Las personas de la tercera edad se han visto afectadas en los últimos días debido a restricciones impuestas por algunas unidades del transporte público, que han colocado mantas en las que informan que no se permitirá el abordaje gratuito. El ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto, salió al paso de las denuncias para explicar los motivos y las posibles soluciones.
Un derecho reconocido en la ley
En Guatemala, las personas de la tercera edad cuentan con el beneficio legal de poder utilizar el transporte público sin costo, como parte de las políticas de inclusión y apoyo a un sector vulnerable de la población. Sin embargo, en las últimas semanas, varias unidades de buses urbanos y extraurbanos comenzaron a colocar mantas en las que advertían que no aceptarían pasajeros bajo esta modalidad.
Esta situación generó indignación y preocupación, ya que las personas de la tercera edad dependen en gran medida de estos medios de transporte para acudir a citas médicas, realizar trámites o visitar a familiares. Limitar su movilidad significa restringir su derecho a la salud, al trabajo y a la vida social.
Postura del Ministerio de Desarrollo
El ministro Abelardo Pinto explicó ante los medios que la principal razón detrás de estas restricciones radica en la falta de cumplimiento con el subsidio prometido a las empresas de transporte. Según Pinto, varios transportistas aseguran que no han recibido los desembolsos correspondientes, lo cual genera resistencia a permitir que las personas de la tercera edad viajen gratuitamente.
“No se trata de negar derechos, sino de encontrar un mecanismo transparente y ágil para que las empresas reciban el apoyo económico que les corresponde y que las personas de la tercera edad puedan seguir contando con este beneficio”, puntualizó el funcionario.
Impacto social y económico
La medida afecta principalmente a sectores de bajos recursos. Muchas personas de la tercera edad sobreviven con pensiones mínimas, ayudas familiares o programas sociales, y el costo del transporte puede representar una carga imposible de asumir diariamente.
Expertos en derechos humanos señalaron que la exclusión de las personas de la tercera edad del transporte público constituye una violación a los tratados internacionales ratificados por Guatemala, que obligan al Estado a proteger y garantizar el acceso a servicios básicos de movilidad.
Reacciones ciudadanas
En distintos puntos de la capital y departamentos, se observaron discusiones entre usuarios y pilotos de autobuses. Testigos relataron que algunos conductores bajaron a personas de la tercera edad de las unidades, lo que provocó indignación entre pasajeros que consideraron injusta y deshumanizante la acción.
Organizaciones civiles de apoyo a adultos mayores convocaron a conferencias de prensa en las que pidieron al Congreso y al Ejecutivo garantizar que este derecho se respete. Incluso se planteó la posibilidad de interponer amparos legales para defender a las personas de la tercera edad.
El papel del Congreso
Diputados de distintas bancadas se pronunciaron sobre el tema. Algunos responsabilizaron al Ministerio de Desarrollo por no asegurar la correcta ejecución de los recursos destinados al subsidio. Otros señalaron que el problema de fondo es la falta de fiscalización sobre las empresas de transporte que, pese a recibir beneficios, muchas veces no cumplen con la normativa.
La Comisión de Transporte del Congreso anunció que citará a representantes del Ejecutivo, de la Asociación de Transportistas y de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para buscar un consenso que permita garantizar que las personas de la tercera edad recuperen su acceso gratuito al transporte.
El rol de la Procuraduría de los Derechos Humanos
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) emitió un comunicado en el que recordó que las personas de la tercera edad son sujetos de protección especial y que negarles acceso gratuito al transporte vulnera su dignidad y sus derechos fundamentales. Asimismo, advirtió que dará seguimiento a las denuncias presentadas por ciudadanos.
Experiencias personales
Doña María López, de 72 años, contó que el viernes pasado intentó tomar un bus en la zona 5, pero el ayudante le indicó que debía pagar el pasaje completo. “Le expliqué que soy de la tercera edad y que la ley me respalda, pero me bajaron del bus delante de todos. Sentí mucha vergüenza”, relató con lágrimas.
Casos como el de doña María reflejan las dificultades que enfrentan diariamente miles de personas de la tercera edad en Guatemala. La falta de empatía y el incumplimiento de la ley las expone a situaciones humillantes.
Posibles soluciones
El ministro Pinto afirmó que se está trabajando en una mesa técnica junto a transportistas, el Ministerio de Finanzas y organizaciones sociales para agilizar el pago de subsidios y diseñar un sistema que brinde mayor certeza tanto a empresas como a las personas de la tercera edad. Entre las propuestas está la implementación de una tarjeta electrónica que registre los viajes realizados y evite fraudes.
Conclusión
El problema del acceso al transporte gratuito para las personas de la tercera edad revela las debilidades en la coordinación entre el Estado y los prestadores de servicio. Mientras no se logre una solución integral, miles de ciudadanos seguirán enfrentando barreras para movilizarse con dignidad.
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