La Dirección General de Hidrocarburos confirmó la existencia de miniestaciones de servicio ilegales y venta de Combustibles ilegales en canecas en distintos departamentos del país. Las autoridades advirtieron sobre los riesgos para la seguridad, el ambiente y la salud de los usuarios.
Un hallazgo preocupante
Las últimas inspecciones realizadas por la Dirección General de Hidrocarburos, con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de Ambiente, han revelado una situación alarmante: la proliferación de estaciones clandestinas de servicio de combustible en varios puntos de Guatemala. Estos sitios, conocidos como “miniestaciones”, no cuentan con permisos ni con medidas de seguridad industrial, lo que los convierte en una bomba de tiempo tanto para las comunidades como para el medioambiente.
De acuerdo con el informe oficial, las inspecciones se llevaron a cabo en Huehuetenango, Quiché, Chimaltenango y Guatemala, departamentos donde se detectó la operación de este tipo de negocios al margen de la ley. Además, se recibieron múltiples denuncias ciudadanas por la comercialización de combustibles despachados en canecas industriales, un método que no solo es ilegal, sino también extremadamente peligroso.
La dinámica del negocio clandestino
Las llamadas miniestaciones de servicio funcionan de manera improvisada: bombas conectadas a bidones, mangueras expuestas y almacenamiento de combustible en áreas abiertas. Estos lugares carecen de las condiciones mínimas para operar, como extinguidores, sistemas contra incendios o áreas de contención para derrames. Lo preocupante, según las autoridades, es que su existencia se ha normalizado en varias comunidades, debido a la facilidad con la que ofrecen el producto y, en ocasiones, a precios ligeramente más bajos.
La venta en canecas agrega un nivel más de riesgo. Estos recipientes, usualmente plásticos o metálicos, no están diseñados para contener gasolina o diésel a largo plazo. Su manipulación sin protocolos adecuados aumenta la posibilidad de fugas, explosiones y daños ambientales. Además, el producto que venden suele estar contaminado con agua, metales o arena, lo que afecta directamente el funcionamiento de los vehículos de los consumidores.
Acciones de la Dirección de Hidrocarburos
Ante la magnitud del problema, la Dirección General de Hidrocarburos ha intensificado los operativos de verificación. Con apoyo de las municipalidades, las autoridades de tránsito y la PNC, se han clausurado varios de estos puntos clandestinos. Sin embargo, el fenómeno sigue creciendo, lo que refleja la debilidad de los controles en el sector energético.
Los hallazgos han sido trasladados al Ministerio Público (MP), ya que la venta de combustibles sin cumplir con los requisitos de ley constituye un delito. Las denuncias buscan que se inicien procesos penales contra los responsables, quienes podrían enfrentar sanciones económicas y hasta prisión.
Riesgos para la seguridad ciudadana
El riesgo más evidente de los combustibles ilegales es el peligro de explosiones e incendios. Un pequeño error en el manejo del combustible, como una chispa eléctrica o una fuga no detectada, podría desencadenar una tragedia. A diferencia de las gasolineras autorizadas, que cuentan con estrictos protocolos de seguridad, las miniestaciones clandestinas operan en condiciones precarias y a menudo están ubicadas en áreas residenciales.
En varias inspecciones, las autoridades encontraron depósitos de combustible a la intemperie, sin señalización de peligro y sin extinguidores. Esto no solo representa un riesgo para los consumidores, sino también para las comunidades aledañas, que podrían enfrentar incendios de gran magnitud.
Impacto ambiental de los combustibles ilegales
El aspecto ambiental también es crítico. Los derrames de combustible en el suelo contaminan las fuentes de agua y destruyen la biodiversidad local. A falta de sistemas de contención, cualquier fuga puede filtrarse en los mantos freáticos, poniendo en riesgo la salud de miles de personas. El Ministerio de Ambiente ha advertido que el costo de la remediación ambiental de estos daños es elevado y, en muchos casos, irreversible.
Los combustibles ilegales también generan emisiones más contaminantes, ya que suelen estar adulterados o almacenados de manera inadecuada, lo que afecta la calidad del aire y contribuye al cambio climático.
Un problema económico y social
El auge de las miniestaciones clandestinas no solo es un problema de seguridad y ambiente, sino también económico. La comercialización de combustibles ilegales evade impuestos, lo que significa pérdidas millonarias para el Estado. Este dinero, que debería destinarse a servicios públicos, termina en manos de redes informales que lucran con la necesidad de los consumidores.
Además, estas prácticas afectan a las gasolineras autorizadas por Combustibles ilegales, que sí cumplen con los requisitos legales, pagan licencias y mantienen estándares de seguridad. Los empresarios formales han denunciado que la competencia desleal está golpeando al sector y piden mayor contundencia en las acciones del Gobierno.
Llamado a los consumidores
La Dirección de Hidrocarburos hizo un llamado a la población a no consumir combustibles ilegales. Aunque a simple vista pueda parecer una opción más económica, en realidad resulta más costosa a largo plazo, ya que los daños a los vehículos y el riesgo de accidentes superan cualquier ahorro inmediato. Los combustibles adulterados pueden afectar el motor, obstruir los filtros y reducir la vida útil del automóvil.
“Comprar combustible en una miniestación clandestina es poner en riesgo su seguridad, su patrimonio y el ambiente”, señalaron las autoridades en un comunicado. La recomendación es clara: adquirir combustibles únicamente en estaciones debidamente autorizadas.
El reto de combatir la combustibles ilegales
Si bien las denuncias ante el Ministerio Público son un paso importante, el reto de fondo es fortalecer los mecanismos de control en el sector. Expertos señalan que la proliferación de miniestaciones ilegales está vinculada a la falta de presencia institucional en algunas áreas rurales, donde las gasolineras autorizadas son escasas y la población opta por las alternativas clandestinas.
Combatir este fenómeno requiere no solo operativos de cierre, sino también campañas de concientización ciudadana y el fortalecimiento de la red formal de estaciones de servicio. De lo contrario, las miniestaciones seguirán llenando el vacío en el mercado, con todas las consecuencias que esto implica.
Conclusión
El hallazgo de miniestaciones de servicio Combustibles ilegales y la venta de combustibles en canecas en Guatemala es una advertencia clara sobre los riesgos de normalizar la ilegalidad. La Dirección General de Hidrocarburos, junto con otras instituciones, ha dado un paso importante al denunciar estos hechos ante el Ministerio Público, pero aún queda mucho por hacer.
Más allá de los operativos, la clave está en generar conciencia entre los consumidores y garantizar que el acceso a combustibles seguros y legales sea una realidad en todo el país. Solo así se podrá evitar que el negocio clandestino siga creciendo a costa de la seguridad, el ambiente y la economía nacional.
