el vecino país.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Guatemala cumple compromisos regionales que promueven la estabilidad y el desarrollo compartido. “No se trata de un favor político, sino de un acuerdo regional que busca garantizar el acceso a un recurso vital”, indicó un portavoz.
¿Cómo funciona el suministro?
El agua que se envía a El Salvador proviene de fuentes superficiales en la región oriente de Guatemala, principalmente del río Ostúa y manantiales en Jutiapa. Desde allí, es conducida mediante sistemas de bombeo y tuberías hacia comunidades salvadoreñas fronterizas.
De acuerdo con datos del Ministerio de Ambiente, se transportan en promedio 300 litros por segundo, suficientes para abastecer a más de 100 mil personas en territorio salvadoreño.
Críticas dentro de Guatemala
El anuncio de la continuidad del envío provocó reacciones mixtas. Líderes comunitarios en el oriente del país señalaron que, mientras se manda agua a El Salvador, en varias aldeas guatemaltecas las familias deben esperar camiones cisterna o recolectar lluvia para sobrevivir.
“No estamos en contra de la cooperación, pero primero debería garantizarse agua potable en nuestras comunidades”, expresó Ana María González, vecina de Jalpatagua, Jutiapa.
Organizaciones sociales criticaron la falta de inversión en infraestructura hídrica nacional, señalando que se privilegia la diplomacia mientras los guatemaltecos enfrentan escasez.
La posición del gobierno
El presidente Bernardo Arévalo defendió la continuidad del convenio, asegurando que la cooperación internacional fortalece las relaciones regionales y que Guatemala también recibe apoyo en otras áreas como seguridad, comercio y migración.
El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que la decisión no implica regalar agua, sino cumplir compromisos multilaterales. Además, aclaró que se está trabajando en proyectos de infraestructura para garantizar que comunidades guatemaltecas tengan acceso suficiente.
Beneficios para Guatemala
Aunque el debate se centra en la aparente contradicción de enviar agua mientras hay escasez, analistas señalan que Guatemala obtiene beneficios indirectos de esta cooperación:
- Fortalecimiento de relaciones diplomáticas en el SICA.
- Mayor apoyo de El Salvador en temas de seguridad fronteriza.
- Posibilidad de financiamiento internacional para proyectos hídricos conjuntos.
Expertos subrayan que romper unilateralmente el acuerdo dañaría la imagen internacional de Guatemala y podría generar tensiones diplomáticas.
El contexto regional de la crisis hídrica
Centroamérica enfrenta una crisis hídrica cada vez más severa. La sobreexplotación de ríos, la deforestación y el cambio climático han reducido la disponibilidad de agua en la región. En El Salvador, más del 20% de la población carece de acceso regular a agua potable, lo que explica la importancia de la cooperación.
En Guatemala, aunque los recursos hídricos son mayores, la distribución es desigual y gran parte de la infraestructura está deteriorada. Comunidades rurales son las más afectadas, mientras que las ciudades concentran el acceso.
¿Qué dicen los expertos?
Especialistas en política hídrica consideran que el debate no debería centrarse en si se envía o no agua a El Salvador, sino en cómo garantizar que ambos países gestionen de forma sostenible sus recursos.
“No se trata de elegir entre cooperación o soberanía. El verdadero reto es invertir en infraestructura que permita que ninguna familia, ni en Guatemala ni en El Salvador, carezca de agua potable”, señaló la investigadora Claudia Herrera.
Historias desde la frontera
En comunidades de Ahuachapán, El Salvador, beneficiadas por el suministro desde Guatemala, las familias reconocen que sin esa agua sería imposible sostener su vida cotidiana. “Gracias a ese acuerdo tenemos agua en la escuela y en nuestras casas. Sin él, estaríamos comprando pipas cada semana”, relató Manuel Chávez, vecino de la zona.
Mientras tanto, en Jalpatagua, Guatemala, vecinos denuncian que deben caminar kilómetros para llenar cántaros. “Nos duele ver pasar el agua por tuberías que cruzan hacia El Salvador mientras aquí seguimos batallando”, comentó Rosa López.
El dilema político
El debate sobre el agua se convirtió en tema político. Diputados de oposición han exigido revisar el convenio, argumentando que el Estado debe priorizar las necesidades nacionales. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene que cumplir acuerdos internacionales es esencial para la estabilidad diplomática.
El tema podría llegar al Congreso en forma de citaciones a ministros para explicar cómo se gestionan los recursos hídricos y qué planes existen para resolver la escasez interna.
Proyectos de infraestructura en curso
El Ministerio de Comunicaciones y el de Ambiente anunciaron proyectos de inversión en plantas de tratamiento, ampliación de sistemas de captación y perforación de pozos en comunidades rurales. Estos programas buscan reducir la percepción de abandono en zonas donde la falta de agua es crítica.
Según el gobierno, parte de la cooperación internacional recibida por mantener el convenio de agua se reinvierte en proyectos comunitarios dentro de Guatemala.
El futuro de la cooperación hídrica
El envío de agua a El Salvador seguirá siendo un tema sensible mientras no se resuelvan los problemas de acceso dentro de Guatemala. Sin embargo, analistas coinciden en que cancelar el convenio podría generar más problemas que beneficios.
A mediano plazo, los expertos recomiendan avanzar hacia acuerdos regionales más amplios que incluyan inversiones conjuntas, conservación de cuencas compartidas y programas de educación comunitaria sobre el uso racional del agua.
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